CANON DIGITAL Y TAL Y TAL

 El artículo 20 de la Constitución reconoce y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Se explicita, pues, un derecho fundamental que cubre las demandas de los autores que se sienten perjudicados por las descargas ilegales efectuadas en Internet. Para defender este derecho, se estableció un canon o tasa por copia privada para compensar a los autores por las copias que se hacen de sus trabajos. En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/1996 reguló esta pretensión compensatoria cuando el comprador de aparatos de reproducción realiza copias para uso privado. Esta tasa se cobra en España a los fabricantes e importadores, si bien la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también quiere embarcar en el tema a los distribuidores siempre que en la factura de sus proveedores no aparezca desglosado el importe de la remuneración.
 Hasta aquí, nada habría que objetar porque se legisla en torno a la defensa de un derecho fundamental de los incluidos en el "núcleo duro" de nuestra Constitución. Pero resulta que el artículo 24 de nuestra Carta Magna aparece con las tijeras de perfilar y explicita que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los que jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. En cuyo caso, la ley está dejando indefensos a todos los que compran un aparato de reproducción, por más que ni siquiera tenga en su horizonte realizar copia o descarga alguna. Es decir, se está sancionando con una tasa a miles de personas inocentes, desde el momento en que se presume su culpabilidad. Y esta lesión de un derecho es, sin duda, inconstitucional y recurrible de amparo. Ahí llegamos a la colisión estrepitosa.
 Resulta que este articulista quiere comprarle a sus padres un MP3, en el que almacenará las cien canciones más escuchadas por ellos. Estas canciones están integradas en sus antiguos discos de vinilo que compraron en sus años juveniles. Discos que fueron comprados legalmente y que, de forma legal, se van a almacenar en ese reproductor, sin más ánimo que el de escuchar las canciones en la soledad de su domicilio o en la serenidad de su paseo matinal. Y, sin embargo, este articulista ha sido coaccionado a pagar un canon por el MP3, pues la ley presume que lo voy a utilizar de manera ilícita. Ahí sí que no. La presunción de inocencia es un logro del Estado de derecho que no se puede lesionar bajo ningún concepto y, lo que es más exigible, que los poderes públicos no pueden admitir que se lesione. Pero se está lesionando y se está permitiendo esa lesión.
 Mis padres podrían, incluso, hacer una copia privada porque ha tenido acceso legal a la obra original y la hacen para su uso personal no lucrativo ni colectivo. De la misma forma que si graban una película emitida en la televisión, mientras no vendan o compartan esa grabación, cumplen fielmente la normativa. Resulta ilícito, esto sí, presuponer que la compra de soportes de almacenamiento de materiales protegidos por derechos de autor, constituya, a priori, un delito, y no me vale la excusa de que, si se demuestra la licitud de la compra, se alegue que la devolución de ese canon indebidamente cobrado, aún está falto de regulación legal. Indecente la posición del Gobierno.Yo reclamo mi inocencia cuando compro un CD. virgen y repruebo la conducta de quienes me obligan a pagar una tasa por si acaso delinquiera. Vaya usted a paseo. Si este articulista fuera sastre y comprara lotes de tela, el fabricante y el distribuidor de las mismas tendría que cobrarme un canon no fuera que me dedicara a copiar trajes de Versace, Armani o Dior. Repito: esto es un abuso.
 Con ello, no estoy alentando a rebelarme contra los derechos de autor, pues entre éstos me encuentro en base a los libros que he publicado. No. Estoy reclamando los derechos de los inocentes, que son cuestionados por la Ley y que son pisoteados por quienes tienen el deber de evitar esta situación más propia de Chávez que de un gobernante democrático. ¿O es que, como Felipe González, que fue quien parió la ley, y Zapatero, después, que la consolidó, necesitan tanto el favor de los "artistas" que se ponen como alfombras a sus pies, a sabiendas de que bajo esa alfombra están los derechos de millones de ciudadanos? Y lo de la señora González Sinde, nueva ministra de cultura, va en la dirección de la pregunta. Al respecto, no tengo dudas. ¿Y ustedes?
 Un saludo.