POLICÍA POLÍTICA

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 Presunción de veracidad. La Guardia Civil la tiene. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. Las únicas denuncias policiales válidas serán aquellas en las que se cumplan los requisitos legales, de la misma forma que en la jurisdicción penal, la presunción de inocencia no se desvirtúa, si el atestado policial no es ratificado en el acto del juicio oral. La finalidad específica de las denuncias policiales y de las diligencias de investigación, no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos trasciendan a la resolución judicial, sino la de permitir la apertura del juicio. Los datos de investigación policial que constan en el atestado, tienen únicamente valor de denuncia, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales.

 

El informe de la Guardia Civil es un texto o una declaración que describe las cualidades de un hecho y de los eventos que lo rodean. No es, pues, una sentencia. Esta resolución requiere un procedimiento de invstigación previa, de instrucción posterior y de probanza. Al cabo, se absolverá o se condenará al acusado. El informe de la Benemérita sobre el escándalo institucional de los EREs goza de presunción de veracidad. Durante el franquismo, el Psoe descendió a la Guardia Civil a los infiernos del descrédito. Después se sirvió de ella durante la larga etapa de gobierno de Felipe González. ¿Y ese cambio? La conveniencia. El interés. Si sirve al poder, a los cielos. Si al poder molesta, a los avernos.

 

Los padrinos del Psoe saben cómo elevar a los altares a un ladrón y enterrar a un santo. Son maestros de la desacreditación de los adversarios y de los críticos. La policía política halla su asiento en dictaduras. En el seno de la democracia española, las fuerzas de seguridad actúan, salvo excepciones deshonrosas, conforme establece el estado de derecho. La juez Alaya solicitó un informe y la Guardia Civil se ha limitado a elaborarlo. Como quiera que su contenido coloca en los umbrales del procesamiento al presidente Griñán, los ataques de la secta han multiplicado los cañonazos de mezquindad que le son carácterísticos.

Doña Susana Díaz quiere consolidar su vicepresidencia de facto y ha saltado colérica sobre los autores del dossier. Se trata de valoraciones y suposiciones, asegura. No hay una prueba, subraya, de que la Junta conociera o permitiera irregularidad alguna. Y, además, me da la gana, concluye. El testigo de las repulsas lo toma don Mario Jiménez, ese prodigio de política descalificatoria que resuena por todas las esquinas del Parlamento. La Guardia Civil y la juez Alaya buscan, espeta como quien escupe, implicar a Griñán a cualquier precio. Menudo es el portavoz. Si su compañera grita, él brama.

La magistrada y los agentes, con el paraguas abierto y colocado el chubasquero, prosiguen con su trabajo. Al nuevo consejero De Llera no se le cae la cara de vergüenza al compatir mesa y mantel con estos señoritos que respetan a las instituciones de tanto como denuncian los desmanes de sus compañeros de pandilla. Por ejemplo, Guerrero. Por ejemplo, Fernández. Por ejemplo,...

No están todos los que son. Son los que están. El descontrol del dinero público era un caos perfectamente organizado. Todos los que contribuyan a esclarecer esta vergüenza nacional son reos de ofensivas programadas en las que está prohibido hacer prisioneros. Si pueden liquidarnos, no les temblará el pulso. Guardia civil democrática. Los comisarios políticos son los que bombardean a la gente honrada.

Un saludo.