Y TÚ MÁS...

La prensa de Huelva se hacía eco, ayer, de la denuncia interpuesta por un conocido abogado en nombre de los partidos que conforman la Oposición al PSOE en el Ayuntamiento de Cartaya. ¿Cuál es el objeto de la denuncia? Según Miguel Ángel Gea, concejal de Izquierda Unidad en el Consistorio cartayero, la comisión de presuntos delitos relacionados con el dictado a sabiendas de resoluciones injustas, con la ordenación del territorio, contra el uso ilícito de dinero público, contra la Administración Pública, etc. ¿Qué hechos ha podido cometer el grupo de gobierno del municipio para hacerse merecedor de una tan grave denuncia? Al parecer, el objeto de litigio tiene que ver con el desarrollo urbanístico de unas dos hectáreas (alrededor de 20.000 metros cuadrados) en la barriada de El almendral, que han sido vendidas a una empresa privada por un precio notoriamente menor al del mercado, y por el que se han podido beneficiar distintas personas muy vinculadas a los responsables de ese Ayuntamiento.

 Según el edil Gea, parece ser que uno de los denunciados, arquitecto de profesión, valoró por encargo municipal los precitados terrenos en un millón trescientos setenta mil (1.370.000) euros. Esta valoración se efectuó hace 4 años. Con posterioridad, concejales de la Oposición encargaron una nueva tasación -visada por el Colegio de Arquitectos-, que cifraba en el triple (unos cuatro millones y medio de euros) el valor de mercado de la mencionada extensión. La mitad de estos terrenos pertenecía al Ayuntamiento, el resto a propietarios privados. Alguien podría argüir: -¿por qué la denuncia no la han puesto también estos propietarios? Según las fuentes consultadas, el suelo de éstos se valoró el doble que el municipal. En estos casos, hay que preguntar siempre el "cui prodest", es decir, a quién beneficia la operación. En palabras de los denunciantes, a una empresa constructora de San Juan del Puerto, que se ahorró una importantísima cantidad, y al propio arquitecto que tasó el suelo en cantidad tan exigua y en cantidad distinta según el origen (privado o público) de la propiedad. -Pero el arquitecto ha podido realizar una simple estimación, susceptible de ser seguida o rechazada. En efecto, mas la cosa se complica si tenemos en cuenta que este arquitecto pudo ser el mismo que redactó y dirigió para la constructora susodicha el correspondiente proyecto de edificación de viviendas y quizás el mismo profesional que proyectó la vivienda particular del sr. Novoa, poderoso concejal socialista de Cartaya.
 -El PSOE sabrá defenderse, estoy segura, me comenta una atormentada militante de ese partido. Sin duda, para eso vivimos en un Estado de derecho. Le bastará mostrar y demostrar que la denuncia es falsa o que los hechos son fabulados o que los documentos que manejan los denunciantes han sido falsificados,...
 Lo que no debe ser es poner en marcha la táctica del ventilador, el "y tú, más...". Así, el equipo de gobierno ha señalado que las denuncias son "totalmente infundadas y responde únicamente a la frustración y el odio visceral y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la oposición para restituir su buen nombre". En el mismo sentido y tono, el PSOE de Huelva criticó la "actitud canallesca y despreciable" de la oposición de Cartaya. Item más: Manuel Domínguez, secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE, ha declarado que la denuncia no es sino "una campaña de desprestigio y una guerra sucia de temas personales más que políticos (...) con la intención de desviar la atención de la aprobación de estatutos de la nueva Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva", cuyo presidente, -oh, casualidad-, es el mismísmo sr. Novoa. Aparte de las mencionadas descalificaciones (que recuerdan los puñetazos al aire que suelen dar los boxeadores casi noqueados), me quedo con unas palabras realmente constructivas: "quedará claro que es falso y se demostrará con documentación".

  Otra acción que los denunciados pueden llevar a cabo es interponer de inmediato una querella por injurias y calumnias. Es lo que este articulista haría. Ellos deben saber que la querella nunca prosperaría si se demuestra que se cumple la "exceptio veritatis". ¿Por qué no la interponen si están seguros de la falsedad de los hechos? Pongan todo su empeño en defender su derecho al honor.

Un saludo.