LA CADENA DEL FRAUDE PÚBLICO

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 Granada. Granada tuvo que ser. En la ciudad nazarí la Fiscalía ha implicado a una decena larga de funcionarios de la Diputación por varios presuntos delitos. Todos los delitos están relacionados con cobros indebidos, con fraude a la Administración Pública y con falsificación de documentos. Todos los delitos tienen detrás a un alto cargo de la Institución. No falla. La pescadilla vuelve a morderse su cola. El móvil, la pasta gansa. El ganso, el Organismo oficial. Y digo yo, dónde los interventores, dónde los funcionarios no pringados, dónde los mecanismos de control.

 

Madrid. De allí al cielo. Gómez Benítez es un personaje de la vida social de la capital de España. Catedrático, abogado, consejero. Todo un preboste. El caballero defensor de Baltasar Garzón ha interpuesto una denuncia ante Fiscalía contra el señor Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. La ofensiva es una cuchillada al corazón del gobierno de los jueces y un cañonazo a la credibilidad personal del más alto órgano de la jurisdicción española. O sea, que no se anda con chiquitas. Detrás de la actuación del garzonista, uno se pregunta por la estrategia que se diseña. No se sabe si quien molesta es Dívar o el verdadero objetivo de la machada es Dulce, Fiscal General del Estado. Para mí, que lo segundo precede a la primera tesis aunque una y otra se hallan imbricadas.

 

En cualquier caso, el mundo de las intenciones y de las operaciones políticas se mueve en el éter de los pensamientos, y la veracidad de los hechos reclama su protagonismo independiente. Así, la cuestión es saber si la denuncia es falsa o certera. En el primer caso, los círculos psoecialistas sufrirían una derrota rayana en la hecatombe. En el segundo, el señor Dívar debería hacer las maletas desde ya. No entro en los intereses, torticeros o no, del señor Gómez Benítez. Es su problema. Me centro en la tozudez de los hechos. Y si es verdad que sus ilustrísimas abusan en los gastos y reducen la semana laboral a la mínima expresión, habrá que llamarles al orden. Y si es cierto que, aparte de abuso, existe delito, que cada uno cargue con su responsabilidad.

 

La Administración Pública no puede ser una cueva de mangantes. Si la Fiscalía interviene activamente en los señalados casos de Granada y de Madrid, se abrirá un respiradero de justicia. Sería deseable que ese orificio mínimo se fuera ensanchando hasta la transparencia. Porque, no nos equivoquemos. Como los anteriores, hay miles de casos de corrupción en los que el Ministerio Público ni está ni se le espera. Y los dineretes están en la base de todos ellos. Vil metal.

 

La cadena de fraude es una cadena de favores. Los administrados soportamos la falta de libertad y los administradores disfrutan del producto del fraude y de los beneficios de los favores. Qué patulea.

 

Un saludo.