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Francisco Velasco. Abogado e historiador

ALCALDES DIPUTADOS

 

 La incompatibilidad de cargos públicos se recoge en ley. A uno le gustará poco esta ley, pero es. La ley es. Y está. Obligado su cumplimiento. Por más que se la salten unos y miren a sitio distinto otros. En parte alguna he visto u oído a los políticos oponerse a la misma. Hasta que les tocan el zurrón.

 

No entiendo a Javier Arenas. Ha anunciado que el PP movilizará al electorado para impedir que entre en vigor una ley que haga incompatibles el ejercicio de la alcaldía con la función de parlamentario autonómico. Arenas, que no es alcalde, incluye un algo de objetividad a su oposición. Sin embargo, Sánchez Gordillo, edil perpetuo de Marinaleda, introduce parcialidad a raudales al tildar de disparate a la posible y futura norma.

 

Hasta aquí, el qué. El hecho. La compatibilidad no se debe medir en la horma de los decretos. Las leyes se elaboran, se aprueban y se promulgan en aras al bien común. En el caso que nos ocupa, no hay más poder en juego que el de ciertos diputados andaluces que, a su vez, son alcaldes. El interés general no se halla, pues, en solfa. Es más: el pueblo agradecerá que sus representantes se dediquen en cuerpo y alma a una actividad y no a dos. Lejos de dispersar las mentes y multiubicar los cuerpos, es preferible, en orden a la eficiencia, concentrarlos.

 

Cosa distinta es el móvil que impulsa el embrión de ley. En pleno período postelectoral, el PSOE se lame las heridas del descalabro. A falta de razones, esgrime rodillo mayoritario. Como no puede castigar a los del PP, los fastidia. El ataque al enemigo, como las deudas, se sostiene en patrimonio presente y futuro. La inminencia de las elecciones hace que las campanas toquen a rebato. Cómo será la cosa que el portavoz psoecialista en el Hospital de las Cinco Llagas, anda pidiendo escaleras para ponerle los clavos a Javier el arenero. Mario Jiménez reconoce la complicada diáspora de su partido. Él, que tan bien conoce su limitación intelectual y académica, se atreve a alzar la bandera de la sangre. Todos los afectados por la incompatibilidad referenciada pertenecen al partido de Rajoy. Uno, al de Lara y Llamazares. El Psoe, como ha perdido hasta la vergüenza moral, se queda in albis. Por lo tanto, como no le perjudica la medida y sí desfavorece a sus eternos adversarios, adelante con los faroles.

 

La ley de incompatibilidades políticas es una memez. Como todas las prohibiciones que restan libertades. Si el alcalde no gestiona bien su municipio por entregarse con preferencia a las labores parlamentarias, apúntese su matrícula y sanciónesele por defraudador. En caso contrario, anímesele a seguir por el camino de la mayor eficacia. Contrólesele el ingreso que percibe del erario público. Recórtesele el gasto superfluo. Pero no conviertan el Parlamento democrático en un sucedáneo. El Parlamento. Porque lo que es el Gobierno andaluz, no es que sea una mala imitación. Es que es una auténtica falsificación de la representación de los andaluces.

 

Déjense de majaderías, señores del Psoe. Por una vez, sean serios y coherentes. Sé que es casi un imposible. Lo único que les resta para que el imedio les mantenga adheridos al coche blindado es encerrarse en sus despachos, instalar alarmas y, cuando se acerque la temporada electoral, declarar el estado de peste nacional. En caso contrario, vayan preparando las maletas. IU les ayudará a llevarlas. Para eso, son socios. Que hagan algo de pro.

 

Es que no son más canallas porque no se entrenan. Lo de siempre: una libertad menos, un tiranuelo más.



Un saludo.

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