LA SENTENCIA PARABELLUM

 

 

Oigan, es que no quepo en mí de indignación. Es que trato de encontrar el ovillo de la ley en la sentencia de la Audiencia Nacional y no hay manera. Lo de colaborar con banda armada es delito según quién lo cometa. Bomba lapa al principio fundamental de igualdad ante la ley. Si los autores son policías al servicio del siniestro régimen de Zapatero y de Rubalcaba, entonces no hay tal. Si se perpetrare en tiempos de Aznar o de Felipe, al trullo con ellos. En nuestros días de desorden y de relativismo morales, se trata de un acto de heroísmo que enaltece a los servidores públicos del político privado a fin de que la negociación con los etarras fructifique en un proceso de paz de cementerios y en una bajada sincronizada de pantalones y de faldas ante las hordas que amenazan la convivencia en nuestro país. Pues nada, que muy bien, que así nos luce el pelo y que así, un cualquiera como el tal Albert Pla puede decir, con absoluta impunidad, que le da asco ser español.

 

La banda terrorista manda en el País Vasco. Si no se lo creen, den una vuelta por el territorio y verán lo que vale el peine de la ametralladora asesina. Tienen a la gente acongojada. Los lobos hacen su campaña devoradora con  la carne servida en bandeja de iniquidad por los que deben velar el cumplimiento del bien común.

 

La policía tiene un  marrón imposible de solventar. Los agentes que se pliegan al poder político del gobierno de turno reciben un trato diferenciado de quienes cumplen rigurosamente con su obligación. Ya me imagino a un infiltrado de las fuerzas de seguridad en las filas de ETA descubierto en el cumplimiento de su servicio. Se le puede caer el pelo y perder todos los dientes. Por la misma razón, Galindo, Amedo y otros compañeros del GAL, liberados de toda responsabilidad en cuanto pretendían poner fin al proceso de matanza indiscriminada por parte de la banda criminal.

 

Pero es más, cómo se digiere la declaración de no colaboracionismo con los asesinos y, sin embargo, se admite la revelación de secretos. El chivatazo se sustenta, sobre todo, en razón de los beneficiados por el mismo. Si no, de qué. Ahora resulta que el proceso político de lograr el cese de la actividad de ETA es la coartada del tribunal para absolver a los acusados. Tiene narices.  Si así fuere, por qué los dos altos cargos sentenciados no quieren dar el nombre del gobernante que les ordenó esa misión. Total, eran unos mandados al servicio del Estado. En cuyo caso, que salgan Rubalcaba y Zapatero a asumir la autoría de la orden y, a continuación, ofrézcase a los dos policías la gran cruz de oro al mérito de la nación.

 

Como para fiarse de la justicia española. Al menos, de algunos y de algunas jueces.

 

Un saludo.