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Francisco Velasco. Abogado e historiador

JUSTICIA Y LEY

 

 Kelsen, uno de los grandes juristas del siglo XX, definió la justicia como aquello cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la Justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia. Justicia. Por su parte, la ley es un mandato o una prohibición que establece la autoridad competente, y que, de no cumplirse, comporta una sanción. Ley. El punto de conexión entre ambos conceptos es la necesidad de que la ley esté en consonancia con la justicia. En consonancia. ¿Y si no está? Ahí está la madre del cordero. Veamos.
 
  El Tribunal Supremo ha ordenado archivar la querella contra Chaves por el caso MATSA. Por unanimidad, al archivo. Muy bien. Se acata y punto. O se recurre y a esperar. Servidor no ha leído, aún, el Auto del Alto Tribunal. Desconoce, por tanto, su fundamentación. No obstante, este servidor sí conoce lo que el Código Penal explicita al respecto del delito de prevaricación. Y, miren, a tenor de lo que la ley prescribe, en virtud de los presupuestos de hecho de la propia demanda, a la luz de la jurisprudencia y a tenor de la realidad política que vive España, este que les habla, defiende todo lo contrario.

    El auto del Supremo puede basarse en una realidad ideal, mas no real. Real es que Chaves no se abstuvo. Debió abstenerse, pero no lo hizo. Si lo supo, se saltó la ley. Si lo ignoraba, es inexcusable. La realidad es tozuda. El derecho, también. Las interpretaciones, versiones son, por más que el exégeta sea el Plácido Domingo del Poder Judicial. Ideal es que la no abstención no comporte la anulabilidad de la concesión. Estamos hablando de Chaves en Andalucía. No de Chaves en el País Vasco. Ojo. Esa posibilidad es ideal, pero no real. El poder de Chaves en Andalucía ha sido casi omnímodo. Que el Supremo considere esa circunstancia como conjetura, quede constancia, pero las pruebas de su poder fáctico son innumerables.

    Que la resolución administrativa haya podido ser arbitraria, oiga, ha podido serlo. Si se aplica el "tertium comparationis", este leguleyo metido a analista no conoce un solo caso en el que la Junta de Andalucía haya subvencionado con tantos millones a una empresa de esas características. Ni un caso. Sin olvidar -el peso de la realidad nos encadena al suelo- la militancia socialista de los sujetos intervinientes. Esta afinidad, de tipo económico-ideológico, nos conduce a un nuevo precepto legal: el tráfico de influencias.

 Que se trata de un delito penal, no les quepa duda. Que la arbitrariedad está proscrita por la Constitución, tengan la certeza. Que el Supremo argumente como colofón del archivo la inexistencia de pruebas, me lo puedo tragar. Pero que el máximo órgano de la judicatura dude, sin rubor, de la capacidad de Chaves para imponer su voluntad, resultan de una candidez que mi aparato digestivo rechaza. Vamos, que me hace vomitar. ¿Qué pasará si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelve condenar al ex presidente -el rey de Andalucía, que le llamó algún chiquillo- por irregularidades en la concesión administrativa? ¿Qué pasará? ¿En qué lugar se colocará al Supremo?

 Vuelvo a Kelsen. La justicia de la democracia se alimenta de la fuerza del pueblo. Una fuerza que no nace de su soberanía. No. Esa fuerza nace de su realidad social, cultural, política y económica. Y si no se da a cada uno lo que le corresponde, es que o bien falla el poder o bien el pueblo ha abdicado de su soberanía. En ambos polos, concluiremos que la democracia no es tal, que la justicia, tampoco y que la ley es la norma que impone el tirano.

 Para comprobar si Chaves ha podido cometer, o no, algún delito en el asunto de las "Aguas Teñidas", hubiese bastado abrir diligencias previas. A partir de ellas, se hubiese podido entrever -sólo entrever- el fondo del litigio. El fondo. Así, ni siquiera la superficie. Y si tan convencida se halla la Sala de que los hechos denunciados son simples conjeturas, cabría pensar en la posibilidad de considerar la denuncia como falsa o temeraria. Cuanto menos. ¿O no?

 

 Demasiados interrogantes y ninguna respuesta. ¿Les suena? A mí, sí. La justicia debe ser ciega, pero no tonta. ¿O sí?

 

 Un saludo.

 

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