Francisco Velasco. Abogado e historiador

SOBRE  LAS ACTUACIONES DEL DELEGADO DE EDUCACIÓN DE HUELVA

El silencio de la Junta de Personal Docente de Huelva sobre el caso de la denuncia de enchufismo es la respuesta a la opinión pública de su decisión de dar carpetazo al tema de la contratación irregular e ilegal de una profesora, hija de una señora en la que concurren tres circunstancias muy especiales: ser vicepresidenta de la Diputación Provincial, ser cabeza de una candidatura en la que el sr. Delegado de Educación figura en cuarta posición, y ser cabeza visible de un partido político en los inminentes comicios municipales. Uno se pregunta, entonces, si la Junta Docente calla porque, como ha expresado su presidente y portavoz, la contratación es ajustada a Derecho y nada más que hablar, o si calla porque teme posibles represalias del sr. Delegado, de la sra. Vicepresidenta o del propio partido político. En esta alternativa de explicaciones, este articulista niega la mayor (pues la contratación no se ajusta a Derecho) y se malicia la segunda (que los sindicalistas tengan miedo).

Analicemos la primera con brevedad pues la misma ya fue objeto de un comentario anterior en estas mismas páginas. Si la Junta de personal considera ajustada a derecho la resolución, ¿por qué no fundamenta su explicación? Pero claro, para responder a esa pregunta, ha debido tener acceso a la documentación oficial del expediente. Por ejemplo, les enuncio algunas cuestiones que todos nos hacemos: ¿ha permitido el sr. Delegado que la comisión permanente lea el escrito del director del IES “Alto Conquero” solicitando el puesto específico con el perfil con el que después se convocó?, ¿se ha constatado la fecha de remisión de dicho escrito?, ¿se ha verificado que la materia “Fundamentos biológicos” no es una especialidad y que, por tanto, no puede incluirse en el apartado de centros bilingües?, ¿se ha entrevistado con la Inspección educativa solicitándole un informe dentro de su función de velar por la legalidad?, ... Este suscribiente sustenta la idea del no, de que la comisión permanente no ha visto la documentación y si la ha visto, no la ha investigado. En uno u otro caso, su atrevimiento al manifestar que se debe dar carpetazo al asunto es demasiado grande como para pasarlo por alto, pues si no lo fundamenta con pruebas y con testimonios, su discurso sólo es papel mojado, su rol sólo es el de hacer de comparsa en una patética y vergonzosa actuación de la Administración educativa, y su credibilidad sólo es la que tiene el propio sr. Delegado.

Tratemos de explicar, a continuación, la segunda alternativa, la del miedo a los poderes públicos. Acaso esta opción –que no excluye, sino complementa y encausa la anterior- arroje una luz más potente. Veamos. El manifiesto leído por el presidente de la Junta de personal Docente pretendía justificar sus actividades indagatorias del caso en la “presión” que soportaron de los medios de comunicación. Siguiendo esta tesis, fue la prensa la que les impelió a investigar las posibles irregularidades y a exigir las aclaraciones pertinentes al sr. Delegado. Si la Junta Docente estaba, desde septiembre, segura de la legalidad de la resolución, ¿qué necesidad tiene de exigir responsabilidades?, ¿qué personalidad tienen sus miembros si ceden ante una opinión publicada que consideran falsa?, ¿qué credibilidad puede merecer al profesorado una institución –que, eso sí, le representa legítimamente- que hoy dice sí, mañana que no, pasado que tal vez y el mes que viene, que si el sol sale por Antequera?. Si la Junta de personal sucumbe ante la presión de los medios, habrá que convenir que, anímicamente, sus componentes serán más proclives a dejarse moldear, ahormar, aquilatar, amordazar o acongojar por el staff de la Delegación de Educación de Huelva.

Esta proclividad a la rendición o a la adopción de posturas fugitivas nos puede transmitir la sensación de que los representantes del profesorado de Huelva se aferran más a su defensa del sillón sindical, su amor por las horas de liberación, su deseo por agradar a los políticos mandamases, que su voluntad de defender los intereses del colectivo de enseñantes. Y claro, esta sensación -que puede ser ilusoria como casi todo lo que entra por los sentidos- puede convertirse en razón, en cuyo caso, la ilusión se puede volver alucinación y, entonces, no cabe duda que bien los alucinados (confundidos por el temor y la cercanía al poder) son los sindicalistas docentes o somos los docentes. La regla de oro conduce a uno de los principios filosóficos permanentes: el dejar de hacer, el no hacer, la “afasia”, revela que el miedo conduce, por un lado, a la obediencia y, por otro, a la resignación. Resulta irrelevante que se exteriorice en forma negativa (“no hagas a los demás...”) o positiva (“condúcete con los demás...”), pues el resultado es aceptar, admitir e incluso “tragar el sapo”, convencidos de que el batracio es un bocado exquisito o el umbral necesario de supervivencia.

De ser así, nos hallaríamos en una encrucijada de muy difícil solución. La Administración Pública se debe regir por el principio de legalidad pues uno de los objetivos del acto constituyente es asegurar el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Toda norma jurídica puede condicionar las acciones que realizan los sujetos de Derecho, es decir, “todo lo que no está permitido se considera prohibido” o “lo que no está prohibido se considera permitido”. En este contexto, las actuaciones que extingan o limiten los derechos de los ciudadanos están permitidas siempre que sea autorizadas por ley. Sólo en este caso, ya que de no existir dicha autorización, no se pueden dictar reglamentos ni adoptar decisiones que limiten la esfera de libertad de los particulares. En suma, el Ordenamiento español demanda que todo acto jurídico que emana de los órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas ha de estar sometido a las prescripciones de las leyes previamente dictadas. Si no fuera así, ¿para qué sirve el Estado de derecho? Porque el problema no es ya el de justificar los derechos de las personas, sino de protegerlos. Y desde luego, no cabe duda que si el sr. Delegado ha conculcado, de manera aviesa, los derechos de quienes han querido –y no han podido, ya por disuación espúrea, ya por tergiversación de los requisitos, ya por publicidad engañosa o extemporánea- participar en la convocatoria al puesto graciosamente otorgado a una ciudadana, entonces el sr. Delegado no sólo no justifica los derechos de un colectivo, sino que ni siquiera los protege.

El sr. Delegado de Educación de Huelva debe entender que él ostenta un cargo mediante el cual debe servir a los ciudadanos. La Delegación no es un cortijo, su cortijo, ni una heredad. La expresión Estado de derecho exige un total sometimiento a la ley, una democracia política y una garantía de los derechos fundamentales. La actuación del sr. Delegado lesiona el artículo 10.1 de la Constitución (“la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, (...), son fundamento del orden público y de la paz social”) pero también el artículo 9 (“entre otros, son principios constitucionales del Ordenamiento, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”). Corresponde, pues, a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas. De este modo, el Estado da el salto de asegurar la igualdad jurídica a eliminar, poco a poco, las desigualdades sociales y a participar los ciudadanos, de manera efectiva, en los bienes constitucionales. En consecuencia, me pregunto si al sr. Delegado le resulta demasiado traumático para su sensibilidad el tránsito de un régimen dictatorial a otro democrático. Pues si ha habido trauma, debe superarlo cuanto antes ya que en la democracia no tienen cabida las disposiciones dictatoriales ni la trangresión de los derechos y libertades fundamentales.

A modo de estrambote o corolario, quiero acabar con dos reflexiones escuetas. La primera. Si, en mi opinión, los casos de enchufismo protagonizados por el sr. Delegado, lo son, y tanto este cargo público como la Junta de Personal consideran que no existe tal, sino escrupuloso respeto a la legalidad y ausencia plena de arbitrariedad, ¿por qué no adoptan medidas legales conducentes a restablecer la certeza y dar cuenta a la opinión pública de la legitimidad de sus actos? La segunda. Si en mi opinión, en el escándalo del puesto específico o en el no menos alarmante asunto del nombramiento de Coordinador provincial de Formación, subyace un desmedido afán de controlar el poder, ¿sólo el ejercicio de este poder impulsa a resolver de manera presuntamente prevaricadora, o existen asimismo factores de índole económica y política que determinan, a la postre, tamañas actuaciones? Dicho de otra manera: si el puesto específico se convocó de forma legal y ausente de arbitrariedad, o las convocatorias para nombrar coordinador de formación fueron legales, ¿por qué se hallan ambas en sede judicial a instancias de los administrados? Y si son legales y no arbitrarias, ¿por qué no realizan otras convocatorias idénticas las denunciadas?

