INCOMPATIBILIDADES

 

 La defensa de los derechos es, en sí mismo, un valor incuestionable. Los derechos han de ser universales. En caso contrario, estaríamos lesionando el artículo 14 de la Constitución que adjetiva a los demás derechos fundamentales que conforman el núcleo duro de nuestra Carta magna. Igualdad que nos permite ser libres y libertad que se disfruta porque somos iguales. Es así y el que no quiera entender, se confunda solito.

 

La Ley 53/1984 regula el régimen de incompatibilidades. Acaso el quid de esta regulación específica radique en la exigencia a los funcionarios de un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, como muestra de solidaridad, de moralización de la vida pública y de eficacia de la Administración. Dura, sed lex. Dura, pero es la ley.

 

De la voz cantarina de Rosa Díez ha resurgido el debate sobre las pensiones vitalicias del los expresidentes del Gobierno de España. El grupo de UPyD pretende declararlas incompatibles con la percepción de retribuciones procedentes del sector privado. Lo cual me parece bien. Bien pero moderadamente. Ni públicas ni privadas. O pensiones u otras remuneraciones. A elegir.

 

Me resulta inaceptable que en esta España de dos mil doce, afectada de un gravísimo problema social y económico, y hundida en la espesura selvática de más de cinco millones de parados, los poderes públicos disfruten de ingresos millonarios al tiempo que el nivel de pobreza se convierte en boca de ogro que devora a los más desvalidos. Inaceptable y reprobable. Ni siquiera se debe contemplar el debate. La singularidad de los personajes no es excusa para escarnecer a la pluralidad del pueblo.

 

Fallecido Calvo Sotelo. Ensimismado Suárez en la materia gris de su cerebro. Nos quedan Felipe, Aznar y Zapatero. Tres que tres son. Sus pensiones como expresidentes deben ser incompatibles con sus funciones en el Consejo de Estado y con cualesquiera actividades de lucro ocasional provenientes de intervenciones en empresas privadas. En cualquier caso, si quieren renunciar a las pensiones, libres son de hacerlo. Siempre les quedará el ingreso no estatal. No caben descalificaciones de demagogia ni de populismo a quienes se plantean con seriedad el tema.

 

La autoridad del gobernante se cimenta en la categoría humana de sus propios actos. La autoridad es poder, influencia, liderazgo y también competencia. Es prestigio ganado a base de capacidad y eficiencia. Es el respeto hacia las leyes y las normas en vigor.

 

De lo contrario, el abuso. La investidura de poder se materializa en actos que causan agravios materiales o morales a las personas. No caben distinciones en derecho. Menos todavía si las diferencias acentúan las desigualdades que sangran el cuerpo social en épocas tan críticas como la que atravesamos.

 

Incompatibilidad. Pensiones, sí. Pero igual trato que a quienes las perciben inmensamente más magras.

 

Un saludo.