SANIDAD PRIVADA

 

 Todo un síntoma. Nos defendemos con la izquierda y golpeamos con la derecha. Salvo que seamos zurdos. La eterna canción entre lo público y lo privado desafina. Ya la interprete el médico de la Seguridad Social o lo haga ese mismo galeno en su rol de especialista con consulta privada. Todos alabamos los medios tecnológicos y humanos de los hospitales públicos y no dudamos en increpar a sus directivos cada vez que visitamos Urgencias o acudimos a ver a algún paciente.

 

El mes de enero es el período de cambios en la sanidad privada. Las compañías de seguros médicos se enfrentan por el trozo de melón que les corresponde en la oferta de la mutualidad de funcionarios civiles del Estado. Entre los activos y los integrantes de la clase pasiva, casi tres millones de españoles deciden, sin presiones, que las prestaciones sanitarias sean realizadas por entidades privadas. Apenas un quince por ciento de entre ellos se decantan por la sanidad pública. El tema es peliagudo.

 

Como resulta que nadie da duros a pesetas y las patadas en el propio culo sólo suelen producirse en momentos de enajenación mental transitoria, habrá que concluir que algo falla en la Seguridad Social si, existiendo alternativa, la inmensa mayoría se guarece de las enfermedades en el territorio de la medicina privada. Pocos funcionarios se han arriesgado a cambiar el modelo de sistema privado por el público. Muy pocos.

 

La elección de médico, la inexistencia de listas de espera y el ahorro presupuestario son tres puntadas con grueso hilo que realizan los que optan por este tipo de asistencia médica. Si nos atenemos a las cifras estadísticas, los únicos funcionarios que eligen la seguridad social son los que trabajan en ella y sus propios familiares. Y no pocos de esos trabajadores estatutarios realizan actividades particulares en consultas propias una vez acaban su horario oficial. Y no es que los funcionarios renieguen de los servicios públicos, que también, sino que reciben servicios imposibles en el sistema estatal y contribuyen a un ahorro extraordinario al sistema sanitario.

 

Si los españoles tuvieran el derecho a elegir entre sanidad pública y privada, optarían por el mismo camino de los funcionarios. Algunos protestarán el privilegio de éstos y la discriminación de aquéllos. No es así. A los empleados públicos se les descuenta de sus nóminas y de sus declaraciones tributarias. Al resto, sólo de sus impuestos.

 

A los defensores a ultranza de lo público, les pregunto, antes de comenzar cualquier debate. ¿Han suscrito fondos privados de pensiones?, ¿abonan cuotas a entidades médicas privadas?, ¿matriculan a sus hijos en centros educativos públicos? A partir de sus respuestas, la diatriba se encauza en las circunstancias personales.

 

Vivir para ver, sí. Pero ver lo que hay que vivir, también.

 

Un saludo.