ACTUALIDAD POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL

EL ABORTO DE BIBIANA AIDO

   No quisiera que el enunciado del artículo llevara a confusión en tanto alguien pudiera interpretarlo como una ofensa a la señora Aido, por lo que me apresuro a aclarar que el título responde al carácter central de mi comentario, el aborto, y a la protagonista de la polémica surgida en torno al concepto: la Ministra Aido.

    Pero vayamos por partes y que la primera sea identificar a Dª Bibiana. Si mis fuentes de información son fidedignas, Bibiana Aido ocupó la cartera de Ministra de Igualdad con 31 años. Licenciada en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Cádiz, realizó un Master en el Reino Unido y desarrolló, durante apenas un año, actividades laborales en una empresa privada y en una sucursal bancaria, como tantos otros jóvenes que cursaron los mismos estudios. Hasta ahí, la normalidad más absoluta preside su vida juvenil. Lo que ya no es tan normal es su curriculum político. Verán. Fue miembro (no miembra, no confunda el género con el sexo) de las Juventudes Socialistas en su Cádiz natal. Perdonen un inciso. Cuando escucho o leo el término Juventudes Socialistas o Nuevas Generaciones o expresiones de esa laya, la mente me conduce al mundo de terror creado por las Juventudes hitlerianas, y el recuerdo me causa escalofríos. Antes de 2003 ya ocupó un cargo político de cierta relevancia en un organismo oficial. Durante poco tiempo, porque con apenas 26 años de edad fue nombrada Delegada Provincial de Cultura en Cádiz y, dos años después, Directora General de la Agencia Andaluza del Flamenco. En 2008, accedió al Parlamento de Andalucía y ese mismo año, Zapatero la elevó a la categoría de Ministra de España. Ministra de Igualdad. Un ministerio nuevo que se sacó de la manga el Presidente (por accidente, con permiso de Luis María Anson) del Gobierno.

    Uno, ante tan meteórica carrera política, no puede sino asombrarse. O el mérito intelectual, cultural, laboral y personal de la señora Aído es tan singular como irrepetible, muy por encima de millones de españoles universitarios como ella, o aquí hay gato encerrado. ¿No será, me pregunto, que todo el bagaje de doña Bibiana, quepa, se contenga, en el interior de un pequeño cofre en cuyo frontal se lee: "soy del PSOE"? Si para tanto viaje político se necesita tan escasa alforja, ¿cómo se explicarán los jóvenes la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la igualdad ante la ley, si pese a sus esfuerzos en los estudios, el horizonte que les espera es la ausencia de empleo, mientras que Aido se privilegia de su adscripción política y del tronío de su familia, amiga de Felipe González, de Manuel Chaves o de José Luis R. Zapatero? Curiosa igualdad la que pregona la joven ministra.

    Hecho el preámbulo, paso al quid del asunto: el aborto. Este articulista es un decidido defensor de la moral en cuanto principio rector de los comportamientos individuales. Sin embargo, la moral posee tal carga de subjetividad que sus límites inciertos provocan indefinición (para unos, lo ancho; para otros, lo estrecho) e inseguridad jurídica. De ahí que en la organización de la sociedad, deba ser la ley, y sólo la ley que emana o brota del pueblo a través de us representaciones parlamentarias, la que rija las relaciones entre los ciudadanos y entre las instituciones. Es el imperio de la ley que proclama nuestra Constitución. Pues bien: el aborto es un concepto jurídico que tiene su marco legal en el Código Penal español. Es decir, se puede estar a favor o en contra del aborto, pero se ha de respetar la ley y la ley establece (Título II del Libro II) que el aborto puede ser punible porque hay un bien jurídico protegido que es la vida del ser concebido y, en su caso, de su madre. El aborto se incluye, por tanto, entre los delitos contra la vida humana dependiente y como en todos los de este tipo, es necesario que se dé una relación de causalidad entre la acción encaminada a producir el aborto y el resultado. En todo caso, la ley limita los supuestos de aborto punible y de aborto no punible.

    Estos últimos se recogen en el art. 417 bis del Código Penal de 1995 y se refieren a tres aspectos: el terapéutico (cuando exista peligro físico o psíquico grave para la embarazada; se hablaría de causa de justificación), el ético o humanitario (cuando el embarazo fuere resultado de un delito de violación; aludiríamos a una excusa absolutoria) y el eugenésico (cuando se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas; estaríamos ante la no exigibilidad de una conducta distinta). Los requisitos generales, aún en los supuestos no punibles, pasan por la intervención médica en un establecimiento sanitario acreditado con el consentimiento de la mujer embarazada y, si fuera menor de edad o incapaz, correspondería a sus representantes legales.

