ME LO EXPLIQUEN

 

 Descuajaringada. Cuando el personal de la pública mete sus manos en la privada y los ingresos de una y otra en su propio bolsillo, la polémica eterna entre la defensa de lo público y el apoyo a lo privado deja de tener base ética e incluso jurídica.

 

Uno entiende a quienes se manifiestan en pro de los servicios públicos y de su calidad. No sólo lo entiende sino que respalda sus intereses legítimos. Lo que hay que preguntarse es cuándo los intereses dejan de ser legítimos. Veamos.

 

En un hospital de Tarragona, cierto médico cirujano que trabaja en un hospital público ha operado a una paciente en ese mismo centro sanitario como si fuera una clínica privada. De esta manera, la señora beneficiada por el “favor” se ha saltado, a golpe de talonario, la interminable cola de espera.

 

Desconozco si el galeno se encuentra entre los golpeados por la privatización de la gestión de la sanidad pública o si ha acompañado a sus colegas en las marchas contra el Gobierno. Me da igual. Ahora bien: si se confirma el hecho de que el estatutario ha llevado a cabo una operación en el hospital cobrando por ello una pasta, resulta evidente que, por una parte, se ha infringido todas las normas habidas y por haber, se ha pisoteado el código deontológico y se ha puesto de manifiesto, por enésima vez, que la Administración es un cachondeo.

 

La legitimación del médico en cuestión es nula. A ese médico hay que preguntar por el número de operaciones que realiza como sanitario público y el número que lleva a cabo como autónomo de la privada. No vaya a ser que esgrima el protocolo por un lado y, por el otro, el de empresario, se lo pase por las narices.

 

La paciente ha declarado que ya no podía soportar los dolores y que no era capaz de moverse de la cama. Así hasta catorce meses de sufrimiento por mor de las listas de espera. La señora ha discernido ante la coacción: la bolsa o la vida. La bolsa, claro. La vida que le resta, para pagar los intereses de la deuda contraída.

 

Servidor denunció, hace años, a un  profesor que suspendía a sus alumnos de la pública en junio y, luego, en septiembre, previo paso por su academia particular de pago, compensaba el esfuerzo del chaval y de su padre, con una muy elevada calificación, certificada, sin duda, por el centro educativo público.

 

Si queríamos legitimación, dos tazas. Pero haber,  un montón más.

 

Un saludo.