EL DIMISIONARIO IMPOSIBLE

 

El señor presidente de la Junta de Andalucía puede ser el padrino de una organización mafiosa si se cumplen las previsiones de los abogados que intervienen en el escándalo nacional de los EREs. En 2008, que ya ha pasado un quinquenio, rubricó, de puño y letra, unos presupuestos autonómicos por los que se autorizaba incrementar el fondo de reptiles, -en lenguaje técnico difuminador, partida 31-L-, en doscientos millones de pesetas.

 

En este sentido de responsabilidad, la firma del gran jefe del psoecialismo español autorizó el desvío, mediante transferencia, de una partida destinada a desempleo a otra partida –de nuevo la 31L- para prejubilaciones. Y como no tenía plena certeza de su intervención inmaculada, se recurrió a una de las empresas públicas –Agencias  las llaman, de agenciarse, de procurarse con maña- creadas para eludir controles administrativos. De esta manera, los millones volaban desde las arcas públicas a paraísos particulares de aseguradoras ladronas, de funcionarios indecorosos, de sindicalistas obscenos y de gobernantes sin escrúpulos. Ahí es nada.

 

Mercasevilla –Sevilla merca- fue la palanca que descorrió el telón de acero de la gran estafa. A poco que se descubrió el pastel, los sicarios que nos gobernaban pusieron en marcha el plan B para casos de emergencia. Se interpuso una denuncia de pitiminí para salvar los muebles y, a continuación, ipso facto, se levantó el muro de obstáculos burocráticos a la justicia.

 

Con ser nauseabundos los casos Gürtel y Bárcenas, el caso Griñán/Chaves –que éste no se puede ir de rositas- es la coronación de la perversidad. Los golfos que se amparaban en el Pp no dejan de ser unos sinvergüenzas que se aprovechan del partido y que sirven los intereses de algunos desgraciados –muy ricos- de esa formación. Sin embargo, los canallas implicados en los expedientes de regulación de empleo rizan el rizo de los crímenes organizados. Utilizaron a trabajadores como cabezas de turco, para ingresar en sus colchones de seguridad cantidades millonarias robadas a los desempleados. A este fin, no sólo desinflaron las ruedas del derecho administrativo, sino que instalaron una gigantesca carpa de distracciones varias para garantizar su impunidad.

 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no se caracteriza por su beligerancia hacia la Junta, recoge en su fallo que se han saltado los controles de legalidad y que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento. Anda, eso lo sabe la ciudadanía sin necesidad de escarapelas judiciales. Lo que debería hacer el Alto Tribunal es reclamar, a la voz de ya, la remisión del expediente completo y mostrarnos que la justicia no oprime a los débiles y protege a los fuertes. Si Griñán no fuera quién es y la Junta no estuviera en las manos de quiénes está, el muchacho dejaría de decir mamarrachadas y pondría manos a la obra para que todos, desde el primero hasta el último, cooperara de verdad en el esclarecimiento de los hechos.

 

Griñán es un ejemplo de cómo no debe actuar un gobernante honrado. Menos declaraciones inconsecuentes y más actos leales. Cualquier demócrata hubiera dimitido desde el primer momento. Griñán, no. Es el dimisionario imposible. So pena de acabar en la cárcel. Y claro, no hay plazas suficientes en los centros penitenciarios para acoger la interminable procesión de manchados por la cosa. Común.

 

Un saludo.