    Aunque la envergadura del tema precisa un estudio de mayor profundidad, sólo quiero exponer dos razones que me hacen temblar ante el anuncio del "aborto de la señora Aido". La primera razón se refiere a los plazos, los cuales

constituyen un aspecto de gran importancia en tanto se determina cuándo se traspasa el estado embrionario. La segunda razón radica en el consentimiento de las menores de edad, tema éste que debe ser tratado con tanta cautela como sensibilidad.

    El tema del aborto, señora ministra de igualdad, se ha de plantear con seriedad política exenta de demagogia, con la concurrencia de distintas plataformas sociales y no con el arbitrio de los cercanos, y con la objetividad que la defensa de la vida exige. En cualquier caso, comparto el contenido de una sentencia de abril de 1985 del Tribunal Constitucional (Fundamento Jurídico 11) donde explicita: "se plantea el conflicto entre el derecho a la vida de la madre y la protección de la vida del nasciturus". Si la vida del nasciturus se protegiera incondicionalmente, se protegería más a la vida del no nacido que a la vida del nacido, y se penalizaria a la mujer por defender su derecho a la vida. En definitiva, este articulista considera prevalente la vida de la madre. Prevalente la vida de la madre, pero inasumible el desprecio de algunas madres y de algunas personas por la vida de quien se ha puesto en el camino de nacer. Es tan complejo el problema, insisto, que las prisas son malas consejeras y que algunas medallas son señales de prepotencia narcisista y revelaciones de subconscientes envenenados. Que no le pase, Bibiana, lo que a su colega Carmen Chacón con la retirada de las tropas españolas de Kosovo, que quiso poner el huevo antes que el fuero y le salió el tiro por la culata. Que la imagen es importante, Bibiana, pero si detrás de esa imagen no hay enjundia, todo es filfa. Quiérase a Vd. misma, prosiga su carrera política sin techo alguno, sírvase a su antojo y beneficio, pero en democracia, el político ha de servir a la ciudadanía y no al revés. A toda la ciudadanía, de un signo electoral u otro. No sea sectaria.

DEMÓCRATAS NACIONALES

Odiel (Des)Información del día 26 de marzo de 2009. Calumnia, que algo queda. La capacidad de mentira del periódico (con perdón) precitado ha engrosado con una de las noticias que hoy evacua sin pudor y sin el más mínimo atisbo de vergüenza, por cuanto ensucia la inteligencia del público. Ese periódico (con perdón) no publica, expele suciedad y mancha. Se hace eco el rotativo que dirige el Sr. Siles de la relación cónnive entre los neofascistas de Democracia Nacional, la cadena Antena Huelva y la Iglesia católica, y de cómo ésta permite al ente radiotelevisivo servir de plataforma a un partido de extrema derecha. La propaganda nazi que caracteriza gran parte de la bazofia que, en forma escrita, vierte a la calle el periódico (con perdón) del señor Siles, es digna de estudio. Sería interesante descubrir qué crisis de personalidad es la que padece este dizque periodista que, con tanta contumacia, miente y engaña. No sé si se trata de una crisis de desarrollo o de accidente, si nace desde su más temprana infancia o ha sido producto de una coyuntura traumática afecta pocos años ha. En cualquier caso, el señor Siles muestra tener una fijación con el fascismo, en tanto son reiterados sus ataques a la cadena Antena Huelva y, en especial, a su conductor estrella Paco Morán.
    El que suscribe, que tiene el placer de intervenir como tertuliano, de forma absolutamente desinteresada, en el programa semanal "Debate en Antena" que se emite en directo todos los jueves, entre las 22:00 y las 24:00, da fe de que el mensaje que vomita el periódico (con perdón) del grupo Gallardo (hasta anteayer, del grupo PRISA), es tan falso, tan tendencioso, tan manipulador, tan desvergonzado, tan falaz y tan miserable, que faltan adjetivos para situar al referido personaje en la peana inmoral en la que merece perpetuarse.
    Se ha dicho, con razón, que una mentira mil veces repetida nunca será verdad, pero sí contener la apariencia de verosimilitud. Y ese aforismo lo tiene bien aprendido el aprendiz del periodista que no puede ser el señor Siles. Es cierto que el Sr. Canduela, líder del partido político Democracia Nacional, estuvo presente, como contertulio, en uno de los programas de debate político de los jueves. Igual de cierto que en el mismo intervinieron, para expresarse en libertad, representantes de diferentes partidos políticos, discrepando en algunos puntos y coincidiendo en otros, sin que en momento alguno, el Sr. Canduela propagase ideas de corte fascista o neonazi. Se limitó a exponer algunos puntos de su programa electoral y a confrontar las mismas con la de sus interlocutores e incluso con las de los televidentes que se comunicaron a través del teléfono. Batasuna, PCTV (Partido Comunista de las Tierras Vascas) o ANV (Acción Nacionalista Vasca), partidos ilegalizados en la actualidad por el Tribunal Supremo, han dispuesto de la Televisión Vasca (ETB) para exponer libremente sus ideas, sin que el señor Siles haya puesto en solfa la legitimidad democrática del PNV ni ha lanzado improperios ni descalificaciones contra el PSOE cuando el Sr. Eguiguren, presidente del PSE, ha negociado directamente con los representantes de ETA, o cuando el Presidente Zapatero autorizó reemprender las negociaciones con los etarras incluso después del atentado mortal contra la T-4 del aeropuerto de Barajas. Por consiguiente, la intención bastarda y manipuladora en la que se relame el señor Siles, utilizando como pretexto su aversión al Sr. Morán o a la propia Iglesia católica, queda acreditada. Tan zafia y torpe es su actuación que si la misma se corresponde a su caudal intelectual y/o humanístico, se comprende la deriva económica y social de su periódico (con perdón).
    Por último, quiero referirme al artículo que ha firmado Igor G. Iglesias en EL PLURAL (el nombre de esta cabecera digital nada tiene que ver con la pluralidad ideológica que parece desprenderse del mismo) que dirige D. Enrique (Enric) Sopena, antaño antiguo miembro de una institución afín a la Iglesia (hogaño, acérrimo debelador de la Conferencia Episcopal). El señor Iglesias (quien te puso petenera...) se hace eco, distorsionado eco, de una información falsa y, desde esta base, da a luz un presunto artículo de opinión que desdice los principios de la ética periodística, pues toma el texto como pretexto para, al fin, parir una rata fétida, maloliente y susceptible de provocar epidemias. El parto de los montes de fosfoyeso. Pura filfa. Por cierto, el Sr. Igor G. Iglesias afirma ser periodista y lingüista. No lo pongo en duda. Pero yo añadiría otra identificatoria: partiperiodista y lenguaraz. Y, como Siles, mercenario de la mentira.

