SOCIEDAD DE JUECES Y FISCALES

 

    Bordear la ley es un ejercicio de equilibristas. Muchos mantienen la estabilidad y, por milímetros, permanecen en la cara transparente. Otros, menos diestros o más arriesgados, quedan atrapados en la faz oculta. Los hay, la mayoría, que se postulan, sin necesidad de tentar al demonio, en territorio exclusivo de la legalidad.

 Me preocupa cómo el asociacionismo de los jueces y fiscales se puede convertir en un sindicalismo manierista o en un atajo a la política. La Constitución y la Ley veta a estos profesionales la pertenencia a un sindicato o a un partido, mas les permite acogerse al derecho de asociación de su artículo 127.1, con la única limitación de no poder llevar a cabo actuaciones políticas ni tener vinculaciones con partidos o sindicatos. Hasta ahí, las cosas claras. El asociacionismo profesional de la magistratura suple, de alguna manera, las carencias de libertad de la no sindicación, a fin de defender sus legítimas reivindicaciones laborales. La huelga es un derecho y una libertad no vetados, explícitamente, a estos colectivos.

La claridad se emborrona cuando algunas asociaciones toman posiciones políticas.  El reciente Auto del señor Varela, magistrado del Tribunal Supremo, sobre el posible procesamiento del juez Garzón, está propiciando un clima tempestuoso que afecta a la jurisdicción pero, sobre todo, al Estado de Derecho. Si ponemos en duda la seguridad jurídica consagrada en nuestra Carta Magna, apaga y vámonos. La prensa está poniendo de relieve este fenómeno. La prensa es el mensajero. No la matemos, pues. Sí reflexionemos sobre el papel de las asociaciones.

 Al respecto, la Unión progresista de Fiscales o la Asociación Jueces para la Democracia han criticado con dureza el Auto del señor Varela. Un servidor se ha leído con detenimiento el auto del magistrado del Supremo y, por ello, tiene conocimiento de causa. Ignora, sin embargo, los fundamentos de la crítica acerva de los fiscales. En cualquier caso, uno se pregunta hasta qué punto los fiscales pueden tener razón en sus argumentos y desposeer de la suya, por la propia fuerza del Derecho, a quien ha tomado la difícil decisión de dictar un Auto de procesamiento. Llama la atención, por otra parte, que el señor Conde Pumpido se haya manifestado, asimismo, en contra, sin que a él competa, y sí a la Fiscalía del Alto Tribunal, pronunciarse sobre el tema. Así, el Fiscal General condiciona a su inferior jerárquico en el informe no vinculante que deberá evacuar. Cualquiera puede pensar, a la luz de los embarradas togas de ciertos fiscales, que éstos se pasan el principio de legalidad por la suela del principio de obediencia. Con lo cual, ofrecen una imagen confusa, distorsionada y tendenciosa de la ley. En cuyo caso, se viene a la memoria la celebérrima frase del cachondeo de la justicia que se atribuye al ex alcalde de Jerez.

 Si la aplicación de la ley descansa en la subjetividad de intérpretes tan dispares, una de dos: o la ley es de una ambigüedad insufrible, o los jueces hacen de ella un sayo. En esta corriente inundadora, distinguiremos a los jueces como a los evangelistas. Unos evangelios son los admitidos en tanto otros, son apócrifos. Con la diferencia de que los Evangelios se quedan en la esfera privada de los ciudadanos y la ley obliga a todos en el ámbito público. De la lectura de un evangelio u otro se inferirá un posible pecado. De la lectura y ejecución de la ley con un exégeta o el contrario cabe que un ciudadano dé con sus huesos en la cárcel, pague una multa, deba indemnizar o sea inhabilitado.

 El espectáculo es penoso.  Todo un síntoma de parcialidad es que dos jueces de los autodenominados demócratas, Belloch y Alonso, hayan sido ministros con el PSOE en el Gobierno. Y que el mismo Garzón fuera de número dos de Felipe González en la candidatura de Madrid. ¿Recuerdan a Marino barbero? Se atrevió a investigar la corrupción socialista. Pasó el calvario. Murió. Ojalá que el magistrado Varela corra mejor suerte. Y es que, lectores, disgusta mucho a ciertos estamentos eso del juez predeterminado por la ley. Prefieren el juez designado a dedo por el Ejecutivo. Todo queda en casa. Lo dicho: de separación de poderes, ni mijita.

¡Qué vergüenza, madre, que vergüenza! ¡Qué espectáculo! Esto sí que es un reality show y no el de Gran Hermano.

 Un saludo.