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Francisco Velasco. Abogado e historiador

HUÉRFANO

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Se dice que un colectivo, que no el colectivo, de jueces y fiscales va a convocar una huelga a principios del año que viene. Vamos, dentro de un mes como quien no quiere la cosa. Ignoro los motivos de tan drástica decisión. En cualquier caso,  no me creo que sea a consecuencia de su rechazo a la ley de tasas. Ni loco. En cuanto a cumplida represalia por la reducción de sus días de asuntos propios, demasiado frívolo. No me pega. La eliminación de la paga extra de navidad tampoco me resulta convincente. Causas habrá, pero no se han anunciado. Salvo, claro está, el totum revolutum de las reformas legislativas del Gobierno.

 

En torno a este tema, que no deja de ser espinoso, se debate el carácter de funcionarios públicos de los miembros de la judicatura y la prohibición constitucional de este derecho fundamental. La huelga es una actividad sindical. Si la Constitución prohíbe a este corporativo cualquier formar sindicatos,  habrá que colegir que estos trabajadores distinguidos no pueden acogerse a la huelga. Lo mismo ocurre con los militares, empleados públicos, a los que el ejercicio de este derecho les está asimismo vedado. De todas formas, me pregunto si algún juez de los que ha condenado la intervención de guardias civiles por esta razón, se autodenunciará por seguir el comportamiento que ellos adoptaron en sentencias. Juez y parte, no.

 

Visto lo visto, en la España vibrante de este dos mil doce que huye del calendario, todo es posible. Sin embargo, si valoramos los hechos por los efectos y analizamos los fenómenos por la óptica, podremos llegar a conclusiones válidas e incluso valiosas. Me explico. Si el Psoe defiende el derecho a la huelga de magistrados y fiscales porque así abren pozos bajo la tierra que ha de pisar el Pp, creeré firmemente que la manipulación es de tal calibre que las razones que se aduzcan para defender este derecho, se enmarcan en una lamentable estrategia de destrucción del sistema.

 

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía asevera que apoyaría este derecho. El señor De Llera, que calla y otorga en los escándalos administrativos y financieros cometidos u omitidos por el presidente Griñán, no vacila un instante en salir a la palestra para expresar su conformidad y su aliento a los posibles huelguistas. La prueba del nueve. La motivación es espuria, bastarda, falsa y engañosa. Nadie puede creer en tamaña falacia, transparentemente halagüeña y manifiestamente embustera.

 

Es verdad que lo que no está prohibido, está permitido. Cierto que en el Estatuto de los jueces no se contempla. Cuando la norma general no regula, la norma especial se impone. Mas cuando se produzca una denuncia a un juez que ejerce, pese a todo, su derecho, quién va a juzgarle. Y por qué habrá de hacerlo. ¿Acaso el Gobierno puede acogerse a este mismo derecho? ¿Existe algún Gobierno que encabece una pancarta protestando contra los recortes que el propio Ejecutivo ha implantado? Parece un contrasentido, no?

 

Sí, bueno, salvo que nos refiramos a las manifestaciones impulsadas y protagonizadas por miembros del Gabinete andaluz. Ah, si llamamos gobierno a cualquier camarilla, mejor hablamos de Messi.

 

Estábamos huérfanos de moral, de seguridad y de libertad y, de pronto nos salen cientos de padres y de madres que se apuntan a un bombardeo con tal de que el caos termine con el cosmos. Don De Llera es uno de ellos.

 

Un saludo.

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