CON TRATOS DE DISPUTACIÓN

En otro tiempo, con las monarquías autoritarias y absolutas, los contratos celebrados por la Corona con particulares se regían por la necesidad ineludible de garantizar la seguridad jurídica. En este sentido hay que situar las Capitulaciones de Santa Fe suscritas por los Reyes Católicos con Cristóbal Colón antes de su primer viaje a América. En el siglo XIX, las ideas liberales introdujeron algunos cambios en materia de contrato, como por ejemplo el que firmaba el Estado con alguna compañía ferroviaria. En el caso de los ferrocarriles españoles, el contrato servía para realizar la política de nacionalización y privatización posterior de los bienes nacionales que se devuelven al mercado a través de ventas públicas masivas. En la actualidad se sigue la vía liberal de adelgazamiento de las Administraciones Públicas en tanto éstas rechazan prestar determinados servicios que puedean ser desempeñados por personas privadas. Este adelgazamiento ha debido ir acompañado de una disminución proporcional del funcionariado afecto a tales funciones. Y sin embargo no ha sido así.
 La promulgación en 1995 de la Ley de Contratos pretendió un objetivo cercano que salpicaba de corrupciones a más de un político de la hégira socialista. Se trataba de frenar la contratación directa y abortar la proliferación de mangoneos. Pero la propia ley elaboraba su propia trampa. ¿Y por qué? Porque lejos de coger el toro por los cuernos (erradicar la corrupción y procurar un marco de transparencia), la Ley abrió una serie de grietas entre las que se escapaban los manejos de tantos pícaros que en el mundo son. Por ejemplo, la Ley es de aplicación plena, pero también parcial, mínima e incluso simulada y diferida. Pero lo peor es que fuera de esta Ley se ha quedado el denominado contrato patrimonial que incluye, entre otros negocios, el del arrendamiento (¿verdad, Petronila) de bienes inmuebles. ¿Cómo se regula, entonces, este negocio jurídico del arrendamiento? Se remite a la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas, fórmula legislativa manifiestamente degenerada en cuanto permite la contratación directa prescindiendo de la subasta pública siempre que el contrato sea de importe inferior a seis millones de euros (mil millones de pesetas). ¡Qué oportunidad -¿o no era sino una argucia?- se perdió para encauzar en la transparencia a la propia ley del Patrimonio del Estado!
    Con todo, y pese a lo expuesto, todo contrato firmado por una Administración Pública (por ejemplo, la Diputación de Huelva) y un particular (la persona que arrendó el palacete de la Plaza de las Monjas) se ha de regir por el art. 1.261 del Código Civil que establece como requisitos la existencia de consentimiento (al parecer, resulta obvio porque ninguna de las partes se ha quejado; por el contrario, han manifestado su matrimonio en silencio cómplice), de objeto cierto (parece que lo hay por más que se sospeche, dado el mutismo oficial, que se haya podido violar la prohibición de fraccionamiento del objeto de este contrato), de causa (aquí ya mis dudas son más palpitantes porque tengo la casi certeza de que el arriendo del palacete no es necesario para fines de servicio público y que de esta manera se recoja en el expediente, en el que se ha de explicitar los motivos de su mejor calidad, de su mayor economía o de la adecuación de plazos) y de precio (se entiende el más adecuado al mercado, lo cual, de nuevo, nos lleva a la sospecha de la corrupción en tanto la opacidad ha presidido el proceso).
