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Francisco Velasco. Abogado e historiador

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

    En un Estado de derecho, la ley impera, la ley manda, la ley es soberana, porque es elaborada por el Parlamento y éste es la representación del pueblo. En este camino de arriba abajo y de abajo arriba, está claro que el pueblo es la base pero también la cúspide de la pirámide social y jurídica, pues en democracia, la ley emana del pueblo y en la ley halla este pueblo su condición de ciudadanos iguales, y no súbditos.
    En este contexto, podemos hablar de un Derecho natural primigenio y de un Derecho positivo posterior. Los irregulares límites del iusnaturalismo han conducido a la seguridad jurídica que reporta el Derecho positivo. Kelsen, jurista nacido en Praga a finales del siglo XX, es considerado "padre" del iuspositivismo en tanto desvinculó el derecho de sus limitaciones ideológicas o morales. Para él, toda norma emana de otra y así sucesivamente hasta llegar a una norma original que identifica con el Derecho Internacional. Para Kelsen la democracia comporta participación en la elaboración del derecho, pero sin olvidar que la norma -y sólo la norma- es el dato primario de la experiencia jurídica.
    La monarquía parlamentaria que contempla la Constitución de 1978 puede hallar su punto de partida en el siglo XV a partir de la unión de las Coronas de Castilla y Aragón, a fines del siglo XV, como consecuencia del matrimonio de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, los Reyes Católicos. Un hispanista de tal prestigio que recibió en 1996 el Premio Príncipe de Asturias, John Elliott, refiere en su libro "La España Imperial" que los Reyes Católicos fueron unos monarcas nacionales, capaces de dar a los más humildes de sus sujetos (sic), la sensación de estar participando en la gran tarea común de la regeneración nacional (...)".
    La idea de que el pueblo participe es, en consecuencia, consustancial a la idea de regenerar la sociedad y de hacerlo interviniendo en la red legal que esta sociedad ha ido tejiendo. Es más: no cabe hablar de democracia si no existe participación. Baste recordar cómo durante la Dictadura, Franco no dudó en fomentar leyes diversas (de grosera apariencia democrática) a fin de propiciar una imagen participativa del pueblo. Acaso la coronación de esta intención fuera la promulgación de la Ley del Referéndum Nacional de 1945.
    Desde esta concepción histórico-jurídica, uno se alarma cuando determinados dirigentes políticos adoptan decisiones y firman resoluciones que para nada tienen en cuenta a ese pueblo soberano que, ya de forma directa o indirecta, ha hecho posible su nombramiento. Y ese olvido del pueblo se materializa en la castración, en la mutilación, de lo que se denomina el "interés general". Por ejemplo, y sin siquiera bucear en la actualidad, el caso de la intervención de Caja Castilla La Mancha. El nacimiento de las cajas de ahorro encuentra su precedente en los Montes de Piedad, entidades fundadas para apoyar a las clases más humildes. Conforme estas cajas han ido creciendo, han sufrido una transformación tal que las ha convertido en una suerte de bancos públicos, cuyos rectores se adscriben a formaciones políticas. Bueno, pero los partidos políticos representan a sus electores, argumentará Vd., lector. Eso es la teoría. Los partidos políticos no miran sino sus propios intereses. Fácil de demostrar: ¿cuántos créditos ha condonado alguna Caja a un ciudadano?, ¿cuántas hipotecas impagadas por un desempleado no ha sido exigida por dicha Caja? Y, sin embargo, estoy seguro de que esa Caja ha olvidado exigir a algunos partidos e incluso a  algunos políticos destacados de dichas formaciones, la satisfacción de los préstamos concedidos. Así, el inquisidor socialista Hernández Moltó, -sí, quien quiso dar lecciones públicas de honradez al destituido Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio-, ha regido de forma tan antidemocrática una institución que es de todos, y la ha llevado a tal disparadero económico, que el propio Gobierno socialista, el de Zapatero y Solbes, debió reunirse ayer, domingo, con carácter extraordinario, y decretar la intervención urgente de esa entidad financiera.
    Retomando mi discurso inicial, hay que cuestionarse si nuestros gobernantes han cumplido las leyes, si los gestores se han preocupado de controlar a los banqueros, si se ha actuado con transparencia o si ha existido un ingente montón de engaño, si se ha favorecido a los más humildes o si se ha privilegiado a empresarios y constructores afines, y un largo etcétera. Sea como fuere, el pueblo tiene derecho a saber si los depósitos están garantizados y en qué medida esta intervención puede perjudicar a los ciudadanos en general, porque la inyección económica, en forma de aval o en la forma que sea, va a suponer un desembolso de nueve mil millones de euros, o sea, un billón, quinientos mil millones de pesetas. En virtud de nuestro sistema legal, ¿se va a investigar al sr. Hernández Moltó o, por ser del PSOE, se hará la vista gorda? Ya el Sr. Solbes mintió (en su defecto, mostró una ignorancia inexcusable) cuando en su debate televisivo con el sr. Pizarro rechazó la posibilidad de crisis económica en España. Un año después de aquel engaño, (Zapatero ofendió a quienes opinábamos lo contrario al calificarnos de antipatriotas por mencionar la crisis), la recesión se ha apoderado de nuestra economía y ha llevado al país a una situación desastrosa que, desgraciadamente, no ha tocado fondo. Cuatro millones de parados no tienen culpa de esta situación. Son los más humildes y no tienen ni la más mínima sensación de contribuir a la generación del país que otros están degenerando a marchas forzadas. Mientras tanto, algunos defienden su palacete. ¡Vivir para ver!
    Un saludo.

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