SUPREMA CRISIS

Como un dogma. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo considera la crisis económica como un hecho que no necesita demostración. Algo tan notorio que no precisa ser probado. Así lo dice la mismísima Ley de Enjuiciamiento Civil. La suprema crisis. Hemos tenido que lamer la maldita calle para que el Supremo admita las heridas en la lengua colectiva. Tarde, sí, pero peor sería que nunca se hubiera enterado.

 

Miren. Desde el año 2006, la banca española conocía perfectamente el poder del afilado cuchillo que cortaba la manteca del ladrillo. El negocio es el negocio al igual que la pela es la pela. Por tanto, silencio. Miles de incautos estaban dentro de las redes de los préstamos desmesurados y de las cláusulas abusivas. Dos o tres años más de recogida en los caladeros de la insolidaridad cívica y política proporcionarían excelentes dividendos a los modernos alarifes de la usura. La complicidad del gobierno de turno, en este caso el de Zapatero, era un factor decisivo en la consumación del fraude.

 

Los bancos concedían préstamos de ciento ochenta mil euros para comprar una vivienda que valía la tercera parte a un matrimonio sin más ingresos que los mil quinientos euros de salario del marido que trabajaba de encofrador en una empresa de construcción en quiebra. Si no quieres arroz, Catalina. Esta práctica se ejecutaba en un tiempo en el que la Banca conocía de primera mano la crisis que invadía al país y que no era ajena a los profesionales y entidades que estaban especializados en la construcción, los créditos y los asuntos económicos en general. Se constituía formalmente un préstamo hipotecario pero se hacía a sabiendas de la hondura material del mismo. Expresado en otros términos: la entidad sabía lo que prestaba y a quiénes lo prestaba. Y pese a ello, propiciaba lo que es todo un contrato de adhesión en el que la ignorancia de la parte más necesitada era pieza fundamental en el resultado. Resultado que se concreta en el descalabro como crónica anunciada.

 

La situación de abuso de derecho por parte del banco contaba con la complacencia del poder instituido. Esta trágica situación ha de ser tenida en cuenta a la hora de interpretar las normas vigentes pues, de conformidad con lo establecido en el Código Civil, las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”, lo que en nuestros días exige una clara visión pro ciudadano.

 

Hay que frenar los desahucios interpretados a la luz de la problemática generalizada. Pero no hagamos demagogia con la casuística. De la misma manera que se aplaude la supresión de la tarjeta del bonobús para jubilados con altas pensiones, hay que oponerse a que los más desvergonzados del patio se alineen en los barracones de aquellos que, sí, efectivamente, no pagan sus deudas porque quieren vivir de la miseria de los demás. Para estos alacranes sociales, qué digo desalojo de sus viviendas de ricos. Para éstos, inspectores del patrimonio. Víboras venenosas.

 

Un saludo.