    Más preguntas planean sobre el negocio contractual del palacete de Petronila. Por ejemplo: ¿Qué posición ha adoptado en torno al palacete la Intervención administrativa de la Diputación, en cuanto a posibles discrepancias sobre gastos u ordenación de pagos, sobre presuntas irregularidades en la documentación justificativa, acerca de posibles omisiones de requisitos o trámites esenciales, etc.? La legislación prescribe que la falta de habilitaciones previas provoca, en principio, incluso su nulidad de pleno derecho. ¿Y qué ocurre con el contratista, el arrendador, cuya figura ha suscitado ciertas controversias en algunos medios de comunicación? Así, me planteo cuestiones diversas enumeradas en algunas de las prohibiciones de contratar que se enuncian en el art. 20 de la Ley de Contratos: si está incurso en condena firme por delitos como el de falsedad, de información privilegiada, etc., o si su empresa ha sido declarada en quiebra o figuras análogas (concurso de acreedores), o si ha sido declarado culpable por la resolución firme de cualquier contrato celebrado con alguna Administración, o si ha sido condenado, en firme, por delito contra la seguridad en el trabajo, o si está al corriente de cumplimiento con Hacienda o con la Seguridad Social,... Y, en definitiva, ¿se ha preocupado la Diputación, con la diligencia exigible, de cerciorarse de que el contratista no ha incurrido en prohibición alguna requiriendo el correspondiente testimonio judicial o la pertinente certificación administrativa? Por último, por ahora porque el tema colea, ¿se ha acreditado la solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se precisa para celebrar contratos?
    Demasiadas preguntas para tanta parálisis labial. Pero, señora presidente, señores dirigentes del Partido Socialista, hay silencios que matan. Espero que no a mí, que hablo con toda la claridad que puedo. ¿O también por eso?

VERLAS VENIR

Magdalena Álvarez, ex Consejera de la Junta de Andalucía, Ministra de Fomento. Bibiana Aído, ex Directora General de la Junta de Andalucía, Ministra de Igualdad. Carmen Chacón, ex Ministra de Vivienda, Ministra de Defensa. Las tres pertenecen al PSOE. Las tres han accedido a estos puestos de tan alta responsabilidad política en virtud de su condición de militantes del Partido Socialista. A las tres mujeres se les reconoce una valía. Las tres se han de someter, en función del cargo público que ostentan, a la crítica periodística y de los ciudadanos en general. La crítica, pues, no se realiza al personaje privado, sino a la figura pública. En consecuencia, habrá que convenir que la crítica no se hace tampoco a su condición de mujeres. No obstante, que ya conozco el paño totalitarista y nazi de la propaganda psoecialista, este bloguero rechaza de antemano cualquier acusación de antifeminismo porque, en su caso, se trataría de esconderse bajo el escudo de féminas para aventar errores, ineptitudes e incompetencias. ¿Y por qué no la crítica a los ministros o al propio Presidente del Gobierno? Todo en su momento. Hoy toca ellas y de ellas, una terna. Y de la terna, su D´Artagnan.

    Dicho lo cual, uno llega a la conclusión de que tanto la Sra. Álvarez como la Sra. Aído como la
Sra. Chacón pueden encuadrarse tipológicamente en las políticas de cuota que ha establecido el PSOE para dar la apariencia de su feminismo militante y de su "caballeroso" afán de defensa del derecho de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Aceptará Pepe Blanco, el todopoderoso Vicesecretario General del Partido a cuyo servicio se encuentra el Gobierno de España, que estas mujeres no serían ministras de haber triunfado en las elecciones Izquierda Unida? No digo ya el Partido Popular ni siquiera UPyD. Digo un partido acreditado de izquierdas como el que incluye al Partido Comunista de España. ¿Serían, en ese caso, ministras las tres mujeres mencionadas? Sospecho que la respuesta siempre sería negativa, porque, en realidad, el criterio que determina el ser, o no, ministro de un Gobierno no lo determinan los principios administrativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, sino el estar adscrito, o no, en el momento oportuno en la formación política electoralmente triunfante. Si es el PSOE, los criterios son los correctos y justos; de ser el PP, el ánimo de gobernar se solaparía en la malévola intención de la malévola derechona.