Item más: ¿se está queriendo ocultar, maliciosamente, la existencia de algunos gastos no regulares y la existencia de partidas presupuestarias no ajustadas debidamente? Dejo esta pregunta en el aire, pero procuraré una respuesta pronta.

enviado a Huelva-Noticias de El Mundo el 11/03/2007

    El art. 102 de la Constitución reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Así, sin más matices, estaríamos ante una afirmación insulsa, insustancial. Pero no lo es como voy a tratar de explicar a continuación. Iniciativa Pública es, por ejemplo, la que toma la Junta de Andalucía cuando sostiene con fondos públicos a Canal Sur. Canal Sur es, pues, una empresa pública que compite en el sector de la radio y de la televisión con otras cadenas privadas. Hasta ahí, nada que objetar porque se está de acuerdo con el mandato constitucional. Sin embargo, cabe una primera pregunta: ¿compite en igualdad Canal Sur con las empresas privadas del sector audiovisual? La respuesta es contundente: NO. ¿Y por qué no? Porque Canal Sur es una de las empresas públicas andaluzas que, por ejemplo, en 2008, han tenido pérdidas globales por valor de alrededor de 1.200 millones de euros. Traducido en pesetas: doscientos mil millones. O lo que es lo mismo: casi un cuarto de billón. No existe empresa privada audiovisual que pueda perder tanto dinero. Iría a la quiebra y los trabajadores al paro.
    Pero bueno, ¿quién paga ese agujero negro de tantos millones? La respuesta es muy sencilla: todos los andaluces con nuestros impuestos. ¿Y quién se beneficia? La respuesta es todavía más simple: la propia Junta de Andalucía que encuentra en Canal Sur la más formidable arma propagandística que imaginarse pueda un Gobierno. ¡Pero eso es una vergüenza!, se diran, indignados, ustedes. Lo es. Y lo es no sólo porque se pierda tan ingente cantidad de dinero, sino porque con esos miles de millones se podrían crear millares de puestos de trabajo o, por ejemplo, construir centros de enseñanza, hospitales, bibliotecas, obras públicas, in fraestructuras viarias y un largo etcétera. ¿Y por qué los ciudadanos no se movilizan contra este despilfarro? ¡Quién lo sabe! ¿Y los tribunales de justicia, qué hacen al respecto? Miren: hay una Sentencia del Supremo que exige a estas empresas públicas dos requisitos para su funcionamiento. Uno es que su actividad sea de interés público. El otro, que estas empresas se sometan, sin excepciones ni privilegios, a las mismas reglas de competencia que exige el mercado. ¡Pues no echan ni cuenta al Supremo! Así es. Y así, así, así,....
    Un dato para terminar, manejando cantidades que extraemos de los Presupuestos Generales de nuestra Comunidad Autónoma. Con esa cifra que se pierde todos los años por el sumidero de la desvergüenza de nuestros gobernantes, se podría pagar al personal docente funcionario y laboral, así como al personal de administración y servicios de todas las universidades de Andalucía. Y sobrarían, incluso, muchos millones. Pero claro, los estudios de Ciencias, de Medicina, de Derecho o de Filología son mucho menos importantes que las actuaciones de los "lobatones", de las "mariasdelmonte", o de las coplas. Con estos programas se adormece al pueblo. Con las universidades se le instruye. No interesa la instrucción a las dictaduras. No interesa, no interesa, no interesa.
    Señor presidente de Andalucía: menos gestos, y más gestas; menos talante y más talento; menos predicar y más dar trigo; menos hablar y más hacer; menos demagogia y más democracia; menos opacidad y más transparencia; menos mentiras y más verdades. Ya sabe: cuando en una democracia la transparencia se ensucia adrede, los partidos se convierten en bandas y la ley cede su paso a la mafia. Mal asunto. Piense en los andaluces y evite la conversión que se precita.

Francisco Velasco

    Lo recoge en portada el diario Huelva Información de hoy, domingo: "Casi 3.700 desempleados onubenses no podrán seguir cobrando el paro en un mes". Acudo, en pos de fuentes fidedignas, a la página web de la Consejería de Empleo de la Junta dee Andalucía y puedo leer que de los 44.076 parados de Huelva (casi la tercera parte de la población de nuestra provincia) 15.962 desempleados no reciben ya ninguna prestación.
    Sigo investigando por la red y encuentro perlas como las que sigue: que el Presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo para el presente año, asciende a más de mil millones de euros (casi 200.000 millones de pesetas); que se han convocado once cursos para 165 desempleados, a los que se va a formar en turismo del ocio; que se destinan 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas) para formar a 138.000 desempleados y trabajadores en activo; que la Consejería invierte en Punta Umbría (alcalde socialista, por supuesto) más de 540.000 euros (alrededor de 90 millones de pesetas) en programas para favorecer la contratación de 44 parados; que en arrendamiento de edificios, la Consejería se gastará este año 237.465 euros (unos 40 millones de pesetas); y así.
    Con estas cifras, uno se pregunta por qué está satisfecho el Consejero de Empleo si, por más que miro, no encuentro relación de causa-efecto entre los enormes desembolsos y la creación de puestos de trabajo. ¿Cómo es posible, se preguntarán, que la Consejería de Empleo, con un presupusto de casi un quinto de billón de pesetas no proclame a los cuatro vientos el número de empleos creados? Habrá que pensar que la cifra es tan ridícula que mejor no publicarla, porque, sea como fuere, lo evidente es que el número de parados sube y sube y sube. ¿cómo fomenta el empleo, entonces, esta Consejería que dirige el Sr. Fernández García (del PSOE, sin duda), si en la propia Administración Pública no se toman medidas correctoras? Dos ejemplos, tan recientes como sangrantes.
    El primero lo recoge El Mundo Huelva Noticias y se refiere a lo que sigue: el alcalde de Aljaraque, el muy seguidor socialista D. José Martín, ex dirigente sindical de la muy socialista UGT, despide a seis de los ocho trabajadores de la televisión local, bajo el cínico argumento de que el déficit municipal impide mantener esos empleos, los cuales, ¡oh, casualidad!, parecen ser los mismos que ocupaban trabajadores a los que ya la Justicia obligó a readmitir por despido improcedente. ¡Pero si el alcalde de Aljaraque se comprometió en 2007, cuando todavía era candidato, a no despedir a ningún trabajador municipal! ¡Pero si, según el arqueo del Ayuntamiento aljaraqueño, tenía un superávit de nueve millones de euros (unos 1.500 millones de pesetas)! ¿No será que los despedidos fueron contratados por el Partido Popular y el Sr. Martín, socialista de tronío, les ha aplicado el cordón sanitario? El segundo, expuesto en diversos medios, entre ellos Antena Huelva TV, es el de las limpiadoras del Hospital Juan Ramón Jiménez que iniciaron una marcha hacia Sevilla para denunciar sus despidos. Llevan más de 20 días sin dormir en sus casas, pasando frio y calor, pero, como refleja El Mundo Huelva Noticias, necesitan "recuperar el empleo porque muchas tenemos hijos pequeños y necesitamos trabajar". ¿Y qué Administración rige el Hospital JRJ? ¿Pero lo dudan? La Consejería de Salud de la Jujnta de Andalucía? ¿Y qué partido rige la Junta de Andalucía? Desde la Transición, el PSOE, que parece el PRI mexicano.
    A los parados, mi solidaridad y mi aliento para la defensa de los derechos cívicos. A nuestros gobernantes socialistas, mi repulsa. Sigan despilfarrando en palacetes y en alquileres. Sigan.

