EDUCACIÓN Y ENCINAS

 

 El señor Gutiérrez Encinas es un caso de trepa digno de estudio. En su condición política, cómo si no, de Delegado de Educación de Huelva, recibió pública reprobación como autor de un enchufe, nunca desmentido con pruebas, a la hija de la entonces vicepresidente de la Diputación de Huelva.

 

Si el enchufismo comporta toneladas de arbitrariedad, la cual está explícitamente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico, el señor Encinas actuó infringiendo la ley. Lo hizo a sabiendas. Cosa distinta es que prevaricara. El problema de Encinas es el mismo que se destapa con profusión creciente en el caso de los chanchullos de los expedientes de regulación de empleo. El problema es de desigualdad y, sobre todo, de discriminación. Aquí entra el que quiera el señor Encinas. De la misma forma que el intruso afectado se beneficia por obra y parte del señor Guerrero. El requisito, pertenecer al partido y, en su seno, dar muestras notorias de mansedumbre, disponibilidad y, por supuesto, lealtad perruna.

 

En alguna ocasión he escrito acerca de la perversión legal, con la consiguiente inseguridad jurídica, que viene desarrollando la Junta psoecialista de Andalucía. En este contexto, la similitud de determinadas actuaciones con rasgos de comportamiento mafioso, llama a capítulo a la sociedad toda e invoca a reflexión a la ciudadanía en general. Los letrados de la Junta de Andalucía tienen el deber de servir a la legalidad que caracteriza a la Administración Pública. Mas no deben convertirse en defensores del jefe de turno del hampa. Tal parece deducirse de algunas inervenciones de algunos de estos abogados, más proclives a granjearse la amistad de los cargos públicos que propensos a defender los derechos de los administrados. He dicho, y reitero, que ciertos funcionarios, de riquísimo y ejemplar curriculum profesional, son excluidos de procesos selectivos abiertos, por el mero hecho de no ser parte de la banda o por miedo a que, una vez dentro, se atrevan a limpiar la basura que algunos han ido acumulando bajo expedientes y en los sótanos de la institución.

 

En lo que al señor Encinas respecta, la posición de algún juez ilustra lo que el poder judicial no debe ser. En vez de controlar a la Administración, la escolta y la ampara. Juez que, curiosamente, no accedió a la judicatura mediante oposición, sino por el cuarto turno, y que, oh casualidad, pudo ejercer antaño como abogado próximo al partido socialista. No se explica, si no, que a la vista de documentos irrebatibles y de testimonios acreditados, no haya puesto en su sitio al referido cargo público y, lejos de ello, le permite seguir abusando de su puesto de privilegio para, con toda la malevolencia que dios nunca le otorgó, seguir discriminando a quien a él le salga de su sillón de la calle sevillana de Vizarrón.

 

Los derechos fundamentales son objeto de vituperio constante por parte del señor Encinas y de sus adláteres. En Andalucía, desde hace treinta años, no hay discusión sobre acto ilegal realizado por dirigentes de este partido político. No cabe discrepancia ya que, en tan largo período de tiempo, únicamente esta formación ha tenido el poder ejecutivo (gobernar es cosa bien distinta, casi antitética) en nuestra Comunidad Autónoma.

Este artículo no pretende sino hacer reflexionar a los jueces de lo Contencioso sobre la verosimilitud de este lema no escrito y, de ser incierto, inexacto o falso, sería muy oportuno que se publicaran estadísticas que lo desmintieran. De no hacerse, se daría cuerda a un rumor tan extendido que pondría en entredicho la imparcialidad del poder judicial. De igual manera, el articulista persigue poner sobre el tapete de la argumentación jurídica cómo en una democracia, la facultad de autotutela que poseen las Administraciones Públicas puede pervertirse hasta devenir una auténtica navaja de filo cortante. ¿Por qué? Porque las Administraciones vulneran, una y otra vez, la legislación y lesionan los derechos de los administrados, que apenas si pueden patalear, quejarse con amargura y aguantarse, porque el acceso a la vía judicial es, además de inadmisiblemente lento, muy costoso para los bolsillos. Reproduzco las palabras de un conocido Secretario General de un Organismo público provincial, cuyo nombre omito porque no poseo la grabación audiovisual que me permita mencionarlo: "déjalos que recurran, ya se cansarán".

¿Qué solución cabe? En primer lugar, que los jueces prueben que el mencionado lema es incierto o falso; así, se avanzará en los derechos fundamentales de igualdad, seguridad jurídica y no indefensión; en consecuencia, se advertirá a los administradores de lo público que el fallo judicial contendrá, además del reproche jurídico que concierna, la satisfacción económica de rigor. Se contribuirá, en suma, a reducir las demandas ante la jurisdicción contenciosa en tanto se disuadirá a las partes de reclamar asuntos de dudosa fundamentación. En segundo lugar, a los responsables máximos de los organismos públicos, en cuanto deberán poner en marcha la "acción de regreso" mediante la cual reclamarán a los funcionarios indiligentes, malévolos o temerarios la responsabilidad a que haya lugar. Así, estos instructores pasarán a ser instruidos y ellos mismos exigirán a quienes instruyan sus procedimientos, el rigor que ellos despreciaron.

Estos problemas tienen una solución sencilla y segura: despedir a todos los políticos corruptos (por acción u omisión) que hacen de su capa un sayo en puestos de tanta importancia; en su lugar, situar a funcionarios capaces, competentes, honrados.

Un saludo.