    Sea como fuere, las cosas son como están y no como deberían estar. Por ello, en el balance de la Ministra de Fomento, el resultado no puede ser más negativo. Basta leer los titulares de prensa que su gestión ha provocado para fundamentar la calificación que se le otorga. La Ministra Álvarez, a la que algunos llaman cariñosamente "Lady Aviaco" por sus aficiones a los viajes gratis total, se ha superado a sí misma cuando ha decidido que su Ministerio, ¡en una crisis tan cruel como la que padecemos!, gaste más de ciento veinte millones de pesetas en unas obras posiblemente innecesarias. Triste trayectoria (Tres tristes tigres) de la denostada campeona de la mala gestión pública. Balance análogo es el que cabe aplicar a la joven Titular de Igualdad, toda vez que su cartera ministerial posee una insustancialidad que aterra a cualquier espectador foráneo. El record de la incuria moral lo batió hace pocos días cuando decidió -aburridita ella de sus juegos a ministros y ladrones- presentar un proyecto ley para modificar el Código Penal respecto al tema del aborto. Que sí, que se abortará a los 16 años porque quien puede casarse puede matar, y a los padres, ni cuenta, panda de progenitores analfabetos.  En cuanto a Carmen Chacón, si su papel como Vicepresidenta del Congreso no pasó de anodino y su actividad como Ministra de la Vivienda fue causa de críticas acervas por mor de su inanidad, ahora como Ministra de Defensa ha pinchado su burbuja de imagen. La pifia demagógica que ha cometido con el anuncio de retirada de Kosovo la ha encumbrado al dudoso liderazgo del esperpento político. La OTAN no sabe qué hacer ante el modelo diplomático que gasta esta catalana irredenta. La coronación de la vanguardia feminista encuentra su sede en la vicepresidente Fernández de la Vega, que anda estos días muy malhumorada, tras su periplo africano, porque un representante de la derecha más carca se empeña en difamarla. La acusa, qué atrevimiento, de voto fraudulento e ilegal en las últimas elecciones generales de 2008. ¡Si ella quiere votar en Valencia (por más que su vivienda sea inhabitable y se localice en la calle Diseminados), quién es Pons para reprochárselo! ¡Y si a ella le da la gana acercarse a las fiestas falleras (despreciando la invitación oficial de la alcaldesa Rita Barberá pero congraciando a unos amigos entrañables) pues se monta en un Mystére, cual una nueva Alfonso Guerra en Ayamonte (por lo menos ella no tiene un hermano Juan que invite a café en la Junta de Andalucía), y nada más que decir que para eso hacía las veces de Presidente del Gobierno! ¡Dita sea esta derecha cavernícola!

    ¿Cree alguien de ustedes que tiene la paciencia y la bondad de leer este cuaderno de bitácora,
que una empresa privada de entidad y con aspiraciones de expansión comercial colocaría a alguna de estas damas entre la plana mayor de sus ejecutivos? Mi respuesta es que no, y mucho menos a quien por gracia y obra de sus cataplines, las ha elevado para un rol tan importante. En cualquier caso, asumido el error de la elección, y el de la recomendación, sus gestas públicas constituyen causa suficiente para un despido fulminante que Juez de lo Social alguno calificaría nunca de nulo.

    El próximo día hablaremos del Gobierno, en su cuota de afinidad presidencial socialista

 