En 1995, el gobierno de Felipe González se hallaba en plena caída libre, a causa, en gran medida, de los escándalos de corrupción que provocaron casos como Filesa, Fondos Reservados, Luis Roldán, BOE y un largo etcétera. Tal era el cúmulo de irregularidades económicas, que el entonces Presidente del Gobierno impulsó la promulgación de la Ley de Contratos. La nueva Ley se marcaba un objetivo, el rechazo de la contratación directa, y un principio, la exigencia de transparencia.
En 2007, tras el paréntesis de las dos legislaturas de Aznar, se promulgó la denominada Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 85 de esta ley asevera que los contratos de las entidades públicas, por ejemplo las Diputaciones, deben regirse por la necesidad y la idoneidad. Pero en este punto, precisa literalmente: "sólo los necesarios para cumplir y realizar los fines institucionales (...no arbitrariedad). Y para ello requiere determinarse con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento de adjudicación".
En 2009, los medios de comunicación de nuestra provincia, -aunque algunos miran hacia Cuba- se hacen eco de una noticia que a más de uno ha sorprendido notablemente: la adquisición, por parte de la Diputación Provincial de Huelva, de un hermoso edificio modernista, sito en la Plaza de las Monjas, para convertirse en nueva sede o subsede de esta institución supramunicipal a la que no pocos denominan Ayuntamiento de ayuntamientos. Al respecto, este articulista se cuestiona aspectos diversos como los que siguen:
1.- En orden a la iniciativa de adquisición, ¿es cierto que ésta se tomó el pasado año y, sin embargo, no se dio a conocer hasta que El Mundo Huelva Noticias y Huelva Información la publicaron recientemente? De ser así, ¿en qué se queda la transparencia de la Presidente Dª Petronila Guerrero?
2.- En orden a los detalles de adquisición, ¿es verdad que se ha realizado mediante arrendamiento del edificio? De ser así, uno no entiende que en plena recesión económica, con cerca de cincuenta mil ciudadanos de Huelva en paro, ante un oscuro horizonte social que se nos avecina, la Diputación realice una actividad administrativa de esta índole que, a buen seguro, comportará un coste de miles de euros (millones de pesetas) que habremos de pagar los contribuyentes. ¿Por qué, al menos, no se ha adquirido en propiedad este bien inmueble y la provincia engrosa su Patrimonio monumental? ¿Dónde radican la necesidad y la idoneidad?
3.- En orden al procedimiento a seguir, las preguntas se suceden aunque las respuestas sean silencios reiterados porque, como dice el Sr. Caraballo, Vicepresidente de la Diputación, antiguo empleado de caja de ahorros en Chucena, a los ciudadanos no les interesa este tipo de asuntos. ¡Qué rostro el del Sr. Caraballo! Así, yo le plantearía cuestiones como las que les enuncio: ¿El importe supera los 6 millones de euros?, ¿las obras de remodelación las ha hecho la propia Diputación o han sido previas al presunto arrendamiento?, ¿se han licitado estas obras de remodelación?, ¿y los contratos de suministros de bienes muebles y de material informático?, ¿se ha tenido en cuenta que la persona física o la sociedad a la que se ha arrendado cumple todos los requisitos que marca la Ley de 2007?, ¿existía alguna relación de amistad, de afinidad ideológica o de cualquier otro tipo entre los tasados en la Ley de Procedimiento Administrativo, entre la parte arrendadora y la parte arrendataria?... Son tantas las preguntas que no hallan respuesta, que uno se malicia lo peor. Pero, en principio, la legalidad no se presume, como se sospecha del interés público, de la eficacia y de la rentabilidad, de la libre concurrencia y de la objetividad. Incluso de la buena fe y de la seguridad jurídica.
    En cualquier caso, termino con una penúltima duda: ¿por qué no han adquirido un inmueble o en su defecto, por qué no lo han construido en la calle Gonzalo de Berceo y alrededores, o en El Torrejón, o en la barriada de Pérez Cubillas, entre otros enclaves de la ciudad, para desarrollar con la misma dignidad las funciones que quieren llevar a cabo en el centro histórico de la capital? ¿O es que Dª Petronila y su Junta de Gobierno consideran que estos lugares no son los adecuados para tan alta torre y tan encumbrados personajes neoseñoritingos? No confío en la declaración oficial. Nos mantendrán en el ostracismo informativo. Como en Cuba. Como en las dictaduras de derechas y de izquierdas. ¡Vaya por Dios!

Magdalena Álvarez, ex Consejera de la Junta de Andalucía, Ministra de Fomento. Bibiana Aído, ex Directora General de la Junta de Andalucía, Ministra de Igualdad. Carmen Chacón, ex Ministra de Vivienda, Ministra de Defensa. Las tres pertenecen al PSOE. Las tres han accedido a estos puestos de tan alta responsabilidad política en virtud de su condición de militantes del Partido Socialista. A las tres mujeres se les reconoce una valía. Las tres se han de someter, en función del cargo público que ostentan, a la crítica periodística y de los ciudadanos en general. La crítica, pues, no se realiza al personaje privado, sino a la figura pública. En consecuencia, habrá que convenir que la crítica no se hace tampoco a su condición de mujeres. No obstante, que ya conozco el paño totalitarista y nazi de la propaganda psoecialista, este bloguero rechaza de antemano cualquier acusación de antifeminismo porque, en su caso, se trataría de esconderse bajo el escudo de féminas para aventar errores, ineptitudes e incompetencias. ¿Y por qué no la crítica a los ministros o al propio Presidente del Gobierno? Todo en su momento. Hoy toca ellas y de ellas, una terna. Y de la terna, su D´Artagnan.

    Dicho lo cual, uno llega a la conclusión de que tanto la Sra. Álvarez como la Sra. Aído como la
Sra. Chacón pueden encuadrarse tipológicamente en las políticas de cuota que ha establecido el PSOE para dar la apariencia de su feminismo militante y de su "caballeroso" afán de defensa del derecho de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Aceptará Pepe Blanco, el todopoderoso Vicesecretario General del Partido a cuyo servicio se encuentra el Gobierno de España, que estas mujeres no serían ministras de haber triunfado en las elecciones Izquierda Unida? No digo ya el Partido Popular ni siquiera UPyD. Digo un partido acreditado de izquierdas como el que incluye al Partido Comunista de España. ¿Serían, en ese caso, ministras las tres mujeres mencionadas? Sospecho que la respuesta siempre sería negativa, porque, en realidad, el criterio que determina el ser, o no, ministro de un Gobierno no lo determinan los principios administrativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, sino el estar adscrito, o no, en el momento oportuno en la formación política electoralmente triunfante. Si es el PSOE, los criterios son los correctos y justos; de ser el PP, el ánimo de gobernar se solaparía en la malévola intención de la malévola derechona.

    Sea como fuere, las cosas son como están y no como deberían estar. Por ello, en el balance de la Ministra de Fomento, el resultado no puede ser más negativo. Basta leer los titulares de prensa que su gestión ha provocado para fundamentar la calificación que se le otorga. La Ministra Álvarez, a la que algunos llaman cariñosamente "Lady Aviaco" por sus aficiones a los viajes gratis total, se ha superado a sí misma cuando ha decidido que su Ministerio, ¡en una crisis tan cruel como la que padecemos!, gaste más de ciento veinte millones de pesetas en unas obras posiblemente innecesarias. Triste trayectoria (Tres tristes tigres) de la denostada campeona de la mala gestión pública. Balance análogo es el que cabe aplicar a la joven Titular de Igualdad, toda vez que su cartera ministerial posee una insustancialidad que aterra a cualquier espectador foráneo. El record de la incuria moral lo batió hace pocos días cuando decidió -aburridita ella de sus juegos a ministros y ladrones- presentar un proyecto ley para modificar el Código Penal respecto al tema del aborto. Que sí, que se abortará a los 16 años porque quien puede casarse puede matar, y a los padres, ni cuenta, panda de progenitores analfabetos.  En cuanto a Carmen Chacón, si su papel como Vicepresidenta del Congreso no pasó de anodino y su actividad como Ministra de la Vivienda fue causa de críticas acervas por mor de su inanidad, ahora como Ministra de Defensa ha pinchado su burbuja de imagen. La pifia demagógica que ha cometido con el anuncio de retirada de Kosovo la ha encumbrado al dudoso liderazgo del esperpento político. La OTAN no sabe qué hacer ante el modelo diplomático que gasta esta catalana irredenta. La coronación de la vanguardia feminista encuentra su sede en la vicepresidente Fernández de la Vega, que anda estos días muy malhumorada, tras su periplo africano, porque un representante de la derecha más carca se empeña en difamarla. La acusa, qué atrevimiento, de voto fraudulento e ilegal en las últimas elecciones generales de 2008. ¡Si ella quiere votar en Valencia (por más que su vivienda sea inhabitable y se localice en la calle Diseminados), quién es Pons para reprochárselo! ¡Y si a ella le da la gana acercarse a las fiestas falleras (despreciando la invitación oficial de la alcaldesa Rita Barberá pero congraciando a unos amigos entrañables) pues se monta en un Mystére, cual una nueva Alfonso Guerra en Ayamonte (por lo menos ella no tiene un hermano Juan que invite a café en la Junta de Andalucía), y nada más que decir que para eso hacía las veces de Presidente del Gobierno! ¡Dita sea esta derecha cavernícola!

