LA FISCALÍA RECURRENTE

El Fiscal Anticorrupción ha presentado recurso contra la decisión de la Juez Alaya. Como no tuvo éxito su recusación, ahora recurre. Uno que creía que la Junta se bastaba con su imponente sistema de asesoría jurídica. Pues no. La Fiscalía acude en defensa de Griñán y de los suyos. Defiende y utiliza un argumento tan peregrino como inexacto: que la medida de la juez no es necesaria ni proporcional pues la Junta ha colaborado con la Justicia. Sic. Tararí que te vi, señor Fiscal, dicho sea con todo el respeto y siempre con ánimo de defensa de la realidad.

 

La Junta no coopera con la jurisdicción. Mucho menos actúa conforme a un mínimo sentido de justicia. Todos los litigios contenciosos que este articulista ha venido conociendo en los últimos siete años, por no remontarse más lejos, han tenido un elemento común: la obstrucción a los procedimientos. Obstrucción reiterada, pertinaz y dolosa. La Junta, a través de la Consejería correspondiente, ha enviado, tarde, el expediente reclamado por el tribunal. La Junta, a través de los funcionarios de turno, ha remitido la documentación mutilada. Una y tantas veces. De forma sistemática. Si el Fiscal ignora esta circunstancia, la ausencia de conocimiento de la misma, en absoluto baladí, no implica que el hecho vergonzante no sea una lamentable verdad.

 

Este articulista ha denunciado tantas veces la impunidad de ciertas autoridades de la Junta de Andalucía, tanto en sede judicial como en el seno del Ministerio Público, que estos señores y señoras que deben velar por la legalidad, se ciscan en ella. Como conocen que se pasan el castigo por la faja, ponen banderillas a la norma y estoquean al intérprete. Ya lo refería Banfield. Así que la primera premisa del señor Fiscal es más falsa que una moneda de palo. La Junta obstruye. La Junta silencia. La Junta mira hacia lado distinto del que conviene. La Junta se opone. La Junta es la máquina que todo pisa a y a todos arrolla.

 

Los hechos son tozudos. Y tan significativos los ejemplos como abundante la casuística. O es que el Ministerio Público puede pensar que tan poderoso órgano de poder desconoce la trama de Mercasevilla. O cabe en cabeza humana que organización tan formidable deje pasar desapercibida la actuación del señor Chaves como comisionista. O es de recibo que el expresidente de la Junta se enterase por la prensa de la corrupción derivada de los expedientes de regulación de empleo y que el señor Griñán nada supiese de los informes al respecto que le remitió ex profeso el Interventor. O entra en el terreno de lo creíble que las subvenciones finalistas concedidas a la mancomunidad del Andévalo no hayas sido reintegradas si no han servido para abonar los conceptos para los que fueron otorgadas. O la Junta también es inocente en la incoación de expedientes sancionadores a funcionarios a los que no se ha respetado la presunción de inocencia y se ha prescindido del trámite de audiencia. Por favor. Por favor. Y la voluntad de no investigar los EREs “muertos”, qué.

 

La actuación de la Juez Alaya es hasta tal punto necesaria y proporcional que descansa en la oportunidad cautelar de evitar cualquier alteración o destrucción de documentos. Y claro que es así. Este abogado ha puesto en conocimiento de la autoridad administrativa y de la judicial la presunta falsificación de documentos y el empleo torticero de actas en concursos de seleccción de funcionarios. Si el señor Fiscal permanece sentado en el caballo de la atalaya y de la dioptría, allá él con su responsabilidad y su conciencia. El Ministerio Público no puede caer en la trampa de considerar que todo el monte es orégano ni de que el vigilante de la norma debe ser, a su vez, supervisado.

 

En lo que respecta a la posibilidad de haber procedido a una incautación in situ o de una custodia directa, que acaso fuese lo más espectacular pero lo menos adecuado, se responde por sí mismo. El Honor. La Junta esgrime el honor de Chaves para no obedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Fiscal cree que nos hemos caído del guindo. Lo mismito piensa que de prudentes, somos cobardes y de respetuosos, tontos. No señor. Ni cobardes ni tontos. Pacientes. Cívicos.

 

La Junta debiera haber sido advertida a causa de la perversión de su facultad de autotutela. La Fiscalía tenía la obligación de haber estado pendiente de esta sarta de corruptelas continuadas. Lo de la toga y el polvo del camino queda tan sucio como parcial. Me quedo con la frase de Arenas: El Fiscal "ha de estar al servicio de la investigación, de la legalidad y la transparencia, no al servicio del Gobierno". Rubrico y sello.

 

Un saludo.