ARROGANTES
Hago mías, prestadas, las palabras de Kahlil Gibran.Quien actúa aunque sea con un poco de conocimiento, vale más que quien no actúa a pesar de tener mucho conocimiento. Del mismo modo, acaso sea preferible un arrogante, que toma menos de lo que necesita, que un generoso, que da más de lo que tiene.
En esta España nuestra, el siglo XXI nos transporta, no al futuro, sino al pasado. Carmen Aguayo es consejera, sí, sí, de Hacienda y de Administración Pública de la Junta de Griñán. Que sí, que sí. La insigne parlamentaria andaluza, nacida en Madrid, que milita, que sí, que sí, en el Psoe, pues claro, ha dicho al pueblo que las pitadas que le han dirigido se deben a la acción, más o menos airada, de un sindicato sin representatividad. Que el Decreto-Ley de reordenación del sector público de la Junta no lo para nadie. Sí, sí, ella es así.
Funcionarios por aquí, funcionarios por allí. Como los pajaritos. Los funcionarios son los paganos de una Administración que ha perdido la vergüenza política al recortarle, vía urgente, sus misérrimos salarios. Paganos en tiempos de crisis. Parias, desheredados de la fortuna, en tiempos en que la economía se encuentra en la cresta de la ola. En todo caso. Y Carmen, la consejera, entretenida con sus cómplices sindicales, dale que te pego a la masa de empleados públicos.
Que viva España. El enchufismo es el gran traje sastre de la corrupción. En la Exposición de Motivos de la Ley de la Jurisdición de lo Contencioso-Administrativo, este fatídico Decreto podría considerarse como vía de hecho. A fin de colar a más de treinta mil trabajadores, a dedo, en la función pública, saltándose los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, objetividad y transparencia, se sacan de la chistera el conejo negro de un Decreto Ley que persigue dar cobertura legal a un acto fraudulento. No hay cobertura, pues se crea. Menuda tontada lo de la cobertura. La mayoría absoluta psoecialista en el Parlamento es un rodillo infernal.
Sin embargo, la cláusula regia del Estado de Derecho el el sometimiento pleno de los poderes públicos al Ordenamiento jurídico. Si no se someten, los jueces han de intervenir para controlar a los malos hacedores. Está claro que la señora Aguayo tiene intereses en este dislate jurídico. El decreto ley emana del poder ejecutivo de Griñán y de los suyos. No tiene que pasar por el Parlamento para aprobarlo. Y si pasa, les importa un pimiento. Son mayoría. Sólo faltaba que el poder judicial cayera totalmente en las manos de este grupito político con aspiraciones dictatoriales. El paso siguiente es atraerse a las filas de la complicidad sindical a CSIF. Si lo consiguen, nunca la herencia de Chaves habrá sido tan funesta ni jamás el sindicato de funcionarios habría llegado tan bajo. Hay que confiar en que los dirigentes andaluces, bien comandados por Rafael Hurtado, sepan distinguir las voces de los ecos.
La credibilidad no se adquiere por llevar el carnet en la boca. Creer es dar por cierto algo. Si se yerra en el diagnóstico una vez, esa credibilidad mengua. A medida que los errores se repiten, el crédito se agota. Cuando los errores no son tales, sino maldades, el malvado no tendrá posibilidad de emplear un sinónimo de credibilidad para escaquearse de su responsabilidad. No existen sinónimos para el sustantivo credibilidad.
Crimen y castigo. Dostoievski retrató, de forma magistral, en el personaje de Raskolnikov la alucinación de ser un superhombre capaz de escindir la personalidad de las emociones. El crimen cometido, la conciencia que clama y la culpa que nace. El fin no justifica los medios. Cuando tal ocurre, aparece el fascismo. ¿Se entera, señora Consejera? O se lo explica Felipe González, uno de los suyos. Sí lo sabe, sí, sí, sí. Lógica la suya. Demostración falaz e inferencia inválida. Torticera. De tuerto. De vista torcida. Y de alma.
Un saludo.
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