    ¿Cree alguien de ustedes que tiene la paciencia y la bondad de leer este cuaderno de bitácora,
que una empresa privada de entidad y con aspiraciones de expansión comercial colocaría a alguna de estas damas entre la plana mayor de sus ejecutivos? Mi respuesta es que no, y mucho menos a quien por gracia y obra de sus cataplines, las ha elevado para un rol tan importante. En cualquier caso, asumido el error de la elección, y el de la recomendación, sus gestas públicas constituyen causa suficiente para un despido fulminante que Juez de lo Social alguno calificaría nunca de nulo.

    El próximo día hablaremos del Gobierno, en su cuota de afinidad presidencial socialista

En otro tiempo, con las monarquías autoritarias y absolutas, los contratos celebrados por la Corona con particulares se regían por la necesidad ineludible de garantizar la seguridad jurídica. En este sentido hay que situar las Capitulaciones de Santa Fe suscritas por los Reyes Católicos con Cristóbal Colón antes de su primer viaje a América. En el siglo XIX, las ideas liberales introdujeron algunos cambios en materia de contrato, como por ejemplo el que firmaba el Estado con alguna compañía ferroviaria. En el caso de los ferrocarriles españoles, el contrato servía para realizar la política de nacionalización y privatización posterior de los bienes nacionales que se devuelven al mercado a través de ventas públicas masivas. En la actualidad se sigue la vía liberal de adelgazamiento de las Administraciones Públicas en tanto éstas rechazan prestar determinados servicios que puedean ser desempeñados por personas privadas. Este adelgazamiento ha debido ir acompañado de una disminución proporcional del funcionariado afecto a tales funciones. Y sin embargo no ha sido así.
 La promulgación en 1995 de la Ley de Contratos pretendió un objetivo cercano que salpicaba de corrupciones a más de un político de la hégira socialista. Se trataba de frenar la contratación directa y abortar la proliferación de mangoneos. Pero la propia ley elaboraba su propia trampa. ¿Y por qué? Porque lejos de coger el toro por los cuernos (erradicar la corrupción y procurar un marco de transparencia), la Ley abrió una serie de grietas entre las que se escapaban los manejos de tantos pícaros que en el mundo son. Por ejemplo, la Ley es de aplicación plena, pero también parcial, mínima e incluso simulada y diferida. Pero lo peor es que fuera de esta Ley se ha quedado el denominado contrato patrimonial que incluye, entre otros negocios, el del arrendamiento (¿verdad, Petronila) de bienes inmuebles. ¿Cómo se regula, entonces, este negocio jurídico del arrendamiento? Se remite a la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas, fórmula legislativa manifiestamente degenerada en cuanto permite la contratación directa prescindiendo de la subasta pública siempre que el contrato sea de importe inferior a seis millones de euros (mil millones de pesetas). ¡Qué oportunidad -¿o no era sino una argucia?- se perdió para encauzar en la transparencia a la propia ley del Patrimonio del Estado!
    Con todo, y pese a lo expuesto, todo contrato firmado por una Administración Pública (por ejemplo, la Diputación de Huelva) y un particular (la persona que arrendó el palacete de la Plaza de las Monjas) se ha de regir por el art. 1.261 del Código Civil que establece como requisitos la existencia de consentimiento (al parecer, resulta obvio porque ninguna de las partes se ha quejado; por el contrario, han manifestado su matrimonio en silencio cómplice), de objeto cierto (parece que lo hay por más que se sospeche, dado el mutismo oficial, que se haya podido violar la prohibición de fraccionamiento del objeto de este contrato), de causa (aquí ya mis dudas son más palpitantes porque tengo la casi certeza de que el arriendo del palacete no es necesario para fines de servicio público y que de esta manera se recoja en el expediente, en el que se ha de explicitar los motivos de su mejor calidad, de su mayor economía o de la adecuación de plazos) y de precio (se entiende el más adecuado al mercado, lo cual, de nuevo, nos lleva a la sospecha de la corrupción en tanto la opacidad ha presidido el proceso).
    Más preguntas planean sobre el negocio contractual del palacete de Petronila. Por ejemplo: ¿Qué posición ha adoptado en torno al palacete la Intervención administrativa de la Diputación, en cuanto a posibles discrepancias sobre gastos u ordenación de pagos, sobre presuntas irregularidades en la documentación justificativa, acerca de posibles omisiones de requisitos o trámites esenciales, etc.? La legislación prescribe que la falta de habilitaciones previas provoca, en principio, incluso su nulidad de pleno derecho. ¿Y qué ocurre con el contratista, el arrendador, cuya figura ha suscitado ciertas controversias en algunos medios de comunicación? Así, me planteo cuestiones diversas enumeradas en algunas de las prohibiciones de contratar que se enuncian en el art. 20 de la Ley de Contratos: si está incurso en condena firme por delitos como el de falsedad, de información privilegiada, etc., o si su empresa ha sido declarada en quiebra o figuras análogas (concurso de acreedores), o si ha sido declarado culpable por la resolución firme de cualquier contrato celebrado con alguna Administración, o si ha sido condenado, en firme, por delito contra la seguridad en el trabajo, o si está al corriente de cumplimiento con Hacienda o con la Seguridad Social,... Y, en definitiva, ¿se ha preocupado la Diputación, con la diligencia exigible, de cerciorarse de que el contratista no ha incurrido en prohibición alguna requiriendo el correspondiente testimonio judicial o la pertinente certificación administrativa? Por último, por ahora porque el tema colea, ¿se ha acreditado la solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se precisa para celebrar contratos?
    Demasiadas preguntas para tanta parálisis labial. Pero, señora presidente, señores dirigentes del Partido Socialista, hay silencios que matan. Espero que no a mí, que hablo con toda la claridad que puedo. ¿O también por eso?

Odiel (Des)Información del día 26 de marzo de 2009. Calumnia, que algo queda. La capacidad de mentira del periódico (con perdón) precitado ha engrosado con una de las noticias que hoy evacua sin pudor y sin el más mínimo atisbo de vergüenza, por cuanto ensucia la inteligencia del público. Ese periódico (con perdón) no publica, expele suciedad y mancha. Se hace eco el rotativo que dirige el Sr. Siles de la relación cónnive entre los neofascistas de Democracia Nacional, la cadena Antena Huelva y la Iglesia católica, y de cómo ésta permite al ente radiotelevisivo servir de plataforma a un partido de extrema derecha. La propaganda nazi que caracteriza gran parte de la bazofia que, en forma escrita, vierte a la calle el periódico (con perdón) del señor Siles, es digna de estudio. Sería interesante descubrir qué crisis de personalidad es la que padece este dizque periodista que, con tanta contumacia, miente y engaña. No sé si se trata de una crisis de desarrollo o de accidente, si nace desde su más temprana infancia o ha sido producto de una coyuntura traumática afecta pocos años ha. En cualquier caso, el señor Siles muestra tener una fijación con el fascismo, en tanto son reiterados sus ataques a la cadena Antena Huelva y, en especial, a su conductor estrella Paco Morán.
    El que suscribe, que tiene el placer de intervenir como tertuliano, de forma absolutamente desinteresada, en el programa semanal "Debate en Antena" que se emite en directo todos los jueves, entre las 22:00 y las 24:00, da fe de que el mensaje que vomita el periódico (con perdón) del grupo Gallardo (hasta anteayer, del grupo PRISA), es tan falso, tan tendencioso, tan manipulador, tan desvergonzado, tan falaz y tan miserable, que faltan adjetivos para situar al referido personaje en la peana inmoral en la que merece perpetuarse.
    Se ha dicho, con razón, que una mentira mil veces repetida nunca será verdad, pero sí contener la apariencia de verosimilitud. Y ese aforismo lo tiene bien aprendido el aprendiz del periodista que no puede ser el señor Siles. Es cierto que el Sr. Canduela, líder del partido político Democracia Nacional, estuvo presente, como contertulio, en uno de los programas de debate político de los jueves. Igual de cierto que en el mismo intervinieron, para expresarse en libertad, representantes de diferentes partidos políticos, discrepando en algunos puntos y coincidiendo en otros, sin que en momento alguno, el Sr. Canduela propagase ideas de corte fascista o neonazi. Se limitó a exponer algunos puntos de su programa electoral y a confrontar las mismas con la de sus interlocutores e incluso con las de los televidentes que se comunicaron a través del teléfono. Batasuna, PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) o ANV (Acción Nacionalista Vasca), partidos ilegalizados en la actualidad por el Tribunal Supremo, han dispuesto de la Televisión Vasca (ETB) para exponer libremente sus ideas, sin que el señor Siles haya puesto en solfa la legitimidad democrática del PNV ni ha lanzado improperios ni descalificaciones contra el PSOE cuando el Sr. Eguiguren, presidente del PSE, ha negociado directamente con los representantes de ETA, o cuando el Presidente Zapatero autorizó reemprender las negociaciones con los etarras incluso después del atentado mortal contra la T-4 del aeropuerto de Barajas. Por consiguiente, la intención bastarda y manipuladora en la que se relame el señor Siles, utilizando como pretexto su aversión al Sr. Morán o a la propia Iglesia católica, queda acreditada. Tan zafia y torpe es su actuación que si la misma se corresponde a su caudal intelectual y/o humanístico, se comprende la deriva económica y social de su periódico (con perdón).
    Por último, quiero referirme al artículo que ha firmado Igor G. Iglesias en EL PLURAL (el nombre de esta cabecera digital nada tiene que ver con la pluralidad ideológica que parece desprenderse del mismo) que dirige D. Enrique (Enric) Sopena, antaño antiguo miembro de una institución afín a la Iglesia (hogaño, acérrimo debelador de la Conferencia Episcopal). El señor Iglesias (quien te puso petenera...) se hace eco, distorsionado eco, de una información falsa y, desde esta base, da a luz un presunto artículo de opinión que desdice los principios de la ética periodística, pues toma el texto como pretexto para, al fin, parir una rata fétida, maloliente y susceptible de provocar epidemias. El parto de los montes de fosfoyeso. Pura filfa. Por cierto, el Sr. Igor G. Iglesias afirma ser periodista y lingüista. No lo pongo en duda. Pero yo añadiría otra identificatoria: partiperiodista y lenguaraz. Y, como Siles, mercenario de la mentira.

