GESTAPOS

 

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 Los nacionalsocialistas de Hitler, simplemente nazis, fueron un subproducto ideológico de una guerra mal acabada. A la carga lastimosa de una guerra se une una paz despreciablemente firmada. El Tratado de Versalles fue una muestra. Los perdedores de cualquier conflicto no pueden soportar las injustas condiciones de las potencias vencedoras. A puertas cerradas, ventanas abiertas. Aunque sean sencillas saeteras. En caso contrario, los extremistas hacen del maniqueísmo su pieza dorada. Tanto los de derecha como los de izquierda. Desprestigiadas las democracias liberales, su fango sirve de caldo de cultivo a las dictaduras capaces de resolver sí y porque sí la crisis y el caos. Recuerden lo que Goethe se atrevió a afirmar: “prefiero la injusticia al desorden”.

 

Las policías secretas de los regímenes “salvadores” hollaron los cimientos del totalitarismo hasta enterrar los valores racionalistas que potenciaron los ilustrados. En este mar de coles infectadas, la custodia preventiva era el salvoconducto legal para prescindir de los procedimientos y enviar a la cárcel a todo hijo de vecino. Pregunten, si no, a los historiadores de la Gestapo o de la policía de Stalin. Los Goering y los Himmler de turno convirtieron al Estado en Partido y a los agentes del orden en comisarios políticos. La tortura era el factor equis de las respuestas buscadas.

 

En la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga ha aparecido un documento interno donde se señala a los funcionarios afines al Psoe. No se trata de una lista negra, al parecer. Más bien de una lista blanca, de una carta dorada que abre la puerta del privilegio. Si la Fiscalía descubre la veracidad del hecho, estaremos ante una situación realmente grave. La custodia preventiva de los nazis tendría su continuidad en una actuación de esta índole. Se estaría condenando a millones de personas a campos de concentración del desempleo o de la preterición. El hecho, además de injusto, sería ilegal, inconstitucional e inhumano. El derecho adjetivo de la igualdad saltaría por los aires en el arsenal de la náusea institucional.

 

Celebro la denuncia interpuesta por el sindicato Csif. Trasciende el delito presunto de la prevaricación y del tráfico de influencia. Apesta a dictadura grosera vestida de trajes de seda. La discriminación entra en la esfera de lo prohibido porque se produce en detrimento de otro, y provoca humillación y ofensa. La afiliación política de los empleados públicos como requisito de desigualdad formal y esencial es una acción vergonzante que retira la careta de la cara del indigno que la ejecuta.

 

Los agentes de la Gestapo no lo harían mejor. Con otros medios, en distintas circunstancias y en críticas coyunturas. Si la Fiscalía llega al fondo del asunto, tendrá mucho escombro que remover. Que no llega, llevamos años aprendiendo a vivir entre esos cascotes. En este terreno, los edificios nunca se acaban de construir. Lo mismo es lo que estos canallas buscan.

 

Un saludo.