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Francisco Velasco. Abogado e historiador

ABUSO DE DERECHO. ¡¡¡PERO QUÉ ABUSO!!!

 Sitúense, lectores, en el contexto temporoespacial: jueves, 4 de junio de 2009, pasadas las 10 horas de la noche, Paco Morán, director y conductor del programa de debate político que emite ANTENA HUELVA, da a conocer los hechos acaecidos en el Ayuntamiento de Punta Umbría acerca de la comisión de unos presuntos delitos por parte de representantes muy cualificados de su Consistorio. Sin embargo, fiel a su estilo periodístico de fundamentación, el señor Morán, lejos de limitarse a trasladar verbalmente esta información, lanza a las ondas una grabación que recoge de manera fidedigna cómo se gestó la trama que denuncia. Grabación que pudo ser oída por toda la audiencia del programa.
 Este articulista ha sabido, con posterioridad, que la empresa perjudicada por el apaño perpetrado por destacados miembros (miembras, no, Bibiana) del edilato puntaumbrieño ha interpuesto una querella criminal contra el Alcalde de la localidad, contra cinco tenientes de alcalde, contra un asesor municipal y contra un técnico del referido Ayuntamiento. La acusación se sustenta en la concurrencia de varios delitos: amenaza, prevaricación, fraude en la contratación, falsedad en documento, etc.
 El espectáculo de los políticos es lamentable y escandaloso. Algunos se han instalado en la creencia de impunidad. Tanto que usan el Derecho a su antojo. Tanto, que no hay tal uso, sino abuso, violación, perversión.
 Los derechos subjetivos pueden tender hacia el individualismo más exagerado y confundir el uso legal de los mismo con su abuso ilícito. En el discernimiento del delgadísimo filo entre uso y abuso hay que tener en cuenta si el titular los ha ejercido con actitud dolosa o culpable y, después y asimismo, si esa conducta ha comportado un contenido antisocial, antieconómico o inmoral. A la escucha de la grabación y a la vista de la transcripción escrita de la misma, este relator considera que en el caso Ayuntamiento se entremezclan el dolo y la conducta ilícita. Y preocupa. Preocupa que la Administración sea capaz de callar ante el conocimiento de acciones tan reprobables. Alarma que la Fiscalía no haya emprendido, de oficio, una investigación para esclarecer los hechos y posicionarse legalmente. Escandaliza que el Partido Socialista pretenda, una vez más, esconder la basura bajo la alfombra que todo tapa.
 La proscripción de la arbitrariedad se recoge en nuestra Constitución y se vincula a la obligación de la Administración Pública de motivar sus actos de manera suficiente. Se plantea como el plemento del tejido arquitectónico de los derechos fundamentales y de los principios de transparencia, objetividad y publicidad. En Punta Umbría el equipo de Gobierno no sabe leer o escribir o bien lo sabe y hace como si no. O bien, saben que nada les va a ocurrir y que actúan como les da la gana. El problema no es sólo de quién lo hace, sino de quién lo permite, Las garantías que el Ordenamiento otorga a los ciudadanos parecen dormir el sueño de los justos porque los guardianes de la ley andan descolocados, distraidillos, las vértebras dislocadas de mirar hacia lados opuestos y ávidos de que amaine la tormenta para que la lluvia no les cale. Acaso la lluvia no les calará dado el grosor de sus impermeables coriáceos pero el alma, si la tienen, sí está calada. Calada por las miradas de quienes vemos y oimos. Despedazada desde dentro por efecto de su propia incuria. Sucia por dentro y por fuera.
 Que es un caso singular, Francisco, singular. Que el PP es un tanto de lo mismo. Craso error si nos ceñimos a nuestra Comunidad. En ella nunca el Partido Popular ha gobernado. En consecuencia, no podemos meter a todos en el mismo saco. Ni podemos ni, en aras a un sentido estricto de la justicia, debemos. No vale el todos moros o todos cristianos. A quien Dios se la conceda, San Pedro se la bendiga.

Un saludo

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