Que la Junta de Andalucía parece el patio cervantino de Monipodio, está fuera de toda duda. Otra cosa es que lo sea. En el transcurso del programa de debate político de los jueves que dirige Paco Morán en Antena Huelva, pudimos ver las imágenes que recogían la pregunta que una parlamentaria del Partido Popular planteó a la Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía. La pregunta, formulada con enorme acierto, tanto en la forma como en el fondo, giraba en torno al palacete modernista de la Plaza de las Monjas que, parece ser, ha sido arrendado por la Presidente de la Diputación Provincial de Huelva. La respuesta de la señora Consejera fue todo un bombazo en la línea de flotación de la credibilidad y de la solvencia de quien ejerce una función de tanto rango en la Junta de Andalucía. Este articulista no pudo, por menos, que exclamar al respecto la desazón, el estupor, el asombro, que tales palabras le causaban. Si la capacidad dialéctica de la Consejera de Gobernación se corresponde con su capacidad de gestión, ¡pobres los ciudadanos andaluces! Y es que la Consejera se limitó, sin dar respuesta a la parlamentaria popular, a defender la dignidad de Dª Petronila Guerrero y a referir: "al que le pique, que se rasque". En realidad, éste que suscribe, creyó oir: "que se arrasque". Si tal hubiera dicho, pues no lo aseguro, a la señora Consejera habría que invitarla a tomar unas clases de lenguaje, porque el verbo arrascar no existe; sí el verbo rascar. Mas atribuiré a mi defectuosa audición el problema y no a la presunta ignorancia de tan alto cargo autonómico. En cualquier caso, y a la vista de su respuesta oral y del tono y de la escenificación que llevó a cabo, uno no deja de lamentarse de la inopia, de la carencia, de la escasez de nuestro sistema educativo, de por qué el Informe PISA nos sitúa en el furgón de cola de la educación en España y de por qué la Consejera Teresa Jiménez ha puesto tanto énfasis en su intento (parcialmente baldío) de sobornar a miles de profesores para que eleven sustancialmente el número de alumnos aprobados. No importa que no sepan, pues lo que interesa es la estadística, la imagen, la apariencia. Se sorprende quien les escribe de cómo el nivel cultural de nuestra más representativa clase política puede ser tan ínfimo en cuanto a los argumentos y tan vulgar/barriobajero en los modos. Pero con intervenciones como la precitada, la sorpresa dejará pronto paso a la constatación de una realidad tan sangrante como inadmisible. Un antiguo alumno, hoy abogado de éxito, me abordaba ayer al respecto de mis apariciones semanales en el programa de Paco Morán y me espetaba cariñosamente, entre incrédulo y escéptico, la causa de mi presencia reiterada y la razón por la que persistía jueves tras jueves. Que en esta democracia imperfecta que disfrutamos, -que determinados prebostes se empeñar en hacer vergonzante-, encontrar un foro de libertad, es un bien tan escaso que debe ser mimado por todos, le respondí. Que el señor Morán tiene la virtud, entre otras, de poseer un talante abierto y honrado (no ficticio) que se transmite a los tertulianos, proseguí. Que el programa está abierto (se emite en riguroso directo) a todas las opiniones sin importar la ideología de quien telefonea para expresarse en libertad, añadí. Que se mantiene un estado de respeto hacia los pareceres de todos sin que nadie pretenda imponerse a los demás alzando la voz o monopolizando la palabra, desde la ilegalizada Batasuna a la legal Democracia Nacional, continué. Que sólo el PSOE se autoexcluía de la interlocución dialogada pues me constaba que el director del programa invitaba a conspicuos dirigentes de chalet del Conquero sin que ninguno de ellos se molestara siquiera en contestar, remaché. ¿A qué partido político o formación cultural o asociación cívica representas tú, Paco?, me interrogó al fin. Mi respuesta, acompañada de una sonrisa de comprensión, fue: tú sabes a quién represento porque me conoces hace años. No represento a nadie, ni a título individual ni colectivo. Represento al poder constitucional de la palabra libre y fundamentada, al derecho constitucional de expresión de quienes no tienen la oportunidad de decir lo que pìensan, al conjunto de personas que se identifican con mis ideas, recogidas algunas en este blog. No cobro nada de nadie, ni en metálico ni en especie. Vivo de mi trabajo profesional, exclusivamente. Y procuro que mi formación como abogado, como historiador o como lingüista, esté al servicio de la sociedad onubense, pues enriqueciendo humanísticamente a ésta, el odre se llena de satisfacción. Y en este contexto, me subleva la prepotencia de quienes prostituyen la autoridad que encarnan institucionalmente al convertir aquélla en poder detentado, que en vez de dar ejemplo a la ciudadanía, dan muestras inaceptables de despilfarro, de incompetencia, de zafiedad, de mal estilo. Señora Consejera: concédame un deseo. Rectifique su actuación parlamentaria, responda en puridad y con distinción, haga honor a su categoría de parlamentaria y de andaluza, y responda con fundamento acerca del palacete de Dª Petronila. Reciba mi respetuoso saludo

   No quisiera que el enunciado del artículo llevara a confusión en tanto alguien pudiera interpretarlo como una ofensa a la señora Aido, por lo que me apresuro a aclarar que el título responde al carácter central de mi comentario, el aborto, y a la protagonista de la polémica surgida en torno al concepto: la Ministra Aido.

    Pero vayamos por partes y que la primera sea identificar a Dª Bibiana. Si mis fuentes de información son fidedignas, Bibiana Aido ocupó la cartera de Ministra de Igualdad con 31 años. Licenciada en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Cádiz, realizó un Master en el Reino Unido y desarrolló, durante apenas un año, actividades laborales en una empresa privada y en una sucursal bancaria, como tantos otros jóvenes que cursaron los mismos estudios. Hasta ahí, la normalidad más absoluta preside su vida juvenil. Lo que ya no es tan normal es su curriculum político. Verán. Fue miembro (no miembra, no confunda el género con el sexo) de las Juventudes Socialistas en su Cádiz natal. Perdonen un inciso. Cuando escucho o leo el término Juventudes Socialistas o Nuevas Generaciones o expresiones de esa laya, la mente me conduce al mundo de terror creado por las Juventudes hitlerianas, y el recuerdo me causa escalofríos. Antes de 2003 ya ocupó un cargo político de cierta relevancia en un organismo oficial. Durante poco tiempo, porque con apenas 26 años de edad fue nombrada Delegada Provincial de Cultura en Cádiz y, dos años después, Directora General de la Agencia Andaluza del Flamenco. En 2008, accedió al Parlamento de Andalucía y ese mismo año, Zapatero la elevó a la categoría de Ministra de España. Ministra de Igualdad. Un ministerio nuevo que se sacó de la manga el Presidente (por accidente, con permiso de Luis María Anson) del Gobierno.

