EL PROBLEMA NACIONALISTA

 Porque es un problema. Que no es reciente, se sabe. Que viene de muy atrás, no se duda. Que había adquirido proporciones alarmantes con la primera y la segunda Repúblicas, claro es. Que en la dictadura franquista se amordazó sin dejar de existir, a la vista y al oído se ocultó. Que en nuestra democracia treintañera, la serpiente independentista ha recobrado bríos, basta con mirar las mordeduras venenosas vasca y catalana. Que la solución no es la represión violenta, lo suscribo. Que se precisa una mano de hierro legal en un guante de seda política, no dejo de admitirlo. Que la libertad de un pueblo no es incompatible a su propia seguridad, los más radicales han de aceptarlo.

 Por lo pronto, el ejército, a los cuarteles. La legalidad constitucional, como estandarte de las fuerzas armadas, pasa por garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Nada más y nada menos. La hora de los espadones pasó. La soberanía se dirime en las leyes y éstas, en las urnas. El poder civil es el poder legal. Los militares, a su sitio.

 Dicho lo cual, que se siga el camino constitucional. Que se siga, aunque moleste a los fascistas o a los totalitarios. Que se siga porque consagra un Estado libre, justo, igual y plural. Que se siga, porque hace recaer en el pueblo español la soberanía. Que siga, porque se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. La violencia, el terrorismo, la amenaza nacionalista, la vía de hecho, el silencio de los tribunales, son atajos ilícitos y antijurídicos.

 Los padres de la Constitución, plenos de consciencia jurídica e histórica, incluyeron un texto preventivo en el artículo 155. Se precisaba que, en caso de incumplimiento, el Gobierno puede adoptar medidas de reconducción a la legalidad y de protección del interés general. La ofensiva de los catalanistas, -rancios como Puyol, conversos de poder como Montilla, advenedizos sin ideología como Carod- y de los proetarras disfrazados de abertzales hiere la sensibilidad de los ciudadanos y vulnera nuestra Biblia laica.

 Que, acaso, no ha llegado el momento de invocarlo, resulta coherente. Mas ahí está. Enhiesto en su legalidad constitucional. Democrático. Lo que no es constitucional ni democrática es la actitud de los nacionalistas radicales que aquí ponen el huevo y allí la bomba, aunque sea dialéctica. ¿Y el Gobierno? A mentir. ¿Y el corifeo mediático? A justificar por arriba y a cobrar por debajo.

 Un saludo.