LA POLI SE QUERELLA CONTRA CONDE-P.

 Lo he comentado en otro artículo del blog. Las declaraciones del Fiscal General del Estado contra la Policía española eran graves y desproporcionadas. La querella subsiguiente me parece oportuna, necesaria, imprescindible. Por injurias y calumnias.
 Los sindicatos policiales acusan a Conde Pumpido de dos presuntos delitos. Uno, de calumnia, en tanto el Fiscal (oigan que es el Fiscal General, no un mindundi) acusa a estas fuerzas de seguridad de haber cometido un delito, a sabiendas de la falsedad de esa acusación. Como Fiscal, debe regirse por el principio de legalidad y, de sustentar con rigor su acusación, debiera haber arremetido legalmente contra los supuestos delincuentes. No lo hizo, se limitó a declarar, así de pasada, como una Belén Esteban contra una María José Campanario, que la policía no propocionaba información de interés y, sin embargo, sí se la facilitaba al Juzgado de Garzón. Ahora, Conde Pumpido deberá acreditar que sus acusaciones se hallan aureoladas por la "exceptio veritatis". El otro presunto delito es por injurias, en tanto se ha podido lesionar la dignidad de miles de personas, agentes de policía, a los que se ha perjudicado en su reputación y a los que se ha lesionado su auto estima. Como el Fiscal General (¡qué desatino!) ha dirigido su acusación contra unos funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, tendrá que hacer valer que sus palabras son ciertas para verse libre de toda responsabilidad penal.
 En cualquier caso, prospere o no la querella, el asunto chirría como apuntamos al principio. ¿Por qué? Porque si nos atenemos a la Ley 50/1981 (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), en su artículo 6 se explicita que el Fiscal se sujetará a la Constitución, a las leyes y normas del vigente Ordenamiento y dictaminará, informará y, en su caso, ejercitará las acciones procedentes. ¿Entonces? Que el Fiscal General no actuó conforme a derecho al no adoptar medidas legales para erradicar supuestas omisiones de los policías. En este punto, el artículo 124 de la Constitución insta a la Fiscalía a promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. En vez de hacer lo que debía, al Sr. Conde Pumpido no se le ocurre otra cosa más improductiva que recriminar a la policía, en los medios de comunicación, determinadas actuaciones antijurídicas. ¿Qué pensará la ciudadanía si la acusación proviene de tan alta jerarquía de la Justicia? ¿Cómo actuaria el Fiscal si alguien le reprochara en público que sólo actúa cuando interesa al Partido del Gobierno y se esconde cuando perjudica a la formación política que avaló su nombramiento para el cargo que ocupa? Para echarse a temblar. Con independencia del desarrollo del proceso, el sr. Conde Pumpido ha perdido los papeles. Totalmente. Tirito de vergüenza ante tanta inseguridad.
 Un saludo.