    Uno, ante tan meteórica carrera política, no puede sino asombrarse. O el mérito intelectual, cultural, laboral y personal de la señora Aído es tan singular como irrepetible, muy por encima de millones de españoles universitarios como ella, o aquí hay gato encerrado. ¿No será, me pregunto, que todo el bagaje de doña Bibiana, quepa, se contenga, en el interior de un pequeño cofre en cuyo frontal se lee: "soy del PSOE"? Si para tanto viaje político se necesita tan escasa alforja, ¿cómo se explicarán los jóvenes la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la igualdad ante la ley, si pese a sus esfuerzos en los estudios, el horizonte que les espera es la ausencia de empleo, mientras que Aido se privilegia de su adscripción política y del tronío de su familia, amiga de Felipe González, de Manuel Chaves o de José Luis R. Zapatero? Curiosa igualdad la que pregona la joven ministra.

    Hecho el preámbulo, paso al quid del asunto: el aborto. Este articulista es un decidido defensor de la moral en cuanto principio rector de los comportamientos individuales. Sin embargo, la moral posee tal carga de subjetividad que sus límites inciertos provocan indefinición (para unos, lo ancho; para otros, lo estrecho) e inseguridad jurídica. De ahí que en la organización de la sociedad, deba ser la ley, y sólo la ley que emana o brota del pueblo a través de us representaciones parlamentarias, la que rija las relaciones entre los ciudadanos y entre las instituciones. Es el imperio de la ley que proclama nuestra Constitución. Pues bien: el aborto es un concepto jurídico que tiene su marco legal en el Código Penal español. Es decir, se puede estar a favor o en contra del aborto, pero se ha de respetar la ley y la ley establece (Título II del Libro II) que el aborto puede ser punible porque hay un bien jurídico protegido que es la vida del ser concebido y, en su caso, de su madre. El aborto se incluye, por tanto, entre los delitos contra la vida humana dependiente y como en todos los de este tipo, es necesario que se dé una relación de causalidad entre la acción encaminada a producir el aborto y el resultado. En todo caso, la ley limita los supuestos de aborto punible y de aborto no punible.

    Estos últimos se recogen en el art. 417 bis del Código Penal de 1995 y se refieren a tres aspectos: el terapéutico (cuando exista peligro físico o psíquico grave para la embarazada; se hablaría de causa de justificación), el ético o humanitario (cuando el embarazo fuere resultado de un delito de violación; aludiríamos a una excusa absolutoria) y el eugenésico (cuando se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas; estaríamos ante la no exigibilidad de una conducta distinta). Los requisitos generales, aún en los supuestos no punibles, pasan por la intervención médica en un establecimiento sanitario acreditado con el consentimiento de la mujer embarazada y, si fuera menor de edad o incapaz, correspondería a sus representantes legales.

    Aunque la envergadura del tema precisa un estudio de mayor profundidad, sólo quiero exponer dos razones que me hacen temblar ante el anuncio del "aborto de la señora Aido". La primera razón se refiere a los plazos, los cuales

constituyen un aspecto de gran importancia en tanto se determina cuándo se traspasa el estado embrionario. La segunda razón radica en el consentimiento de las menores de edad, tema éste que debe ser tratado con tanta cautela como sensibilidad.

    El tema del aborto, señora ministra de igualdad, se ha de plantear con seriedad política exenta de demagogia, con la concurrencia de distintas plataformas sociales y no con el arbitrio de los cercanos, y con la objetividad que la defensa de la vida exige. En cualquier caso, comparto el contenido de una sentencia de abril de 1985 del Tribunal Constitucional (Fundamento Jurídico 11) donde explicita: "se plantea el conflicto entre el derecho a la vida de la madre y la protección de la vida del nasciturus". Si la vida del nasciturus se protegiera incondicionalmente, se protegería más a la vida del no nacido que a la vida del nacido, y se penalizaria a la mujer por defender su derecho a la vida. En definitiva, este articulista considera prevalente la vida de la madre. Prevalente la vida de la madre, pero inasumible el desprecio de algunas madres y de algunas personas por la vida de quien se ha puesto en el camino de nacer. Es tan complejo el problema, insisto, que las prisas son malas consejeras y que algunas medallas son señales de prepotencia narcisista y revelaciones de subconscientes envenenados. Que no le pase, Bibiana, lo que a su colega Carmen Chacón con la retirada de las tropas españolas de Kosovo, que quiso poner el huevo antes que el fuero y le salió el tiro por la culata. Que la imagen es importante, Bibiana, pero si detrás de esa imagen no hay enjundia, todo es filfa. Quiérase a Vd. misma, prosiga su carrera política sin techo alguno, sírvase a su antojo y beneficio, pero en democracia, el político ha de servir a la ciudadanía y no al revés. A toda la ciudadanía, de un signo electoral u otro. No sea sectaria.

Mario Jiménez, el secretario general del PSOE de Huelva, fue durante mucho tiempo el delfín de Javier Barrero. El término delfín designa, históricamente, al sucesor del rey de Francia. No quisiera que se interpretaran mis palabras en el sentido de que considere al sr. Barrero rey y al sr. Jiménez su heredero a título de monarca, tal como hizo Franco (mis excusas) en su momento con D. Juan Carlos. Tampoco quisiera herir la sensibilidad de estos dos prohombres de la política onubense contemporánea, que tanto han hecho por la igualdad, la equidad y el reparto de prebendas para con sus afiliados, ignorando si, en su fuero interno, son republicanos. No. Quiero ser políticamente correcto y si manifiesto mi pensamiento, lo haré haciendo uso de una lluvia de eufemismos, lítotes o atenuaciones. La democracia es el poder del pueblo (en España, es más el poder del pueblo afín al partido socialista) y sería demagógico utilizar expresiones que puedan lesionar la credibilidad (no sé cuánta tienen) de D. Mario Jiménez o de D. Javier Barrero.

    Por ejemplo, si me refiero a la relación entre Mario Jiménez y determinado empresario del ladrillo, me abstendré de señalar que entre ellos existe una complicidad sociopolítica con bastardos intereses económicos. Ni hablar. Expresaré que uno y otro personajes se mueven en la esfera de la mutua cooperación para el mutuo enriquecimiento (cultural o dinerario o humanístico,..). Del mismo modo, si analizamos los lazos que unen a D. Javier Barrero con el abogado Mohedano, no diré que éste consiguió ganar el caso en que el primero se vio envuelto por algún lío de tráfico. Bajo ningún concepto. Haré constar que la pericia del letrado contribuyó a resplandecer la verdad de la inocencia del Sr. Barrero, injustamente pisoteada por la arbitraria denuncia de algunos beneméritos. No cabe, en el mismo sentido, atribuir a Dª Petronila Guerrero actuación irregular alguna en su condición de Presidente de la Diputación de Huelva en el caso "Palacete de la Plaza de las Monjas". En absoluto. Me limitaré a exponer la categoría política de esta persona, mujer hecha a sí misma, en cuanto es capaz de sacrificar su vida en la defensa del arte y de la cultura, toda vez que el edificio en cuestión es una joya del modernismo onubense primisecular y, aunque oficialmente no se catalogue como bien de interés cultural, ella lo hace como heroína, como una nueva edición romántica de "Libertad guiando al pueblo". Y tampoco cometeré la incorrección verbal de imputar al Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, el Sr. Fernández, ni a la nunca bastante ponderada Consejera de Medio Ambiente (¡socorro!), Dª Cinta Castillo, descalificación alguna acerca de las balsas de fosfoyesos y de los cenizas de Acerinox. Que no. Sólo destacaré sus desvelos por la defensa del empleo (los miles de millones invertidos no habrán creado muchos empleos, pero qué me dicen del esfuerzo, de las ganas, que ha puesto tan distinguido caballero, de los ratos que ha hurtado a estar con su familia, de su voluntad de servir a España; por favor, un respeto) y por la conservación del medio terrestre, fluvial y aéreo de Huelva (la señora Castillo es un paradigma en este sentido, pues está segura de que los habitantes de la barriada de Pérez Cubillas no están afectados por enfermedad alguna derivada de esos subproductos que apila Fertiberia en la marisma, ni la capital sufre problema alguno por respirar el grato olor perfumado que desprenden los bosques de chimeneas del Polo de Desarrollo que fundara el Dictador -¡no confundir con Chaplin!- en 1964; tan segura está, que su partido rechaza un estudio epidemiológico de la zona). O acaso van a dudar del conocimiento geográfico de ambos colaboradores de Chaves por más que puedan asegurar que Aracena es una localidad pacense.

