COLAPSO

 

 El consejero De Llera dice lo que no debe y debe lo que dice. Sus polémicas declaraciones sobre diversos temas de actualidad lo han convertido en foco de la noticia. El exfiscal ha dado muestras de agradecimiento a su mentor político al erigirse en fáctico abogado defensor de las causas perdidas de la Junta de Andalucía.

 

Cuando los medios denuncian el colapso de la justicia española, en Andalucía la situación llega a ser límite. Mira que las malhadadas tasas del ministro Gallardón están haciendo daño. Mira que los recortes del Gobierno están afectando a los servicios sociales. Mira que el derecho constitucional a la justicia gratuita hace aguas. Mira que los pagos a los abogados del turno de oficio están llegando tarde y mal. Mira que.

 

Miren y escuchen. La mismísima Comisiones Obreras, una de las “bien pagás” por la Junta, ha denunciado que la Consejería que lleva De Llera está empujando a los juzgados andaluces al colapso total. A título de ejemplo, de las 24 vacantes existentes en Huelva, sólo se han cubierto 5. Cómo no será el retraso, que los juicios de lo social relativos a despidos se están señalando para dentro de un año y en lo que concierne a demanda sobre reclamaciones de cantidad, ni les digo.

 

No sólo no se cumple el compromiso de mantener el empleo público. Es que se está alentando una justicia lenta que, por el mero hecho de serlo, aleja las cualidades que debe adornar a la justicia. De Llera ni se inmuta. Lo mismo confía en que las tasas gallardonescas disuadan de una vez por todas a los ciudadanos de recurrir a la Administración. En cuyo caso, mataría dos pájaros de un tiro. De una parte, ahorraría a su empresa el pago de los salarios de los funcionarios. De otra, tendría nuevos elementos de acusación al PP como consecuencia de su aberrante política de recortes.

 

La percepción general del ciudadano común revela una imagen negativa del sistema judicial español. En encuestas recientes, 8 de cada 10 ciudadanos han coincidido en afirmar que la Administración es tan lenta que siempre que se pueda, vale más evitar acudir a ella. Entonces no se conocía el maléfico influjo de las tasas. Ahora, a la lentitud hay que agregar el precio. Si encima echamos fuego al aceite, la Consejería elimina puestos de funcionarios y de jueces. Así, las subvenciones a los amigos no experimentarán mengua y las corruptelas se beneficiarán de las dificultades de los denunciantes.

 

Lo que digo, destrucción institucional, paralización, deformación de estructuras, extrema postración. Colapso. Todo muy edificante.

 

Un saludo.