EL RIESGO

 

 A vueltas con la (in)dirigencia de la Junta del Psoeandalucía. A la entrada y a la salida. Las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y seis días entre años bisiestos. Con la misma facilidad que mienten, meten la pata y la mano. Especímenes únicos de una cuatrebanda.

 

La penúltima es lo de la autotutela. Vamos a ver, autotutela es la prerrogativa de la Administración por la que es el ciudadano disconforme con sus decisiones el que debe impugnarlas ante los tribunales. Si no lo hace, los actos administrativos son absolutamente válidos, obligatorios y eficaces. En este sentido, la autotutela que desarrolla el (des)gobierno andaluz puede llegar a ser objeto de tanto abuso que los tribunales no dan abasto a miles de recursos. Es más, parece ser que el propio Tribunal Constitucional ha destacado que ciertas técnicas de autotutela pueden ser inconstitucionales. De ahí que cuando la autotutela tenga carácter sancionador o ejecutivo, deba interpretarse de forma restrictiva, pues ha ocurrido, y ocurre, que los máximos (ir)responsables de la Junta llegan a coaccionar bajo amenaza de males personales y profesionales de difícil reparación moral.

 

Me sé de una funcionaria de probada honradez y de intachable conducta que sufre los rigores malignos y manipuladores de una Inspección de servicios a la que molesta la categoría profesional de la trabajadora. Una entre un elenco de mujeres extraordinarias en el desarrollo de su puesto laboral. La superioridad utiliza la autotutela como un arma incendiaria que aniquila al disidente, al discrepante, al sobresaliente y al terete. La (pseudo)dirección de la Junta se aprovecha de su fuerza y sacude al que se atreva a rechistar o a estornudar. Es el síndrome de los "espaldas ciclistas", que se agachan ante los fuertes pero dan patadas en los pedales de los más débiles. Hasta que surge el francotirador, el outsider o el ejército bien pertrechado. A partir de ahí, los lloros de impotencia de los tuteladores.

 

El caso de Bolidén, la multinacional sueca, es clarividente. Mira que lo tenían fácil. Para que la empresa responsable de los vertidos en Aznalcóllar restituyese o reparase lo destrozado, la (dis)Junta no tuvo mayor ocurrencia que esgrimir su fusil de autotutela a sabiendas de que carecía de esta competencia para este tema. Si los servicios fúnebres, digo antijurídicos, de la (arre)Junta ignoraban el dato, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ocupó de que lo supieran a través de una Resolución -¡de 2004!- contundente. Con todo, los de Chaves, como los que cuando cogen una vara no se detienen hasta que la dejan totalmente pelada. A pesar de la parte dispositiva del TSJA, recurrieron al Supremo. Y el alto tribunal ha dictado un Auto -¡en 2011!- remarcando la incompetencia de la (contra)Junta.

 

El señor Mario Jiménez, uno de los mayores trepas políticos que ha parido nuestra Autonomía, perito en descalificaciones y doctor en carencias universitarias, ha declarado al respecto que “es inexplicable la sentencia del Supremo”. Toma ya. Para él, como si la redactan en chino mandarín o en arameo. Ni se entera Mario Jiménez ni se quiere enterar, ye-ye, porque la falta de entendederas no es óbice para ser portavoz de su partido en el Parlamento andaluz. No es que la (chula)Junta yerre en el procedimiento, es que se los pasa todos por el arco de sus arbitrariedades. Hubiera bastado que donmanué, el papá de Paula y de Iván, hubiera interpuesto una denuncia ante la jurisdicción en vez de hacer lo que, como acostumbra, le sale de sus partes blandas. A la elocuencia de Jiménez se agrega la abracadabrante respuesta del señor Trillo, consejero de un cuartito de Ambiente. Ausencia de leyes claras, reprueba el profesor que ha olvidado, por el tiempo sin ejercer, el color y la textura de una tiza.

 

Mientras los magnates del dinero del contribuyente compiten en desaciertos verbales y en tropiezos actuantes, los de Bolidén se pitorrean. Ni un euro. A ver si dentro de cincuenta años, se olvidan de la catástrofe. Habrá que esperar a las elecciones de marzo. Si triunfa el PP, mantendremos posibilidades de que el asunto se encauce por donde debe. En caso de victoria electoral de los de siempre, habrá que indemnizar a los suecos por daños morales. Las costas, aparte. Es el riesgo de que la lotería toque a unos cuantos ineptos y a unos muchos miserables. Es el riesgo.

 

Un saludo.