    Entérense todos. Si el PSOE llama al aborto interrupción del embarazo, así será cuando quienes se sometan a esta operación sean mujeres del partido o simpatizantes, pero si quienes interrumpen el embarazo son féminas de otros partidos, entonces hay que llamarlas pécoras abortistas que se preocupan más por el desarrollo del lince que por la vida del que ha de nacer. Y si con Franco la policía violentaba a los manifestantes o torturaba a los presos, en todo gobierno del PSOE, la policía se limita a hacer uso de pedagógicos métodos de persuasión. Que Aznar ordena desalojar a los marroquíes que se apoderaron de Peregil, evidencia su carácter belicista y xenófobo, mas si Zapatero saca a nuestras tropas de Irak o de Kosovo, nadie debe pensar que el Presidente es un cobarde (cobarde él, mecaschis) o que el Gobierno ha urgido a la retirada militar, sino que ha efectuado un extraordinario movimiento táctico hacia la retaguardia. Y cuando Rubalcaba autorizaba a Eguiguren negociar con ETA, no lo estaba haciendo con una banda terrorista y asesina, sino con el otrora brazo armado de los independentistas vascos.

    Por ello, reitero, no se confundan ustedes, señores lectores. A los dirigentes del PSOE se les ve venir porque son transparentes. Otra cosa es que utilicen corazas para defenderse de ignominiosos ataques o lancen cortinas de humo para despistar a sus perseguidores políticos. Pero verles venir, se les ve de lejos. De dos caras, nada de nada, y menos si son de billetes de 500 euros. Yo, por si acaso, introduciré las manos en los bolsillos...

Los comentarios de este humilde abogado e historiador parecen estar calando en un sector cada vez más numeroso de internautas. Agradezco a todos su interés por tan modestos mensajes. Sin embargo, este articulista ha recibido en la red un comentario, de un personaje desconocido que se oculta en el anonimato, para proferir descalificaciones contra mi persona y, lo que es peor, para lanzarme una amenaza clara. Con independencia de que esta persona fascista no me merezca más que desprecio, y en la seguridad de que la catadura de quienes así actúan no me van a disuadir ni amedrentar, he decidido suspender el apartado de COMENTARIOS en este blog. Se trata de que quienes truequen el instrumento pacífico de la palabra por el arma asesina de la violencia verbal, lo hagan en su justo término y en el foro adecuado. Escudarse en la sombra para atacar a los que nos manifestamos en la luz a pecho descubierto, identificándonos en todo momento y apoyándonos en argumentos, constituye un acto de cobardía indescriptible. Es una acción propia de etarras que pintan la diana de sus futuros asesinatos en la pared desnuda de una calle.
Si los etarras no me pueden intimidar, menos éxito tendrán los que pretendan arredrarme.

Un saludo.

La Ley de Bases de Régimen Local define los municipios como "Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades (...) atribuyéndoles personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La misma Ley define la provincia como una Entidad local determinada por la agrupación  de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines (...) y atribuye su Gobierno y administración autónoma a la Diputación.

Con el mismo carácter presidencialista concibe esta norma las figuras del alcalde y del máximo responsable de la  Diputación, pero mientras la elección de aquél es de forma directa, el de éste se realiza de modo indirecto. Uno y otro poseen poder ejecutivo.

El Ordenamiento jurídico español prescribe, de forma rotunda, la interdicción de la arbitrariedad. Por arbitrariedad se entiende una forma de actuar contraria a la justicia, a la razón o a las leyes, dictada por la voluntad o el capricho.

Determinado el concepto legal, expuesto el marco contextual y advertida la definición que realiza la L.B.R.L., este articulista retoma la actualidad provincial y, sin desgranar toda la casuística, se centra en dos temas que causan más o menos alarma social: las subvenciones a los medios de comunicación y el palacete de la parte de atrás de la calle Palacio.

Antena Huelva Televisión ha denunciado públicamente el desigual, -¡qué digo desigual, discriminatorio!- reparto de subvenciones que la Diputación de Huelva ha realizado a los medios de comunicación de nuestra provincia. Frente a una cantidad próxima a los cien millones de pesetas entregada a Odiel Información, la nada absoluta concedida a El Mundo Huelva Noticias. Uno se pregunta cómo se puede explicar una Resolución administrativa de este porte. A fuer de buscar un criterio de asignación presupuestaria, este que suscribe, especularía sobre las ventas de ejemplares entre ambos medios, en tanto uno podría jactarse de una tirada diaria por millares de ejemplares, mientras el otro se  amentaría de una difusión no sólo reducida, sino nula. A cualquier observador imparcial no se le escapa que esa  hipótesis es ridícula pues el número de ejemplares distribuidos no alcanza, bajo ningún concepto, la diferencia tan abismal que media entre el cien millones y el cero. Si existe otro criterio, se ignora, en cuyo caso, entran en juego dos nuevos Principios jurídicos: el de la transparencia y el de la objetividad. Así, si no se expresa el criterio y si el reparto se efectúa de forma tan sospechosa, habrá que convenir que la asignación se ha realizado de manera contraria a la  justicia, a la razón y a las leyes. ¿Estamos ante un caso evidente de arbitrariedad, o este cronista yerra de la A a la Z?

Me temo que la respuesta pasa por la primera parte de la cuestión.Tambien la cadena televisiva Antena Huelva y otros medios de la provincia han puesto de relieve el asunto del  palacete de la Plaza de las Monjas, constituyendo una noticia que ha saltado la frontera provincial aposentándose en la esfera nacional y tratado en el Parlamento de Andalucía. El "modus actuandi" es el mismo que en el caso precitado. Pero éste presenta una especial gravedad puesto que el gasto del "negociete" repercute más directamente en la  ciudadanía en los tiempos de recesión económica que sufrimos e inmersos en el vendaval de paro laboral que sacude a millones de españoles y a miles de huelvanos.

Hay diversos aspectos que diferencian un régimen democrático de otro dictatorial. Sin embargo, cuando en una  democracia renquea la transparencia, enmudece la objetividad y se dictan resoluciones arbitrarias, esta democracia se prostituye hasta el límite de la dictadura, ya que el imperio de la ley que brota del pueblo se confunde con la ley que emana del tirano. Es igual que el déspota que confunde, interesada y contumazmente, su patrimonio personal con el patrimonio público y afirma, sin rubor, "todo para el pueblo (ja, ja, ja) pero sin el pueblo". La Historia nos da ejemplos que no sabemos interpretar mientras el Derecho nos proporciona instrumentos que no sabemos utilizar. Debemos aprender para defender sin violencia, pero con energía, nuestra democracia y nuestro Estado de derecho. A ello, y en mi parte alícuota, me comprometo.

