EL PALACETE DE PSOETRONILA

En 1995, el gobierno de Felipe González se hallaba en plena caída libre, a causa, en gran medida, de los escándalos de corrupción que provocaron casos como Filesa, Fondos Reservados, Luis Roldán, BOE y un largo etcétera. Tal era el cúmulo de irregularidades económicas, que el entonces Presidente del Gobierno impulsó la promulgación de la Ley de Contratos. La nueva Ley se marcaba un objetivo, el rechazo de la contratación directa, y un principio, la exigencia de transparencia.
En 2007, tras el paréntesis de las dos legislaturas de Aznar, se promulgó la denominada Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 85 de esta ley asevera que los contratos de las entidades públicas, por ejemplo las Diputaciones, deben regirse por la necesidad y la idoneidad. Pero en este punto, precisa literalmente: "sólo los necesarios para cumplir y realizar los fines institucionales (...no arbitrariedad). Y para ello requiere determinarse con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento de adjudicación".
En 2009, los medios de comunicación de nuestra provincia, -aunque algunos miran hacia Cuba- se hacen eco de una noticia que a más de uno ha sorprendido notablemente: la adquisición, por parte de la Diputación Provincial de Huelva, de un hermoso edificio modernista, sito en la Plaza de las Monjas, para convertirse en nueva sede o subsede de esta institución supramunicipal a la que no pocos denominan Ayuntamiento de ayuntamientos. Al respecto, este articulista se cuestiona aspectos diversos como los que siguen:
1.- En orden a la iniciativa de adquisición, ¿es cierto que ésta se tomó el pasado año y, sin embargo, no se dio a conocer hasta que El Mundo Huelva Noticias y Huelva Información la publicaron recientemente? De ser así, ¿en qué se queda la transparencia de la Presidente Dª Petronila Guerrero?
2.- En orden a los detalles de adquisición, ¿es verdad que se ha realizado mediante arrendamiento del edificio? De ser así, uno no entiende que en plena recesión económica, con cerca de cincuenta mil ciudadanos de Huelva en paro, ante un oscuro horizonte social que se nos avecina, la Diputación realice una actividad administrativa de esta índole que, a buen seguro, comportará un coste de miles de euros (millones de pesetas) que habremos de pagar los contribuyentes. ¿Por qué, al menos, no se ha adquirido en propiedad este bien inmueble y la provincia engrosa su Patrimonio monumental? ¿Dónde radican la necesidad y la idoneidad?
3.- En orden al procedimiento a seguir, las preguntas se suceden aunque las respuestas sean silencios reiterados porque, como dice el Sr. Caraballo, Vicepresidente de la Diputación, antiguo empleado de caja de ahorros en Chucena, a los ciudadanos no les interesa este tipo de asuntos. ¡Qué rostro el del Sr. Caraballo! Así, yo le plantearía cuestiones como las que les enuncio: ¿El importe supera los 6 millones de euros?, ¿las obras de remodelación las ha hecho la propia Diputación o han sido previas al presunto arrendamiento?, ¿se han licitado estas obras de remodelación?, ¿y los contratos de suministros de bienes muebles y de material informático?, ¿se ha tenido en cuenta que la persona física o la sociedad a la que se ha arrendado cumple todos los requisitos que marca la Ley de 2007?, ¿existía alguna relación de amistad, de afinidad ideológica o de cualquier otro tipo entre los tasados en la Ley de Procedimiento Administrativo, entre la parte arrendadora y la parte arrendataria?... Son tantas las preguntas que no hallan respuesta, que uno se malicia lo peor. Pero, en principio, la legalidad no se presume, como se sospecha del interés público, de la eficacia y de la rentabilidad, de la libre concurrencia y de la objetividad. Incluso de la buena fe y de la seguridad jurídica.
    En cualquier caso, termino con una penúltima duda: ¿por qué no han adquirido un inmueble o en su defecto, por qué no lo han construido en la calle Gonzalo de Berceo y alrededores, o en El Torrejón, o en la barriada de Pérez Cubillas, entre otros enclaves de la ciudad, para desarrollar con la misma dignidad las funciones que quieren llevar a cabo en el centro histórico de la capital? ¿O es que Dª Petronila y su Junta de Gobierno consideran que estos lugares no son los adecuados para tan alta torre y tan encumbrados personajes neoseñoritingos? No confío en la declaración oficial. Nos mantendrán en el ostracismo informativo. Como en Cuba. Como en las dictaduras de derechas y de izquierdas. ¡Vaya por Dios!