ALÁMICOS Y DIÓPTRICOS

La revista "Triunfo" era, en las postrimerías del franquismo, el gran referente político de la izquierda, el gran valedor escrito de la Oposición a la dictadura del General Franco. Dos onubenses constituían parte esencial de su equipo de redacción. Uno de ellos era Víctor Márquez Reviriego. El otro, José Antonio Gómez Marín. Ambos, figuras destacadas de una época en la que el periodismo era algo más que un ejercicio literario o una cita semanal o diaria con los lectores. Aquellos periodistas se jugaban, acaso la vida, cuanto menos la libertad. Sus artículos llegaban a ser modelos de equilibrio funambulista y arietes que impactaban en el pecho de los censores a la vez que bocanadas de aire fresco en quienes ansiábamos la llegada de la democracia. En la nómina de aquellos articulistas se hallaban, entre otros, el catalán Manuel Vázquez Montalbán. A éste se le atribuye con razón la expresión que da título al presente comentario. Con esos términos, Montalbán criticaba y, a la vez, alababa, el discurso político y literario del gran maestro que fue/es Francisco Umbral. Alámico porque sus análisis eran realizados desde la altura majestuosa del álamo. Dióptrico porque la subjetividad del creador del diccionario "cheli" era proporcional al grosor de sus lentes. Uno, a sus años, mira hacia atrás y comprueba, con la nostalgia que da el tiempo pasado pero con la esperanza del presente, cómo aquellos héroes de Triunfo han sido sacrificados por la pseudoprogresía de nuestros días. Reviriego y Gómez Marín escriben en El Mundo, la ultraderecha mediática, como la califica la periodista del PSOE Mª Antonia Iglesias. Calificar de ultraderechistas a estos dos intelectuales comprometidos es más que un insulto o un error conceptual propio de una ignorante que se recome en su propia insatisfacción personal y en una corrosiva envidia. Es la mentira de una persona celosa y mediocre. Es la vileza del pobre de espíritu. Es la manipulación de una biografia y de una historia cercana. Es la expresión satánica de un alma perdida. Este país no ha reconocido a Reviriego y a Gómez Marín su categoría personal y el papel esencial que desempeñaron en el advenimiento de la democracia. España está en deuda con ellos. Huelva, también. Mal que le pese a los sicarios del poder socialista, Reviriego y Gómez Marín siguen formando parte de la vanguardia de izquierdas, porque escribir en El Mundo, a diferencia de hacerlo en otros medios como El País o Público, es gritar al mundo que la libertad es un grito, un clamor, una realidad, un compromiso social. Y, sobre todo, es vivir la libertad. Al poder socialista le molestan los álamos enhiestos que se alargan hacia el cénit y abominan de las dioptrías que permiten la pluralidad de enfoques. El poder socialista no pasa del bonsai y del ojo ciclópeo, grande pero ciego. Grande y ciega es la dictadura del signo que sea. ¿Verdad, Javier, Mario, Petri,...? Den al César lo que es del César, aunque nieguen a Dios.

EL PALACETE DE PSOETRONILA

En 1995, el gobierno de Felipe González se hallaba en plena caída libre, a causa, en gran medida, de los escándalos de corrupción que provocaron casos como Filesa, Fondos Reservados, Luis Roldán, BOE y un largo etcétera. Tal era el cúmulo de irregularidades económicas, que el entonces Presidente del Gobierno impulsó la promulgación de la Ley de Contratos. La nueva Ley se marcaba un objetivo, el rechazo de la contratación directa, y un principio, la exigencia de transparencia.
En 2007, tras el paréntesis de las dos legislaturas de Aznar, se promulgó la denominada Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 85 de esta ley asevera que los contratos de las entidades públicas, por ejemplo las Diputaciones, deben regirse por la necesidad y la idoneidad. Pero en este punto, precisa literalmente: "sólo los necesarios para cumplir y realizar los fines institucionales (...no arbitrariedad). Y para ello requiere determinarse con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento de adjudicación".
En 2009, los medios de comunicación de nuestra provincia, -aunque algunos miran hacia Cuba- se hacen eco de una noticia que a más de uno ha sorprendido notablemente: la adquisición, por parte de la Diputación Provincial de Huelva, de un hermoso edificio modernista, sito en la Plaza de las Monjas, para convertirse en nueva sede o subsede de esta institución supramunicipal a la que no pocos denominan Ayuntamiento de ayuntamientos. Al respecto, este articulista se cuestiona aspectos diversos como los que siguen:
1.- En orden a la iniciativa de adquisición, ¿es cierto que ésta se tomó el pasado año y, sin embargo, no se dio a conocer hasta que El Mundo Huelva Noticias y Huelva Información la publicaron recientemente? De ser así, ¿en qué se queda la transparencia de la Presidente Dª Petronila Guerrero?
2.- En orden a los detalles de adquisición, ¿es verdad que se ha realizado mediante arrendamiento del edificio? De ser así, uno no entiende que en plena recesión económica, con cerca de cincuenta mil ciudadanos de Huelva en paro, ante un oscuro horizonte social que se nos avecina, la Diputación realice una actividad administrativa de esta índole que, a buen seguro, comportará un coste de miles de euros (millones de pesetas) que habremos de pagar los contribuyentes. ¿Por qué, al menos, no se ha adquirido en propiedad este bien inmueble y la provincia engrosa su Patrimonio monumental? ¿Dónde radican la necesidad y la idoneidad?
3.- En orden al procedimiento a seguir, las preguntas se suceden aunque las respuestas sean silencios reiterados porque, como dice el Sr. Caraballo, Vicepresidente de la Diputación, antiguo empleado de caja de ahorros en Chucena, a los ciudadanos no les interesa este tipo de asuntos. ¡Qué rostro el del Sr. Caraballo! Así, yo le plantearía cuestiones como las que les enuncio: ¿El importe supera los 6 millones de euros?, ¿las obras de remodelación las ha hecho la propia Diputación o han sido previas al presunto arrendamiento?, ¿se han licitado estas obras de remodelación?, ¿y los contratos de suministros de bienes muebles y de material informático?, ¿se ha tenido en cuenta que la persona física o la sociedad a la que se ha arrendado cumple todos los requisitos que marca la Ley de 2007?, ¿existía alguna relación de amistad, de afinidad ideológica o de cualquier otro tipo entre los tasados en la Ley de Procedimiento Administrativo, entre la parte arrendadora y la parte arrendataria?... Son tantas las preguntas que no hallan respuesta, que uno se malicia lo peor. Pero, en principio, la legalidad no se presume, como se sospecha del interés público, de la eficacia y de la rentabilidad, de la libre concurrencia y de la objetividad. Incluso de la buena fe y de la seguridad jurídica.
    En cualquier caso, termino con una penúltima duda: ¿por qué no han adquirido un inmueble o en su defecto, por qué no lo han construido en la calle Gonzalo de Berceo y alrededores, o en El Torrejón, o en la barriada de Pérez Cubillas, entre otros enclaves de la ciudad, para desarrollar con la misma dignidad las funciones que quieren llevar a cabo en el centro histórico de la capital? ¿O es que Dª Petronila y su Junta de Gobierno consideran que estos lugares no son los adecuados para tan alta torre y tan encumbrados personajes neoseñoritingos? No confío en la declaración oficial. Nos mantendrán en el ostracismo informativo. Como en Cuba. Como en las dictaduras de derechas y de izquierdas. ¡Vaya por Dios!