Un saludo

    Uno de los temas recurrentes, por su candente y rabiosa actualidad, en la sociedad onubense es, sin duda, el medioambiental, afectado nuestro territorio de un problema químico-industrial que es susceptible de causar problemas de salud en la población y que provoca una indiscutible alarma social en los ciudadanos. Ahí están las dos asociaciones punteras en la conservación del medio: Mesa de la Ría (Asociación y Plataforma). Inicialmente unidas en la acción y divergentes más tarde por razones que no toca analizar, ambas coinciden en la necesidad de recuperar la hermosa ría de la Huelva de los graves problemas de contaminación que la acucian.
    Este articulista se ha pronunciado en diversas ocasiones y en distintos foros acerca del tema/problema porque constituye uno de los puntos claves en el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad. Mis manifestaciones han seguido siempre el mismo esquema procesal: necesidad de demostrar, de manera científica, irreversible en cuanto plena de certeza, que los habitantes del territorio afectado, desde la Punta del Sebo hasta la Barriada de Pérez Cubillas (que apenas dista 500 metros de un extremo de la monstruosa balsa de fosfoyesos), pueden/podemos estar padeciendo graves enfermedades a causa de la actividad industrial que allí se desarrolla. A la salud hay que subordinar todo. Actuar sin cautela en un tema tan delicado como el presente, me parece una irresponsabilidad, porque cientos de familias trabajadoras pueden verse perjudicadas, injustamente, por decisiones no fundamentadas en toda su dimensión. Estudios de impacto medioambiental contribuirían a despejar dudas forzosas en torno al tema, pero más las despejaría el estudio epidemiológico defendido por el Partido Popular e Izquierda Unida en el transcurso de la última sesión del Pleno. El enclave delimitado posee tamaña riqueza territorial y económica, que comporta la necesidad de ser absolutamente transparentes, objetivos y honrados en cuanto concierne a este asunto. Insisto: si el estudio epidemiológico concluye tajantemente que existen riesgos de salud para la población, el desalojo de las fábricas causante de los mismos, debería ser fulminante; en caso contrario, el mantenimiento de los puestos de trabajos constituye una prioridad innegociable, máxime en estos tiempos de crisis y recesión. Al respecto, este articulista no entiende el silencio, el mirar para otro lado, la abstención, cuando no la negativa, del PSOE a apoyar los estudios necesarios para tranquilizar a los ciudadanos y evitar alarma social.
    En este contexto de impacto medioambiental hay que insertar el concepto desarrollo sostenible. Su definición se recoge en el principio 3º de la Declaración de Río de 1992, que se nutría del llamado Informe de la Comisión Brundtland: "...satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades". El desarrollo sostenible se ha de sustentar, por tanto, sobre tres pilares: el medio ambiente, la economía y el bienestar social. Las necesidades a satisfacer son la alimentación, la ropa, la vivienda y el trabajo, pues, en su defecto (que implicaría un status de pobreza galopante), estaríamos abocados a la catástrofe. Resulta esencial, en aras del desarrollo sostenible, la mejora de la tecnología y de la organización social, de forma que el medio se recupere al ritmo que la actividad económica lo afecte.
    Partiendo de lo planteado, uno se cuestiona la ética de ciertos dirigentes políticos, así como de la actitud de no pocos medios de comunicación, al respecto del longevo Polo industrial de Huelva (data de 1964), pero especialmente de los casos similares que planean sobre la provincia de Huelva. Por ejemplo, qué pasa con esa vía rápida que pretende seccionar la Sierra onubense, mientras la Junta de Andalucía parece fomentarla o mirar hacia las Batuecas. Y qué con el eterno debate sobre la comunicación terrestre con Cádiz, pues no se entiende que lo que se rechaza categóricamente en Doñana, se admita en el formidable y maravilloso paraje serrano. Mas acaso el ejemplo más revelador, por la intervención de agentes foráneos a Andalucía, sea el de la Refinería Balboa que el Grupo Alfonso Gallardo (con la posible colaboración financiera de BBVA, Iberdrola, Caja Madrid, Caja Extremadura y la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura) pretende ubicar en la Los Santos de Maimona, merced a la construcción de un oleoducto de casi 200 kilómetros que atravesaría la provincia de Huelva de Norte a Sur y, tal vez, de sur a norte. Los ecologistas están poniendo el grito en el cielo, pero yo ya les he recomendado que es preferible situar los pies en el suelo porque el "enemigo" es poderoso y dispone de alianzas importantes. Al respecto, ¿qué opina la Consejera Dª Cinta Castillo sobre el particular? ¿Qué relacion se establece entre el Grupo Gallardo y el periódico Odiel Información que dirige D. Eduardo Siles? Aunque, por ahora, no pueda responder con propiedad a estas dos cuestiones, sí les voy a dejar en compañía de las declaraciones que ha realizado la vicepresidente del Gobierno de España, Dª Mª Teresa Fernández de la Vega, y que recoge el diario ABC: "la voluntad del Ejecutivo es acelerar la tramitación del Proyecto de Refinería Balboa". ¿Concluyen, como yo, cuál es la posición de la Consejera Castillo y del periodista Siles? Pues eso.
    Un saludo.

    El acto despectivo protagonizado, pocos años ha, por José Luis Rodríguez Zapatero, entonces Jefe de la Oposición, al paso de la bandera norteamericana en un desfile militar de conmemoración, provocó una polémica que no se ha apagado todavía. Zapatero culpó al Presidente George W. Bush por su política bélica en Irak, como si la bandera fuese símbolo privativo de una persona y no de toda una nación. Pero Zapatero, aparte de su inveterada costumbre de culpar a todo el mundo de lo que él hace/no hace, es uno de los exponentes universales más claros del buenismo ramplón, posible reminiscencia de alguna frustración personal o probable resultado de un éxito jamás soñado. Y este buenismo es consecuencia, acaso, de su ignorancia supina en muchos temas y de su afición a dogmatizar todo aquello que le llega de sus más cercanos asesores, los cuales practican el sistema, tan antiguo como el mundo, de mostrar sólo lo que interesa por más que se falte de forma alevosa a la verdad histórica. O bien, es dueño de lo que se ha venido en denominar "cultura del Reader´s Digest", basada en el conocimiento epidérmico, superficial, tangencial, de los asuntos en tanto convierte al lector -por arte de birlibirloque- que aprende de memorias frases de autores famosos, en lector de sus obras completas.
    Por ello, considero que el Sr. Zapatero se mueve dentro de esta cultura dérmica y prueba de ello es su esperpéntica, vacua y pueril idea de la "alianza de civilizaciones". Nihil novum sub sole (nada nuevo bajo el sol). A fin de aclarar ciertas cosas, me remitiré a dos hechos históricos, entre los muchos existentes, que nos aleccionan en cuanto nos demuestran que un estadista es algo diametralmente opuesto a un hombre de partido, por más que ambos sean considerados políticos.
    El primero de estos hechos históricos se fecha en 1927, cuando se firma el Pacto Briand Kellog y los estadounidenses se empeñan en dejar fuera del mismo a España. ¿Ven ustedes, diría uno de los "alegraoídos" de Zapatero, cómo no nos quieren? La respuesta es infesta porque aquel Pacto perseguía declarar la guerra como acción ilícita, fuera de la ley; se trataba de un pacto manifiestamente pacifista, suscrito fuera del marco de la Sociedad de Naciones, tras la Primera Guerra Mundial. ¿Quién gobernaba entonces en España? El Jefe del Estado era el rey Alfonso XIII, pero el factótum fue el dictador Miguel Primo de Rivera, cuya cólera alcanzó altísimas cotas. ¿Podríase interpretar este desprecio institucional como una ofensa a España? En absoluto, porque los negocios se hacen cuando conviene a las partes y, en este momento, no interesaba a Estados Unidos la presencia española. Un estadista siempre busca los intereses de su país y al mismo subordina otros aspectos.
    El segundo hecho histórico se fecha en 1953 cuando el presidente Eisenhower firma con el dictado Francisco Franco los Acuerdos para instalar bases militares norteamericanas en España. ¡Cómo un demócrata puede hacer negocios con un dictador, bramaría enfurecido un clon de Zapatero! Negocio, puro negocio, asunto de Estado, nunca interés de partido. Por más que se opusieron a ese Acuerdo Francia y Gran Bretaña, Truman primero y Eisenhower después, se dieron cuenta de que el Plan Marshall (del que nunca se benefició directamente nuestro país, tal como recogió magistralmente Berlanga e interpretó de manera soberbia Pepe Isbert) podía llegar tarde, pero bien a España. Como se revelaba en un telegrama secreto remitido por el embajador Lincoln Mac Veagh, eran los norteamericanos los más interesados y ansiosos se mostraban por llevar el Acuerdo a buen puerto. Y así era porque Eisenhower, como antes Truman, perseguía un poderoso Frente anticomunista del que España podía formar una indudable vanguardia. En palabra de Escudé, las negociaciones hispano-estadounidenses fueron un modelo de patriotismo anclado en el reconocimiento de la asimetría de poder entre un Estado fuerte (y bien respaldado) y un Estado débil (encontrado en su soledad).
    El punto común a ambos hechos es la actitud política de los norteamericanos, sean del signo que sean y no importa la época en que se hallen. Lo que les importa es el Estado, la Nación. Es la posición de los estadistas. ¿Alguien cree que a Zapatero le interesa el Estado español más que su voluntad de ganar las elecciones para su partido? Yo no lo creo. El Estado es él y por eso no se levanta al paso de la bandera de Estados Unidos. Despreciaba a Bush y lo abandonó en Irak. Admira a Obama y lo deja tirado en Kosovo. Que la OTAN se fastidia, ¡a mí, plim! Zapatero y Erdogan: la alianza de civilizaciones. Dios nos coja confesados. Sr. Zapatero, que la paz no se hace con gestos, que Vd. no se entera o no se quiere enterar.
    Un saludo