ARSÉNICO

 

 En un lago de California. Bacterias que sobreviven en el arsénico. Vida extraterrestre. Nos preparamos para mutar. Los seres vivos. No nos basta el medio. Ni el ambiente. Marte se escenifica en las aguas manchadas de las minas de Riotinto. También en las aguas del lago californiano de Mono. Pronto, en las balsas de fosfoyeso de Huelva.

 

Las asociaciones ecologistas tienen razón. Lo de Huelva es una vergüenza. Acaso, un delito. Acaso. La conferencia impartida en la Universidad de Huelva por el Fiscal de Medio Ambiente, don Alfredo Flores, provoca salpullidos cuando se escuchan sus argumentaciones. Flores es un magnífico jurista y una persona cercana e incluso entrañable. Sin embargo, sus razones son circunstanciales y se ahogan en la coyuntura política.

 

Esconder los residuos radiactivos bajo un corsé artificial de cemento o de cualquier aislante es la equiparación de la suciedad doméstica al comportamiento reprobable de los gobernantes. Basura que se esconde bajo la alfombra. Porquería siempre que se trate de simples residuos. Delito tal vez si lo que se tapa es una bomba insalubre que puede estallar en cualquier momento.

 

Lo que parece acreditado es que la empresa ha incumplido varias de sus obligaciones. De tres metros de altura de apilación, a veinticinco. Se ha utilizado una de las balsas de decantación como vertedero de residuos sólidos urbanos de la capital onubense. No se ha ejecutado el tratamiento superficial de acabado y no han revertido al Estado las superficies tratadas. Podemos seguir en toda una ristra de faltas de compromiso. El penúltimo, que ha vencido el plazo de la conformidad que prestó la Dirección General de Costas para la planta de transbordo de residuos urbanos.

 

Derecho al trabajo y derecho a la salud. Incompatibles no son pero en este territorio se muestran irreconciliables. La crisis que atraviesa España invita a ser especialmente sensibles en esta solución. En cualquier caso, todo ha de pasar por la elaboración, de una vez por todas, de un estudio epidemiológico debidamente serio y riguroso que desentrañe el misterio de las balsas. Si son, o no, perjudiciales, y en qué medida, para la salud. La clave es la vida. Por encima del trabajo. Por encima de cualquier criterio de menos hondura.

 

Y si nos encontramos ante un delito, volvemos a las andadas. La Administración tiene el deber, conferido por el artículo 103 de la Constitución, de servir con objetividad los intereses generales. En caso contrario, se supedita el bienestar público a espurios intereses privados. El Ministerio Público no puede alegar falta de medios y escasez de recursos para justificar la mediocridad de sus acciones investigativas. Es deber de la Fiscalía promover la acción de la justicia.

 

Quien contamina, debe pagar. En dinero o en especie. Restaurando por sí o desembolsando los honorarios de otras empresas restauradoras. Pero limpiar la basura es una obligación innegociable. El delito recae en su autor pero también afecta a los cooperadores necesarios o a los indiligentes o a los omisivos, cuando tienen la potestad de intervenir en la evitación. No valen medias palabras ni gestos cara al tendido. Las administraciones no pueden culparse unas a otras. O se coordinan o mejor que desaparezcan. Si ellas mismas interrumpen la actividad gestora, a la calle con ellas. Con sus responsables irresponsables.

 

Vivir en arsénico. Es todo un síntoma. La que se nos avecina. Vecina.

 

Un saludo.