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

    Lo recoge en portada el diario Huelva Información de hoy, domingo: "Casi 3.700 desempleados onubenses no podrán seguir cobrando el paro en un mes". Acudo, en pos de fuentes fidedignas, a la página web de la Consejería de Empleo de la Junta dee Andalucía y puedo leer que de los 44.076 parados de Huelva (casi la tercera parte de la población de nuestra provincia) 15.962 desempleados no reciben ya ninguna prestación.
    Sigo investigando por la red y encuentro perlas como las que sigue: que el Presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo para el presente año, asciende a más de mil millones de euros (casi 200.000 millones de pesetas); que se han convocado once cursos para 165 desempleados, a los que se va a formar en turismo del ocio; que se destinan 300 millones de euros (50.000 millones de pesetas) para formar a 138.000 desempleados y trabajadores en activo; que la Consejería invierte en Punta Umbría (alcalde socialista, por supuesto) más de 540.000 euros (alrededor de 90 millones de pesetas) en programas para favorecer la contratación de 44 parados; que en arrendamiento de edificios, la Consejería se gastará este año 237.465 euros (unos 40 millones de pesetas); y así.
    Con estas cifras, uno se pregunta por qué está satisfecho el Consejero de Empleo si, por más que miro, no encuentro relación de causa-efecto entre los enormes desembolsos y la creación de puestos de trabajo. ¿Cómo es posible, se preguntarán, que la Consejería de Empleo, con un presupusto de casi un quinto de billón de pesetas no proclame a los cuatro vientos el número de empleos creados? Habrá que pensar que la cifra es tan ridícula que mejor no publicarla, porque, sea como fuere, lo evidente es que el número de parados sube y sube y sube. ¿cómo fomenta el empleo, entonces, esta Consejería que dirige el Sr. Fernández García (del PSOE, sin duda), si en la propia Administración Pública no se toman medidas correctoras? Dos ejemplos, tan recientes como sangrantes.
    El primero lo recoge El Mundo Huelva Noticias y se refiere a lo que sigue: el alcalde de Aljaraque, el muy seguidor socialista D. José Martín, ex dirigente sindical de la muy socialista UGT, despide a seis de los ocho trabajadores de la televisión local, bajo el cínico argumento de que el déficit municipal impide mantener esos empleos, los cuales, ¡oh, casualidad!, parecen ser los mismos que ocupaban trabajadores a los que ya la Justicia obligó a readmitir por despido improcedente. ¡Pero si el alcalde de Aljaraque se comprometió en 2007, cuando todavía era candidato, a no despedir a ningún trabajador municipal! ¡Pero si, según el arqueo del Ayuntamiento aljaraqueño, tenía un superávit de nueve millones de euros (unos 1.500 millones de pesetas)! ¿No será que los despedidos fueron contratados por el Partido Popular y el Sr. Martín, socialista de tronío, les ha aplicado el cordón sanitario? El segundo, expuesto en diversos medios, entre ellos Antena Huelva TV, es el de las limpiadoras del Hospital Juan Ramón Jiménez que iniciaron una marcha hacia Sevilla para denunciar sus despidos. Llevan más de 20 días sin dormir en sus casas, pasando frio y calor, pero, como refleja El Mundo Huelva Noticias, necesitan "recuperar el empleo porque muchas tenemos hijos pequeños y necesitamos trabajar". ¿Y qué Administración rige el Hospital JRJ? ¿Pero lo dudan? La Consejería de Salud de la Jujnta de Andalucía? ¿Y qué partido rige la Junta de Andalucía? Desde la Transición, el PSOE, que parece el PRI mexicano.
    A los parados, mi solidaridad y mi aliento para la defensa de los derechos cívicos. A nuestros gobernantes socialistas, mi repulsa. Sigan despilfarrando en palacetes y en alquileres. Sigan.

