PEINETA A LA LEY

 

 

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A lo largo de mi vida, he contemplado todo tipo de aberraciones administrativas en Andalucía. El ciento y la madre. Nada me sorprende, pues, en este terreno. Sin embargo, los demonios me llevan como el primer día.

 

La última de la fila es la convocatoria de oposiciones realizada por la excelentísima –que no excelente- Diputación de Huelva. Este organismo igual te convoca una prueba de acceso con un perfil tan predeterminado que requiere licenciatura en Derecho, un año de residencia en Ohio, no en Nueva York, conocimiento del bable a nivel de lectura, cursillo de especialización en abono orgánico y una edad entre 32 años y 9 meses y 32 años y 10 meses. Normalmente la prueba es superada por un señor o una señora conocidos. Qué casualidad tan causal.

 

En este caso, la ilegalidad camina por el barrio de la nulidad. Diputación quiere convertir en funcionarios de carrera a un nutrido grupo de interinos y, con ese fin, actualiza una oferta pública de empleo correspondiente a nueve años antes. Los responsables del atropello conocen que su señor Zapatero, cuando era presidente del Gobierno de España, aprobó una ley que declaraba el plazo improrrogable de tres años para ejecutar dicha oferta. Tres años para llevarla a cabo so pena de decaer. Tres años.

 

Don José Martín, el rompedor de las finanzas aljaraqueñas durante el tiempo en que ostentó la alcaldía de aquella localidad con la infeliz cooperación de su buen amigo Sánchez Rufo, ha anunciado en rueda de prensa que las oposiciones serán convocadas pese a que la Ley dice cosa diametralmente contraria. Olé. Todo su argumentario se ciñe a lo que sigue: “no está el patio para paralizar procesos de fijación de empleo, en este caso de interinos que llevan muchos años trabajando en la casa”. Más olés. Este político nos descerraja la cabeza cualquier día con la excusa de que la vida no permite disensos ni contestaciones a la clase gobernante.

 

El Gobierno de la Nación, a través de sus representantes, dispone de dos salidas para hacer sentir su autoridad. La primera, impugnar la convocatoria. La segunda, interponer la correspondiente denuncia penal. Ahora bien: si prefiere que las aguas siga corriendo sucias, pues que mire a otra parte y que trate de engañarnos, una vez más, admitiendo que la voladura de la legalidad sea controlada y que haga el menor ruido posible. Total, el proceso es ilegal pues qué más da que la metástasis alcance todos los órganos vitales del cuerpo político. Si, al cabo, hoy por ti y mañana por mí.

 

De esta manera, España se parecerá más a Venezuela, a Cuba y a otras repúblicas bananeras. Para qué sofocarnos con estos comentarios medianamente ácidos. Si los hijos de la madre patria se comportan de esta guisa, la progenitora no los va a dejar en fuera de juego. Que viva España.

 

Un saludo.