VÍBORAS Y COBRAS

 

 Venenosos. Lo de los reptiles del fondo de los EREs no son culebras. Cobras y víboras. Letales. Todo un monumento a la metáfora de cómo se arrastra por el lodo a la Administración y al Estado de derecho. Es que mienten tan rematadamente bien que viven instalados en el embuste organizado. Se la pegan a los administrados y se la dan con queso a la justicia. Jamás conocí ilegalidad tan continuada durante el franquismo. El triste record se lo apunta la Junta de Andalucía. Pero ojo, la Junta que preside Griñán, y antes Chaves, con la más desvergonzada política que se pueda urdir.

 

Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, ha acusado a la VíboraJunta de ocultar a la juez Alaya, más de trescientos expedientes. Uno se sorprende con pocas cosas. La presente no es, desde luego, una de ellas. Sin embargo, sí manifiesto mi pesar por estos gravísimos hechos que forman ya parte del sistema. La Constitución, en su artículo 9.3., garantiza el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Pues bien: la seguridad jurídica es violentada, en este caso, por la propia Administración que ha de servir los intereses de los administrados. Basta acudir a la definición que de este concepto hace el Diccionario de la Real Academia Española: “Cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación”. En España es un principio constitucional y un derecho fundamental. Sólo las leyes nos protegen de la arbitrariedad, deslindan lo que es lícito de lo que es sancionable y permiten en ese ámbito de lo lícito desplegar la libertad, apoyada en la predictibilidad firme sobre los límites en que la actividad pública puede incidir sobre la vida de cada uno. Caca de la vaca, con perdón. Miseria, porca miseria.Lo que les importan las leyes a estos facinerosos.

El artículo 3.1. de la Ley 30/92 explicita que los Poderes Públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian objetivamente en su actuación, de manera que es legítimo -jurídicamente exigible- que el ciudadano pueda confiar en la Administración. Lo que pasa es que dicha confianza debe desprenderse en todo caso de signos externos, objetivos, inequívocos. Esos signos o hechos externos deben ser suficientemente concluyentes como para que induzcan racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta. La confianza del ciudadano en la eficacia de los actos administrativos se está defraudando cada día. Hoy más que nunca, cuando el desorden jurídico es tal que ni jueces ni compiladores, ni profesores se ponen de acuerdo con las normas vigentes, los grandes principios jurídicos constituyen un referente ineludible en el intento de luchar contra las arbitrariedades del poder.

 

El Psoe no sabe ni contesta. Sigue en su línea sinuosa de decenios. Quiere presas fáciles para mantener su status de corrupción. El temor al batacazo del 20-N les quita el sueño. A los demás nos arrebatan derechos y libertades. A los demás, nos hunden en la miseria. A los demás, nos cantan nanas con un pico de cloroformo. A los demás, que les vayan dando.

 

Que dónde están los fiscales. Vaya usted a saber. O recurriendo absoluciones a exdirigentes populares, o embarrando alguna que otra toga, o “manriquean” contemplando cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte tan callando. Antes la jerarquía que la legalidad. Antes mudos que cumplidores. Ya lo saben, el que no “víbora”, no “cobra”. Y viceversa. Siempre, reptiles.

 

Un saludo.