SERVICIOS JURÍDICOS DE LA JUNTA

 

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 Conozco Personalmente a varios abogados de los Servicios Jurídicos de la Junta. En general, son gente experta que van cerrando los boquetes que abren los jefezuelos de cada Consejería en razón de las veleidades del día y de las necesidades imperiosas de la banda. Muchas veces me he preguntado cómo es posible que determinados miembros de estos servicios jurídicos permanezcan silenciosos ante la burrada del directorzuelo general o el capricho del vicenada. Y si se oponen ex ante de la ilegalidad perpetrada, es conveniente conocer si han manifestado por escrito su discrepancia sobre el tema. Entiendo que, ex post, como abogados en ejercicio, han de defender a sus clientes y argumentar lo que sea con tal de que los capones del Gobierno autonómico salgan indemnes. Lo entiendo. No lo comparto, pero forma parte de la estructura del sistema viciado.

 

Los halcones de las distintas consejerías se sienten sátrapas en cada una de ellas. Basta contemplar su prepotencia para advertir el fenómeno. Hablan de sus funcionarios, de sus laborales, de sus abogados y de sus subordinados. Suyos. Un sentido de propiedad que materializan cada día mientras disfrutan, con lujuriosa fruición, del sueño dorado del poder. Rechazan su condición constitucional de servidores públicos y se coronan emperadores de un pueblo de administrados sin derechos y sin libertades. A estos golfantes dedican algunos letrados de la Junta su atención. No al administrado que sufre en sus carnes las consecuencias de la burda resolución o la arbitrariedad de una decisión sangrante. No. Los servicios jurídicos de la Junta están para lo que están. Para cooperar en las iniquidades que realizan todos los días del año muchos de sus superiores. Así nos luce el pelo. Antes justifico al colega que asume la defensa de un etarra asesino, que la del compañero que ampara las malas prácticas y el terrorismo de Estado de los máximos dirigentes de las fuerzas de policía.

 

Las declaraciones de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo en prisión por los EREs, ponen a la Intervención de la Junta y a los servicios jurídicos de la Administración en un brete. Existen sospechas fundadas de que los interventores informaran a los políticos acerca de la vulneración de las disposiciones legales vigentes. Del mismo modo si los letrados advirtieron al jerarca de los fraudulentos expedientes de regulación de empleo sobre la necesidad del cumplimiento de la normativa. Y si lo hicieron bien, ¿lo manifestaron por escrito o se limitaron a mirar hacia La Cartuja?

 

Pudo haber dejación de funciones. Creo que la señora Alaya mantiene el norte de la investigación y el oriente de los reyes magos de la corrupción. Como estoy convencido de que estas tropelías serían imposibles en una Administración Pública en la que los funcionarios son garantes. La Administración paralela no se creó sino para esconder asuntos turbios.

 

Ahí la labor de algunos juristas podría verse en entredicho. Muy en entredicho.

 

Un saludo.