EL AGUA, ESE BIEN ESCASO...
La Directiva 60/2000 de la Unión Europea organiza la gestión de las aguas superficiales , continentales, de transición, aguas costeras y subterráneas. A este fin, los Estados presentaron, cinco años más tarde, un cuádruple informe: de análisis de los rasgos de cada demarcación hidrográfica, de estudio de la incidencia de la actividad humana sobre las aguas, de análisis económico del uso de las mismas y de registro de las zonas que necesiten una protección especial. Acompañando a este informe se presentó un registro de todas las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano que proporcionen un promedio de más de diez metros cúbicos por día, o que abastezcan a más de cincuenta personas.
El presente año de 2009, los países miembros deberán presentar un programa de gestión y otro de medidas que partirá del informe precitado. ¿Qué se pretende con estas medidas?
Procurar que tanto las aguas superficiales como las subterráneas, así como las zonas donde discurren, se vean protegidas de vertidos contaminantes, y paliar los efectos de las sequías y riadas. Y esta procura ha de conseguirse en 2015, si bien es susceptible de modificarse. La Directiva pone especial énfasis en dos aspectos: de un lado, la consideración del deterioro como una infracción de la normativa si es provocada por causas humanas; de otro lado, la tarificación, de manera que el precio del consumo de agua comporte la exigencia de racionalización de los costes e incluso la sanción efectiva en caso de dispendios medioambientales.
¿Qué tarifas se aplican en España? Sea cuales fueren, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha observado diferencias de hasta el 346% al analizar las tarifas del suministro domiciliario de agua de veintiocho ciudades españolas durante los años 2004 y 2005.
En España existen tres modelos de gestión, el público, el mixto y el privado. En este sentido, Aguas de Huelva es una empresa pública municipal cuyo Consejo de Administración preside el popular Francisco Moro. La Mancomunidad del Aguas del Condado posee, asimismo, un modelo público de gestión. Sin embargo, la polémica por las tarifas del agua se ha desatado a raíz de la fundación de esta institución supramunicipal porque, como ha denunciado la parlamentaria andaluza Loles López, los valverdeños se han subido por las paredes ante la subida del recibo del agua en nada más y nada menos que un 37%. Uno se pregunta si este incremento de un bien tan escaso como imprescindible se compadece con los recibos de agua que pagan los habitantes de la capital onubense. De existir esa desmesurada desigualdad, nos encontraríamos ante un evidente impuesto adicional que los ciudadanos no tienen por qué soportar, a no ser que se establezca una indudable relación calidad-precio. Lo cual, al parecer, no se produce.
En esta guerra de acusaciones, hay que preguntarse quién rige Aguas de Huelva y quién la Mancomunidad precitada. En el caso de esta última, el presidente es Carlos Sánchez, reprobado ex alcalde de Bollullos, miembro del Partido Socialista. En el anterior, la gestión la realizan políticos del PP. Este articulista no quiere tomar parte en esta lid partidaria salvo que se cuantifique el precio medio (y se documente oficialmente) que paga un ciudadano de Aljaraque (Mancomunidad) y el que paga un ciudadano de Huelva capital (Aguas de Huelva). Si es verdad que uno paga casi el doble que el otro, yo me sentiría estafado y exigiría explicaciones. Con el agua no podemos hacer negocio ni fuentes de financiación de partidos, ni chiringuitos particulares, ni retiros privilegiados de polítiquillos ineptos, ni armas arrojadizas de unos contra otros. Cifras. Recibos. Documentos. Objetividad. Transparencia. ¿Se enteran? Pues eso.
Un saludo.
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