DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS

 

 Confianza, lealtad y buena fe. He ahí la receta institucional del todavía consejero de Presidencia del Gobierno “bonista/barredista” de Castilla La Mancha. Como si el tratamiento no fuera aplicable a ellos. Si la actitud bellaca, en cuanto taimada, del Psoe ha distinguido a sus dirigentes, en el caso de los defenestrados por las elecciones del 22-M, no iba a ser una excepción. Eliminan de la faz de la tierra todo aquello que muestre sus corruptelas y sus arbitrariedades. Todo. El menor rastro de su acción les obligaría a dar explicaciones que, por añadidas, les resultarían especialmente gravosas. Tienen en la lengua la palabra transparencia y en las manos el bote del graffiti de la opacidad ultraligera.

 

Escamotean hasta la necesidad. Se saltan los controles legales a golpe de decreto. Aseguran que el dinero público no es de nadie, salvo de ellos. Ocultan cuentas ilustrativas. Sustraen documental comprometedora. Reclaman la complicidad del vencedor con el argumento delictivo del “hoy callas tú para que mañana silencie yo”. En la Sicilia de los Corleone, la corrupción no se aupó a niveles tan bestiales. El traspaso de caudales público a depósitos privados es causa de la prosperidad de algunos y consecuencia de la ruina de los nuevos. El administrador no puede ser el controlador del patrimonio. Como la figura del juzgador ha de ser distinta de la del instructor. Si no, dónde radica la garantía.

Se habla de quiebra y de bancarrota. La bronca se sitúa en tejados muy altos, cortesanos o si se quiere congresuales. Destruir pruebas es un delito penal. De encubrimiento por ocultación, alteración o inutilización. Contra la Administración de Justicia. Delito autónomo pues el encubrimiento se entiende como una conducta dotada del propio contenido del injusto e independiente del tipo delictivo que trata de encubrir. Es un favorecimiento real y no personal. Comisionistas de mercedes y parabienes. Lo que pretende es impedir el descubrimiento del delito en sus aspectos jurídicamente relevantes. Si los populares han acusado de estas actuaciones al Gobierno saliente castellano-manchego, podrían incurrir en el tipo penal de la calumnia. En cuyo caso, los agraviados podrían intervenir una querella criminal contra aquellos. Salvo que entiendan que la exceptio veritatis eche por tierra su defensa de lo imposible y de lo notorio.

Sin embargo, Barreda y compañía, en vez de abrir las puertas y desempolvar los cajones, a fin de que la limpieza ocupe los espacios de poder, se cabrean, muy pesarosos y dignos, y lejos de ahuyentar la sospecha, paralizan las reuniones previas al traspaso oficial de poderes. Enriquecedor. Qué ricos ellos. Estirpe de artistas a medio camino entre la escuela kosovar, la asociación decimonónica de Sierra Morena y el orfeón etarrista. Que no, aseveran con la voz engolada del que miente de forma compulsiva, que no hemos sacado ni destruido documento oficial alguno. Un psoecialista no hace estas cosas. NI con Felipe González ni con Zapatero. Infundios maledicentes, gritan a sabiendas de que nadie se cree una palabra.

Servidor tuvo ocasión de demostrar, recientemente, ante juez togado, cómo un testigo reconocía haber borrado pruebas. El magistrado no se alteró. Se halla a la espera de que se interponga la pertinente denuncia. El deponente se autoacusó. Es el sino de los que se creen tan impunes que desdeñan la habilidad de las preguntas del letrado. En Castilla La Mancha no es “bono” todo lo que se dice y sí se colocan demasiadas “barredas” a la llegada de Cospedal. Dolores.

Frente al delito, ley y, al lado de la ley, la justicia. En el proceso, garantías.

Un saludo.