ZAPATERO Y JUEZ

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 El affaire Dívar provocará ondas expansivas de presumible respuesta. Los psoecialistas se creen que todo el monte es orégano. La bula acusatoria se vuelve contra los privilegiados y el efecto boomerang ha dejado numerosos lisiados por causa del exceso de confianza.

 

Un juez de Madrid ha admitido a trámite una denuncia contra Zapatero y Salgado y ha abierto diligencias previas. De Islandia a España, tantas diferencias y algunas realizaciones en común. La crisis va a hermanar a los que fueron primeros ministros de ambos países, Haarde y ZP. Hermanados en las querellas, emparentados por las causas de las mismas y afectados por la analogía de su horripilante política.

 

Los presuntos delitos se concretan en falsedad de documento público y en daños a la economía nacional. A simple vista, ambos hechos son legibles en cualquier hemeroteca y audiovisualizables en cientos de videos de telenoticias. Desde una perspectiva jurídica, su consideración como delitos es otro cantar. La lectura de dichas actuaciones como irresponsables sí se adentra en un marco más estricto. Dívar pudo gastarse unos cuantos miles en Marbella y librarse de procesamiento por la sencilla razón de que si sus vacaciones en el mar no estaban prohibidas y se movía en el seno de la regulación en blanco de la dación de cuentas, el gasto no entra en el tipo penal ni siquiera en el de infracción administrativa. Lo cual no le exime del fango de la moralidad personal, de un lado, y de la ética presidencial inherente al ejercicio de tan elevado cargo institucional, por otro.

 

A Zapatero puede serle aplicable lo anterior. Aplicable, salvo que se demuestre la existencia de “animus defraudandi”. Lo cual está por ver y será bien difícil de demostrar a poco que la defensa airee los centenares de criterios divergentes de economistas eximios.

 

Por esta razón, las herencias políticas pueden ser bombas de relojería que estallan con efecto retardado. Resulta difícil mantener eternamente una mentira. Este principio se proyecta a Rajoy como afecta a cualesquiera responsables de cargos públicos que aceptan el barro de sus antecesores como un chaleco de lastre. Y no es así.

 

Si en un órgano ejecutivo o consultivo, de naturaleza vinculante, o no, pero que pudiera quebrantar la ley y perjudicar a terceros, los miembros de ese Consejo no se oponen y así lo hacen constar, adquieren la misma responsabilidad que aquellos que secundaron la propuesta ilícita.

Zapatero deberá defenderse ante la jurisdicción. Esperemos que lo haga mejor que ante el cuerpo electoral. Al fin y al cabo, el pobre no dio más de sí ni se puede estirar su capacidad de decir la verdad. Va con el partido. El suyo.

Un saludo.