CON TRATOS DE DIPUTACIÓN

En otro tiempo, con las monarquías autoritarias y absolutas, los contratos celebrados por la Corona con particulares se regían por la necesidad ineludible de garantizar la seguridad jurídica. En este sentido hay que situar las Capitulaciones de Santa Fe suscritas por los Reyes Católicos con Cristóbal Colón antes de su primer viaje a América. En el siglo XIX, las ideas liberales introdujeron algunos cambios en materia de contrato, como por ejemplo el que firmaba el Estado con alguna compañía ferroviaria. Ese contrato servía para realizar la política de nacionalización y privatización posterior de los bienes nacionales que se devuelven al mercado a través de ventas públicas masivas.

 

 En la actualidad se debiera seguir la vía liberal de adelgazamiento de las Administraciones Públicas en tanto éstas rechazan prestar determinados servicios que pueden ser desempeñados por personas privadas. Este adelgazamiento ha debido ir acompañado de una disminución proporcional del funcionariado afecto a tales funciones. Y sin embargo no ha sido así.

 La promulgación en 1995 de la Ley de Contratos pretendió un objetivo cercano que salpicaba de corrupciones a más de un político de la hégira socialista. Se trataba de frenar la contratación directa y abortar la proliferación de mangoneos. Pero la propia ley elaboraba su propia trampa. ¿Y por qué? Porque lejos de coger el toro por los cuernos (erradicar la corrupción y procurar un marco de transparencia), la Ley abrió una serie de grietas entre las que se escapaban los manejos de tantos pícaros que en el mundo son. Por ejemplo, la Ley es de aplicación plena, pero también parcial, mínima e incluso simulada y diferida.

 

Con tratos de Diputación y contratos de Diputación. No es lo mismo pero así, así. Servidor, que ha defendido, y defiende, la permanencia de las Diputaciones en el marco político de Autonomías, al nivel del Parlamento, se sobrecoge al pensar que del mismo modo que el palacio de las cinco mil llagas se está convirtiendo en un fortín de la izquierda de caviar, la Diputación viene representando, en los últimos 20 años, la institución que, lejos de representar a los onubenses, despierta el recelo fundamentado de la ciudadanía al completo. Desde Petronila, el organismo no había caído tan bajo. Y aunque es cierto que se ha producido un cambio de cara, el tufillo mafioso sigue castigando las narices –en el amplio sentido del término- de la gente de Huelva.

 

La arbitrariedad reina en repúblicas bananeras como la chavista/inmadura, o en apaños de los sindicatos corruptos y de las empresas sin escrúpulos, e incluso en algunos ayuntamientos regidos por el interés desvergonzado de unos cuantos rocas, julianes o pachecos. Sin embargo, allá donde impere el derecho y las leyes democráticas tengan valor, la arbitrariedad debe estar desterrada.

 

Pues bien: en la Diputación de Huelva, algunos no se enteran. Ni se quieren enterar. Luego, vendrá el aparato judicial a poner cierto orden, aunque tarde, en la orgía desenfrenada de políticos y funcionarios que juegan con el dinero público y los sentimientos privados.

 

Hasta cuándo. A saber.

 

Un saludo.