LA DEUDA HISTÓRICA

    El art. 102 de la Constitución reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Así, sin más matices, estaríamos ante una afirmación insulsa, insustancial. Pero no lo es como voy a tratar de explicar a continuación. Iniciativa Pública es, por ejemplo, la que toma la Junta de Andalucía cuando sostiene con fondos públicos a Canal Sur. Canal Sur es, pues, una empresa pública que compite en el sector de la radio y de la televisión con otras cadenas privadas. Hasta ahí, nada que objetar porque se está de acuerdo con el mandato constitucional. Sin embargo, cabe una primera pregunta: ¿compite en igualdad Canal Sur con las empresas privadas del sector audiovisual? La respuesta es contundente: NO. ¿Y por qué no? Porque Canal Sur es una de las empresas públicas andaluzas que, por ejemplo, en 2008, han tenido pérdidas globales por valor de alrededor de 1.200 millones de euros. Traducido en pesetas: doscientos mil millones. O lo que es lo mismo: casi un cuarto de billón. No existe empresa privada audiovisual que pueda perder tanto dinero. Iría a la quiebra y los trabajadores al paro.
    Pero bueno, ¿quién paga ese agujero negro de tantos millones? La respuesta es muy sencilla: todos los andaluces con nuestros impuestos. ¿Y quién se beneficia? La respuesta es todavía más simple: la propia Junta de Andalucía que encuentra en Canal Sur la más formidable arma propagandística que imaginarse pueda un Gobierno. ¡Pero eso es una vergüenza!, se diran, indignados, ustedes. Lo es. Y lo es no sólo porque se pierda tan ingente cantidad de dinero, sino porque con esos miles de millones se podrían crear millares de puestos de trabajo o, por ejemplo, construir centros de enseñanza, hospitales, bibliotecas, obras públicas, in fraestructuras viarias y un largo etcétera. ¿Y por qué los ciudadanos no se movilizan contra este despilfarro? ¡Quién lo sabe! ¿Y los tribunales de justicia, qué hacen al respecto? Miren: hay una Sentencia del Supremo que exige a estas empresas públicas dos requisitos para su funcionamiento. Uno es que su actividad sea de interés público. El otro, que estas empresas se sometan, sin excepciones ni privilegios, a las mismas reglas de competencia que exige el mercado. ¡Pues no echan ni cuenta al Supremo! Así es. Y así, así, así,....
    Un dato para terminar, manejando cantidades que extraemos de los Presupuestos Generales de nuestra Comunidad Autónoma. Con esa cifra que se pierde todos los años por el sumidero de la desvergüenza de nuestros gobernantes, se podría pagar al personal docente funcionario y laboral, así como al personal de administración y servicios de todas las universidades de Andalucía. Y sobrarían, incluso, muchos millones. Pero claro, los estudios de Ciencias, de Medicina, de Derecho o de Filología son mucho menos importantes que las actuaciones de los "lobatones", de las "mariasdelmonte", o de las coplas. Con estos programas se adormece al pueblo. Con las universidades se le instruye. No interesa la instrucción a las dictaduras. No interesa, no interesa, no interesa.
    Señor presidente de Andalucía: menos gestos, y más gestas; menos talante y más talento; menos predicar y más dar trigo; menos hablar y más hacer; menos demagogia y más democracia; menos opacidad y más transparencia; menos mentiras y más verdades. Ya sabe: cuando en una democracia la transparencia se ensucia adrede, los partidos se convierten en bandas y la ley cede su paso a la mafia. Mal asunto. Piense en los andaluces y evite la conversión que se precita.

Francisco Velasco